Electrificar la política energética en España: una necesidad

El pasado viernes 11 de diciembre, con motivo del 5º aniversario del Acuerdo de París, la Unión Europea (UE) rubricó como objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2030 un 55% menos de las que se producían en 1990, teniendo este año de referencia. Hace unas semanas, Reino Unido fue más allá comprometiéndose a reducir las emisiones de GEI un 68% a 2030.

El Gobierno de España, de forma imperturbable, sigue manteniendo como nuestro objetivo, para ese año, un valor que debe estar comprendido entre el 20% que se establece en el Borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCYTE), en estos momentos en discusión parlamentaria, y el 23% establecido en el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC), aprobado y enviado a la Comisión Europea (CE) como máximo compromiso de España. Quizás, en este punto, es necesario recordar que el objetivo que tenía España para este 2020 era una reducción del 20% de emisiones de GEI, es decir, estamos constatando no solo que hemos perdido 10 años, sino que nuestras políticas energéticas, siendo la energía el elemento que más influye en las emisiones, no han estado a la altura de los compromisos adquiridos.

Podríamos pensar, con razón, que la falta de ambición está determinada por un posicionamiento, en general, poco comprometido con la sostenibilidad energética, pero no es así. España ha apostado por la consolidación de las energías renovables como base de la oferta energética hasta alcanzar una cobertura del 42% de la demanda final de energía, 10 puntos porcentuales más que lo aprobado por la CE en los objetivos a 2030 de la UE; ha apostado por la eficiencia energética en un 32,5%, igualando el objetivo comunitario, a partir de establecer una mejora de la intensidad energética del 3,6% anual (la intensidad energética mide la variación de la demanda de energía frente a las variaciones del PIB y es el reflejo de la relación de la eficiencia de la energía con respecto al sistema productivo de bienes y servicios. Estas cifras suponen, según el escenario fijado en el PNIEC, que para un crecimiento sostenido del PIB del 1,7% en todo el periodo, la demanda de energía se reduciría un 1,9% cada año).

Desde el Gobierno nos intentan explicar, situación que suele ser habitual independientemente de la ideología de este, que las razones son consecuencia de nuestro retraso estructural, asumiendo que el esfuerzo y la mejora en las emisiones está en línea con el esfuerzo aprobado por la UE. Para ello, se escudan en que si nosotros estábamos en +8,8% de emisiones en 2019 con respecto a 1990 y ahora fijamos -23% en el PNIEC, estaríamos mejorando 31 puntos porcentuales, situándonos en línea con el objetivo diferencial aprobado en la CE, que pasaba de un -23,5% al -55% ahora aprobado. Esta explicación es inasumible porque sería equivalente a fijar que el aprobado de los malos estudiantes estuviera muy por debajo del 5.

El objetivo de reducción de emisiones podríamos verlo también desde una perspectiva de no continuidad, pero tampoco seria justo porque se ha hecho un esfuerzo importante para el desarrollo, esta vez sí, ambicioso, de propuestas estratégicas a 2050 que auguran que en esa fecha habremos conseguido una España 100% descarbonizada en la que se cumplirán todos nuestros anhelos y, además, conseguir estar en línea con lo establecido por la C E, aunque las promesas a 30 años vista tengan el valor simbólico del deseo, sobre todo si las fijadas para los próximos 10 años no están en la misma línea de compromiso.

¿Dónde está, pues, el problema? Si en España asumimos compromisos más exigentes en renovables y en eficiencia que el resto, ¿por qué nuestro compromiso de reducción de emisiones es tan exiguo? La respuesta hay que buscarla en que el Gobierno ha fijado objetivos desde la oferta, pero sigue manteniendo la misma estructura de la demanda, apostando por los combustibles, sean fósiles o renovables, y, por lo tanto, manteniendo las emisiones porque se mantienen los mismos procesos de uso de la energía.

La política energética de España debe replantearse si queremos reducir las emisiones y mejorar la balanza comercial y la dependencia energética hacia una apuesta clara por la electricidad generada, por supuesto, con fuentes de energía renovables. El PNIEC no solo no lo hace, sino que niega de forma esta posibilidad. De hecho, partiendo de que un 24% de la demanda final de energía se cubre con electricidad, establece como resultado, no como objetivo, que llegaremos al 27% en 2030, es decir, que el 73% restante se cubrirá con procesos térmicos. Esto es preocupante, ya que la mayoría de esos procesos están basados en la combustión y seguirán emitiendo GEI y micropartículas (PM 2.5 y PM 10), elementos que tienen un elevado riesgo para la salud y que suponen la mayor causa de aceleración de la mortalidad prematura y por los que estamos sufriendo, según dicen los expertos, un agravamiento de las consecuencias de la Covid 19 por la mayor existencia de patologías neumológicas y cardiovasculares adversas en una población eminentemente urbana como la española.

Necesitamos apostar por la electrificación de la demanda de energía, principalmente porque esta decisión supondría:

• Reducir la emisiones. La electricidad no emite cuando se consume y, además, iría en línea con las bajas emisiones de GEI en origen, dado que, como dice el gobierno, en 2030 el 74% de la electricidad será generada con renovables.

• Mejorar la eficiencia energética. Así lo demuestran los sistemas de climatización o la movilidad, que suponen las dos terceras partes del consumo energético.

• Es la mejor forma para la apuesta renovable, dado que generar electricidad con fuentes renovables es mucho más barato. España, además, tiene un potencial energético en sol y viento y una superficie disponible muy superior a la existente en otros países.

• Como establece la Directica de Renovables, yo, como consumidor, tengo el derecho de comprar, generar, almacenar y vender energía eléctrica, lo que supone poner al consumidor en el centro del sistema energético.

Por otro lado, si no elevamos ese 27% de cobertura con electricidad, la primera consecuencia será, según los compromisos del Gobierno de un objetivo de renovables del 42%,con una generación de electricidad del 74%, que solamente 20 puntos, de los 42, serán eléctricos y continuaremos emitiendo GEI al apostar por los biocombustibles o gases renovables de importación, sobre los que existe más que dudas sobre su sostenibilidad.

Tenemos que cambiar la apuesta de la política energética y aumentar la cobertura de nuestras necesidades energéticas con electricidad por economía, por dependencia, por emisiones y porque, de esta forma, generamos el valor que no tienen los procesos de combustión.

Sé que es complicado eliminar la hegemonía y la labor de lobby del sector petróleo y gas, pero si verdaderamente queremos avanzar y tener unos objetivos de descarbonización nuestra política energética debe cambiar y basarse en actuar, también, sobre el modelo de la demanda, apostando por la electricidad, por la fijación transparente de precios en relación con los costes que los originan, por la reducción de los impuestos y cargas que tiene el recibo de la luz y por crear un marco jurídico que permita que lo que hoy en día es más eficiente y sostenible, y que es sustituir combustibles por electricidad, también lo sea económicamente bajo criterios de transparencia.

*Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables.