Tarifa regulada, cómo hacer de la necesidad virtud

Es una realidad que los consumidores que más están sufriendo el incremento de los precios de la electricidad del mercado mayorista son aquellos que tienen contratada la tarifa regulada, que depende de la aprobación del gobierno. El precio que pagan por la energía en su factura se corresponde con el cerrado diariamente por el mercado mayorista de la electricidad, sin que exista ningún elemento amortiguador de los incrementos que se vienen produciendo desde junio del año pasado.

Es verdad que históricamente esta tarifa ha sido, con creces, mucho más barata (más de un 20%) que la ofrecida por las comercializadoras que operan en el mercado libre, entre otras razones por tener márgenes de generación tasados y porque los precios del mercado mayorista se han comportado, hasta el segundo semestre de 2021, de forma previsible, a pesar de la volatilidad interanual.

La tarifa regulada se ha convertido en una ratonera para los consumidores por múltiples razones: por desconocimiento, porque no se fían de la oferta liderada por las compañías del sector eléctrico tradicional o porque necesitan percibir el bono social y disponer de protección para no sufrir el corte en el suministro por impago de las facturas recibidas. La corrección de los efectos negativos provocados por el incremento de precios del mercado mayorista no ha contado, de forma eficiente, con la ayuda del gobierno, salvo en el incremento de la cobertura potencial del bono social y en la reducción de impuestos aplicada para todos los consumidores de electricidad.

La semana pasada el presidente de Iberdrola nos recordó que estar en la tarifa regulada era de “tontos”, dejando claro que elegir la protección del gobierno frente al mercado libre no era una decisión acertada y que su oferta sí proporciona protección y abaratamiento del precio. Un anuncio preocupante si consideramos que Iberdrola es propietaria de la Comercializadora de Referencia Curenergia, con un 32% de los clientes de la tarifa regulada, o que , por su tamaño y capacidad de generación, es una de las empresas que suele cerrar los desorbitados precios del mercado mayorista.

La situación no va a volver a la normalidad de años anteriores en el corto plazo, aunque la Comisión Europea admita la propuesta de España y Portugal de topar el precio del gas a 50 €/MWh, medida que, no cabe duda, aliviará los precios máximos al establecerlos por debajo de, aproximadamente, 130 €/MWh en los primeros 6 meses o de 150€/MWh en los segundos, límite que seguirá estando muy lejos de la media de los últimos 5 años que fue de 46 €/MWh.

La pregunta que todos nos hacemos es si con la configuración del mercado eléctrico español y del análisis de los costes que configuran el precio final de la electricidad es posible encontrar alguna solución en estos momentos que devuelva ese precio a una senda razonable asequible para toda la ciudadanía.

El funcionamiento de los mercados eléctricos, si se mantiene el modelo marginalista, no tiene razón de ser, entre otras razones porque la idea con la que nació el algoritmo de fijación de precios estaba basada en la necesidad de apoyar a nuevas tecnologías emergentes y caras, trasladándoles el precio más alto de todas las ofertas para incentivar nuevas inversiones. La antigua apuesta por las excepciones, como podían ser la llegada de las renovables, se ha visto cumplida y ha dado sus frutos, y en la actualidad esa excepción es más de tres veces la norma general. En el caso de España la producción infra marginal o de precio aceptante (renovables, nucleares y cogeneración) está cerca del 80%, lo que da idea de lo absurdo de la norma, a pesar del empeño de la CE y de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en no dar por amortizado el modelo marginalista.

Bajo mi punto de vista hay una solución para que, al menos, los consumidores más vulnerables puedan disponer de una tarifa fijada por el gobierno a precios asumibles y que permita reducir el drama que muchas familias y trabajadores están viviendo. Esta solución no es otra que volver a revisar la gestión de la energía eléctrica generada dentro del RECORE con origen renovable.

El RECORE es el procedimiento fijado para la retribución de las inversiones que se hicieron, hasta el año 2012, en energías renovables y cogeneración, fruto de los programas incentivados que los diferentes gobiernos pusieron en marcha y que actualmente supone, aproximadamente, 55,7 TWh generados con energías renovables, un 24% de la demanda. El procedimiento, aprobado en 2014, fue el resultado de la inclusión de los importantes recortes en la retribución y en la actualidad define el precio final que perciben las diferentes inversiones, estableciendo una retribución garantizada del 7,34% hasta el final de la vida retributiva pactada, entre los 20 y los 30 años, según las diferentes tecnologías.

Esta fórmula de pago de la electricidad generada funciona de manera que, a cada central, según la tecnología y el año de entrada en funcionamiento, se le retribuye mediante una doble componente:

· El precio del pool que fija exactamente el gobierno y que para 2020 fue de 54,42 €/MWh, de 52,12 €/MWh para 2021 y de 48,82 €/MWh para 2022.

· Un complemento fijado por unidad de potencia hasta alcanzar la rentabilidad garantizada y calculado a partir de las previsiones de precio fijadas.

Si el precio real del pool es superior al precio fijado por el gobierno, como ha pasado en el 2021, cuando el precio medio fue de 111,9 €/MWh, frente a los 52,12 €/MWh fijados, el propietario de la central cobrará más, pero pasados tres años se producirá una regularización y deberá devolver las cantidades cobradas por exceso. En el caso contrario, por ejemplo como pasó en el 2020, cuando el precio del pool fue de 33,96 €/MWh, frente a los 54,42 €/MWh fijados, la compensación tendrá signo contrario. El gobierno, en el Real Decreto-ley 6/2022, ha decidido adelantar esta regularización al periodo 2020/2021 con el fin de disponer del dinero cobrado por exceso y así aliviar la situación actual que viven los consumidores. Este ajuste lo propuse en una tribuna en este mismo medio el pasado 2 de diciembre bajo el titulo La ingeniería regulatoria y la promesa del Presidente.

Siguiendo con la gestión del RECORE la solución pasa por destinar esta energía directamente a cubrir la demanda de la tarifa regulada o, al menos, de los consumidores más vulnerables que están incluidos en ella. La situación en la que nos encontramos, y visto el alcance de los Reales Decreto Ley aprobados, el RDL 17/2021, el RDL 23/2021 y el más reciente RDL 6/2022, permitiría, a partir de la fijación del precio exante, no solo disponer de un precio de la electricidad aplicable a esta tarifa, sino que este estuviera, incluso, por debajo, si así se pretende, del límite de los 67 €/MWh fijados en la actualidad para los bilaterales.

Esta situación supondría, adicionalmente, que los consumidores de la tarifa regulada consumieran electricidad 100% de origen renovable y, al mismo tiempo, forzar al sector eléctrico a incrementar sus inversiones en iniciativas renovables si quieren cumplir las exigencias de sus clientes del mercado libre de disponer de un suministro sostenible, tal y como publicitan la mayoría de las ofertas del mercado.

Alguien puede pensar que esta electricidad procedente del RECORE estará comprometida por la existencia de contratos bilaterales, como se alegó por parte del sector eléctrico con la aprobación del RDL 17/2021, situación que es comprensible, pero no asumible porque: ¿para qué tener un bilateral si ya hay un precio fijo establecido por el gobierno?. Para los inversores adscritos al RECORE esta propuesta no debería suponer un deterioro en la defensa de sus intereses, sino que permitiría recuperar el concepto de rentabilidad garantizada que se ha eliminado en el RDL 6/2022 y que está pendiente de conocerse cómo será, definitivamente, su funcionamiento para 2023. En la parte a contrarrestar se deben analizar y paliar los efectos de la propuesta sobre las coberturas exigidas por los bancos que hubo que hacer cuando el precio del pool cayó en 2020 para garantizar la Cobertura del Servicio de la Deuda.

Se puede pensar que no hay suficiente capacidad para cubrir en todo momento la demanda con la oferta renovable del RECORE, pero, al margen de que debe ser la Comercializadora de Referencia la que se encargue de adquirir la energía faltante, estamos hablando de una producción de más de 55 TWh frente a una demanda en la tarifa regulada de 25 TWh, según datos de la CNMC para 2020, sin descontar el millón largo de consumidores que se han pasado al mercado libre y han dejado de ser, según el presidente de Iberdrola, “tontos”.

Con respecto a la consideración de un potencial incumplimiento del marco regulatorio actual y de una posible pérdida de la seguridad jurídica, no debería haber problemas de judicialización posterior a la aprobación del RDL que la regulara si se considera: la excepcionalidad de la medida marcada por la situación actual; su transitoriedad hasta que dispongamos de una verdadera reforma del sistema eléctrico; la inclusión de la figura del empresario diligente en la jurisprudencia disponible y, por último, la configuración del marco retributivo del RECORE y la no alteración en su estabilidad, sino más bien al contrario, ya que elimina los riesgos que el RDL 6/2022 introduce.

La energía, y específicamente la electricidad, es un bien de primera necesidad sobre el que el gobierno tiene la obligación de actuar para que la señal de precio sea transparente y adecuada. Además, no solo es, en la actualidad, uno de los elementos fundamentales de la discusión política, sino que, seguro va a ser un tema clave en los debates y las propuestas de cara a las próximas elecciones generales, con mayor virulencia incluso que la gestión del COVID, por la exclusiva razón de que en este caso las competencias de la configuración de precios dependen solo del Gobierno de España. Esperemos que el interés del debate político promueva diligencia, valentía y acierto en la adopción de medidas para garantizar el suministro de una energía asumible para todos y especialmente para los consumidores vulnerables.

Esta es una idea más de las muchas que han nacido desde la Fundación Renovables con el único objetivo de intentar poner luz, en el más amplio sentido de la palabra.