Opinión

La invasión de Ucrania y la transición energética

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La invasión de Ucrania y la transición energética. 
EFE

En una guerra lo primero que muere es la verdad. Nunca existe ninguna justificación, por muchos factores artificiales y propagandísticos que se utilicen, para la violación de los derechos humanos.

En todos los conflictos bélicos recientes, la geopolítica ha estado presente para controlar la energía, como bien escaso que es, como eje determinante de la respuesta del resto de los países, amortiguando las medidas a adoptar por el chantaje de la necesidad del mantenimiento del suministro de petróleo y gas desde los países en conflicto.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha tenido como antecedente doloso el incremento del precio del gas fósil suministrado por Rusia, que desde el verano pasado ha pasado de precios de 25€/MWh a un máximo de 179€/MWh (multiplicándose por siete), según el mercado gasista de referencia europea Ducht TTF. Esto ha supuesto una amenaza a la cobertura de las necesidades energéticas y ha alterado, más si cabe, los precios de la generación de electricidad, fijados en función del precio del gas, aunque este no cubra, como en el caso de España, más del 13% de la demanda total. Esta perversa realidad es consecuencia del mantenimiento causal del sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista que iguala los precios de toda la generación, independientemente de la fuente utilizada en cada central, al precio más alto que normalmente han fijado las centrales que utilizan gas natural como combustible.

La Unión Europea es altamente dependiente de Rusia, de donde importa el 47% del carbón, el 41% del gas (66% en el caso de Alemania), el 27% del petróleo y el 20% del uranio, situación que está influyendo en la contundencia de las sanciones adoptadas con el objetivo de no provocar una ruptura del suministro de gas procedente de Rusia, vital para los países del norte y del este.

En el caso de España, aproximadamente un 80% de la cobertura de la demanda de energía procede del exterior. Es una realidad; somos uno de los países de la Unión Europea más dependientes porque no tenemos recursos energéticos fósiles, a pesar de que disponemos de abundantes recursos energéticos renovables, suficientes para reducir la vulnerabilidad de nuestra economía, tanto productiva como doméstica. Nuestra dependencia del gas procedente de Rusia no es significativa (11%), pero las tensiones de cobertura de la demanda han hecho que, por ejemplo, en el mes de enero hayamos incrementado hasta el 38,4% la importación de gas producido mediante fracking procedente de Estados Unidos, técnica prohibida por nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética para ser usada en territorio español. Vemos, por tanto, una doble moral en nuestro comportamiento que permite que otros lleven a cabo prácticas insostenibles y medioambientalmente devastadoras para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades energéticas.

Por otro lado, no podemos olvidar que estamos inmersos en una emergencia climática provocada por el uso de combustibles fósiles, que ya supone no solo la aparición, cada vez más frecuente y con más virulencia, de fenómenos climatológicos catastróficos, sino también el fallecimiento, a nivel mundial, de 4 millones de personas al año, por la mala calidad del aire que respiramos y que supera con creces a los fallecimientos reconocidos por el COVID 19 de 5,8 millones de personas en el periodo 2020/21, según datos de la OMS.

La solución la conocíamos: el aprovechamiento de los recursos naturales renovables de los que disponemos, el sol, el viento y el agua son el principal activo contra la dependencia energética, que nos supuso en 2021 un déficit en la balanza comercial de 46.575 M€ y que se incrementará en 2022 significativamente por los efectos de la guerra y de las sanciones. Diversificar las fuentes energéticas no es solo diversificar el origen de la procedencia de los combustibles fósiles, sino apostar por las energías renovables, por la diversidad de agentes y por la disponibilidad de infraestructuras abiertas que fomenten la posibilidad de que cada consumidor pueda generar, almacenar, gestionar, compartir y consumir su propia electricidad con origen renovable.

No es descabellado que para 2030, y así lo exigimos desde la Fundación Renovables, que el objetivo de cobertura de la demanda con energías renovables se incremente del 42% actual al 50%, incluyendo una apuesta energética basada en la electrificación la demanda hasta alcanzar un 50% de la cobertura de nuestras necesidades con electricidad (27% como objetivo actual), con un 90% de origen renovable, frente al 74% que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Con estos objetivos la dependencia energética se reduciría 35 puntos porcentuales hasta alcanzar el 45% en 2030 y las emisiones un 58% respecto a 1990, en línea con el 55% de la Unión Europea, muy por encima del sonrojante objetivo marcado por la LCCyTE del 23%.

Aumentar la ambición en los objetivos de energías de renovables nos permitirá disminuir nuestra dependencia energética, sustituir los combustibles fósiles por renovables y liderar, como ya lo hicimos en el pasado y como lo están haciendo algunas empresas españolas, el sector energético renovable desde la tecnología y desde su presencia como inversores a nivel mundial.

No podemos retrasar más el compromiso de todos para disponer de una política energética que resuelva el grave déficit estructural de nuestro sistema energético. Ahora más que nunca es necesario un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para acordar un futuro energético independiente y sostenible que garantice la cobertura de nuestras necesidades en cantidad y en precio. La política de hechos consumados que el Gobierno de España está llevando a cabo, legislando vía RDL, fruto de la falta de diálogo y de la confrontación política existente en nuestro país, pretende resolver los problemas estructurales de nuestro modelo energético con medidas coyunturales que ponen en riesgo la propia solvencia del sistema.

Necesitamos actuar con rotundidad a favor de un impulso de las renovables y de la electrificación de la demanda de energía, recuperando la consideración de la energía como un bien de utilidad pública.

La invasión de Ucrania vuelve a ser la constatación de las debilidades de la Unión Europea en el mantenimiento de la dependencia energética con países que no guardan el mínimo comportamiento ético y democrático y la solución pasa por ser cada vez menos vulnerables, menos dependientes de los combustibles fósiles, con el beneficio añadido de la reducción de las emisiones y de la mejora de las condiciones de vida.

En nuestras manos está no depender de los combustibles fósiles y del chantaje de quien los produce. Aumentemos la ambición y alcancemos un Pacto de Estado para lograr una mayor independencia y sostenibilidad de nuestro sistema energético. La apuesta renovable es la mejor estrategia contra la tiranía energética.

Somos la última generación que puede luchar y revertir el cambio climático, si no lo hacemos condenaremos a las generaciones futuras a trabajar para paliar las consecuencias de nuestra inacción y desidia.

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