La libertad del consumidor frente a la dependencia energética

Desde la aprobación de la directiva de Energías Renovables (UE) 2018/2001 y la del Mercado Interior de la Electricidad (UE) 2019/944, no transpuestas todavía de forma fidedigna, ni en el espíritu ni en la letra al ordenamiento jurídico español, y de las propuestas, dentro del RePowerEU del Consejo de Jefes de Estado, de los pasados 5 y 25 de marzo, y de la Comisión para acelerar el proceso de independencia energética de Rusia de la Unión Europea, se refuerza la necesidad de avanzar en el autoconsumo y de poner en valor figuras organizativas para conseguir que el consumidor avance en sus derechos y tenga un papel más activo en el funcionamiento del sistema eléctrico.

Teniendo en cuenta la situación técnica y comercial, está claro que el autoconsumo es la línea de desarrollo menos demandante de apoyos económicos iniciales ya que no necesita ni ayudas ni subvenciones para que sea una inversión rentable. Las dificultades en España para alcanzar su verdadero desarrollo radican más bien en la carencia de grados de libertad para llevarlo a cabo o, dicho de otro modo, en las barreras y limitaciones administrativas que nos hemos autoimpuesto, tanto para el desarrollo del autoconsumo individual como para el colectivo.

Necesitamos avanzar en la buena dirección y con libertad para conseguir que el autoconsumo se considere como un electrodoméstico por debajo de una determinada potencia, por ejemplo de 1,5 kW como en Portugal, eliminar la restricción de que tenga que haber menos de 500 metros entre la ubicación de las placas y el consumidor, que esté garantizado el permiso de conexión cuando la potencia contratada supere la potencia de la instalación, que se fomente el reparto y la participación dinámica entre consumidores y productores, que las respuestas de las distribuidoras no sean una constante incertidumbre y que no se mantengan tramitaciones y exigencias fuera de lógica en los ayuntamientos que, además, sobrecargan el trabajo de sus propios técnicos, entre otras cosas. La falta de grados de libertad pone de manifiesto los escasos avances y la poca voluntad de incluir la democratización de la energía en el proceso de transición energética.

En el artículo 8 del Real Decreto ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se avanza en la buena dirección, tanto en la reserva de capacidad en los nudos como en la fijación de un coeficiente de 0,5 entre la potencia instalada y la contratada, pero seguimos adoleciendo de las muestras de valentía que la situación requiere, que la tecnología permite y que la sociedad demanda.

En España, especialmente, necesitamos avanzar en la simplificación del desarrollo del autoconsumo colectivo porque más de las dos terceras partes de la población vive en bloques de viviendas, no solo a la hora de facilitar la adopción de decisiones, sino desde el punto de vista operativo por las dificultades de diálogo entre la distribuidora y la comercializadora de cada vecino.

Las comunidades energéticas, en teoría, deberán resolver muchos de nuestros problemas y abrir un abanico de servicios energéticos locales, al convertirse en un elemento organizativo que agrupe a los ciudadanos para poder llevar a cabo iniciativas en común, encaminadas a lograr una mayor eficiencia energética y una mayor penetración de las energías renovables. Pero, a fecha de hoy, no hemos avanzado en la definición de su configuración legal, a pesar de que en noviembre de 2020 se abrió una consulta pública para la presentación de propuestas para regular y definir el funcionamiento y ordenación de las comunidades energéticas, que quedó, como otras consultas, en el olvido, o de que contemos ya con una web interactiva en el IDAE para que veamos como avanzan los diferentes proyectos piloto por la geografía española.

Los planes de ayudas incluidos en los diferentes PERTE han incidido, como se esperaba, en dar aire a todo lo que esté englobado en un modelo de desarrollo cooperativo, del que no seré yo quien reniegue, en lugar de, en buena lógica, dar facilidades a cualquier propuesta, independientemente de su personalidad jurídica.

Debemos desarrollar el Estatuto del Consumidor Asociado a una instalación de autoconsumo, para que regule y permita, con todos los grados de libertad, que un consumidor se pueda acoger a cualquier sistema de generación de electricidad renovable mediante un acuerdo asociativo, independientemente de la distancia a la que se encuentren el consumidor y el sistema de generación y respetando la libertad de permanencia de este, estableciéndose, por supuesto, como requisito de esta conexión a distancia la asunción de los peajes que resulten por el uso de la red, definidos según los costes reales.

La libertad del consumidor es la génesis del libre mercado y su permanencia en la modalidad contractual elegida debe ser fruto del engagement con el suministrador más que de la existencia de farragosos trámites y la falta de grados de libertad que tienen los actuales contratos.

Que las fuentes renovables sean mayoritarias en el mix de generación exige un comportamiento flexible de la demanda, que sea capaz de adaptarse y de responder de forma rápida a la oferta disponible. No avanzar en el autoconsumo resta flexibilidad e interés para el consumidor y limita claramente no solo la capacidad de desplazamiento de cargas, sino la respuesta real a las señales que vía precio pueda estar dando el sistema.

Es cierto que el incremento de los grados de libertad del consumidor añade una mayor complejidad en el funcionamiento del sistema eléctrico, pero, también lo es que no podemos mantener un sistema gestionado de forma centralizada y analógica cuando la realidad que nos rodea es digital y distribuida.