Con las incertidumbres disipadas a tenor de los resultados producidos en las elecciones del pasado domingo, es el momento de dejar a un lado, de nuevo, las posiciones partidistas y las confrontaciones políticas y centrar los esfuerzos en alcanzar un acuerdo amplio para cambiar, entre todos, el actual modelo productivo insostenible y dependiente de unas energías contaminantes que, además, no tenemos.
Está claro que en toda la campaña electoral la lucha contra el cambio climático y la transición energética no han formado parte de las preocupaciones y, mucho menos, de las propuestas que los diferentes partidos nos han trasladado. Pero esto no es óbice para que, pasada la contienda electoral, no volvamos a considerarlos como dos de los temas capitales que España necesita abordar para reforzar su posicionamiento económico y social.
Tenemos por delante la necesidad de llevar a cabo un decidido y gran esfuerzo que debe ser fruto de un acuerdo, ahora sí, de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, porque el cambio de modelo energético no es para una legislatura sino que debe ser llevado a cabo con la garantía de permanencia en el tiempo, entre otras razones porque requiere un cambio profundo en nuestro modelo productivo y en nuestro comportamiento como consumidores.
En definitiva, necesitamos un Pacto Nacional de Energía en base al desarrollo de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de máximo consenso, sin que ese consenso lleve implícita una reducción de los compromisos y exigencias.
Ese Pacto, que no solo debe ser especifico de materias relacionadas con la energía, sino que, debe tener un componente de transversalidad que amplíe el marco de actuación hasta abarcar todos los elementos en los que la energía sea el motor de la vida y no solo de la economía, tiene que incluir como elementos básicos de actuación, entre otros:
— Apostar por una transición justa en el cambio de modelo, no solo en lo referente al apoyo territorial de zonas afectadas sino bajo un punto de vista amplio tanto industrial como social, sin dejar fuera a ninguno de los sectores afectados.
— Una apuesta decidida por la sostenibilidad y por el futuro con el cierre de instalaciones de generación de electricidad no sostenibles, como son las que utilizan el carbón y las centrales nucleares, y por la erradicación de la dependencia de los combustibles fósiles.
— Una reforma fiscal profunda, no solo con criterios recaudatorios sino, sobre todo, para que se configure como el instrumento de cambio de modelo de consumo, favoreciendo aquellas prácticas que tenemos que apoyar y gravando aquellas que no son sostenibles en una economía dependiente de los combustibles fósiles como la actual.
— Una amplia reforma del sistema eléctrico, pensada no solo para permitir el uso de las energías más baratas como son las renovables en la generación de electricidad, sino para que la base de nuestra demanda de energía sea cubierta con electricidad. La electrificación de la demanda debe ser el pilar de la nueva economía tanto por eficiencia como por disponibilidad de recursos.
— Una señal precio de la energía que sea transparente y real con los costes incurridos, en la que se incluyan no solo los presentes sino también las hipotecas que asumimos de cara el futuro, para que el consumidor sea consecuente con sus decisiones.
— Una apuesta por la capacidad de decidir y actuar del consumidor, dejando al margen su posicionamiento actual como actor pasivo tutelado por las grandes compañías del sector, con una postura clara a favor de la generación de electricidad por parte de los propios consumidores y de la gestión de la demanda o el intercambio de electricidad entre ellos.
— Una apuesta por el desarrollo urbano. Nuestras ciudades, donde vivimos más del 80% de la población, se ahogan por la mala calidad del aire que respiramos y no podemos pensar que las soluciones siempre vendrán desde la globalidad sino desde la actuación local. Un cambio de la Ley de Régimen Local que de mayor margen de actuación debe ser paso obligado.
— Una apuesta por la eficiencia, tanto energética como de recursos. Siempre se debe actuar bajo la premisa de que la energía más limpia es aquella que no se consume. Los pilares de la eficiencia recaen en la rehabilitación de edificios, la mejora de procesos productivos y la electrificación de la demanda (climatización y movilidad/transporte).
— La consideración de la energía como un bien básico y, en lo referente a la cobertura de necesidades vitales, como un servicio público, porque el sistema energético, sobre todo, debe ser justo con las personas antes que ser considerado exclusivamente como una actividad económica.
— Potenciación de la industria. España debe aprovechar la incorporación de nuevas líneas de actuación energética provocando un cambio de modelo industrial y productivo que supondrá la creación de puestos de trabajo cualificados y de calidad.
Necesitamos crear entre todos un nuevo marco de igualdad y transparencia en materia energética que permita avanzar hacia un futuro que nadie duda será renovable. En esta línea desde la Fundación Renovables apostamos por el diálogo abierto y sin limitaciones que permita que España se convierta en una nación responsable con el medio ambiente y con las generaciones futuras.
No pensemos en quien se equivocó en el pasado en la definición de la estrategia energética de nuestro país, pensemos y hagamos un esfuerzo para abrir ese diálogo que nos permita ganar a todos aprovechando las posibilidades y los recursos que tenemos. Lo único que ya no tenemos es tiempo para retrasar más la reacción.
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