Transición energética, nada será como antes

Desde el inicio de la crisis económica, la valoración negativa del comportamiento del sector eléctrico y de los diferentes gobiernos por parte de la sociedad se está convirtiendo en el elemento acelerador de cambio en la forma de cubrir nuestras necesidades energéticas en el futuro.

El modelo energético actual cambiará por la aparición de desarrollos tecnológicos que acabaran permitiendo tanto prescindir de una oferta de energía basada principalmente en energías contaminantes, sustituyéndolas por fuentes renovables, como abrir el mercado a sistemas de generación de energía ligados directamente al consumo y, por lo tanto, con una base de propiedad más amplia y distribuida.

Encontrar motivos de insatisfacción y hastío por parte de los consumidores en el funcionamiento del sector eléctrico no es difícil, basta analizar el reciente informe que FACUA ha publicado en el que se puede comprobar que la factura de la electricidad ha subido para el sector doméstico, en el periodo 2008-2017, un 46% de media, mientras que el incremento de la parte fija del recibo, que regula el Gobierno, ha sido del 118,9%. La situación todavía es más inasumible si se compara para el mismo periodo dicho incremento con la reducción del 4,3% de la renta disponible para los hogares, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La evolución del precio también influye en la mala valoración del servicio que los consumidores otorgan al sector eléctrico. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, es el sector que más reclamaciones ha recibido a lo largo de 2017, hasta llegar a superar el millón, lo supone un 3,5% de todos los contratos de suministro existentes en el sector doméstico. Solamente el 40% de las reclamaciones han sido aceptadas por las compañías eléctricas que las recibieron.

El incremento del precio de la electricidad y el descenso de la renta disponible son la causa de que más de 4,5 millones de españoles estén sufriendo pobreza energética, es decir, no son capaces de mantener su hogar en condiciones de temperatura aptas para vivir.

¿Por qué sube el recibo de la electricidad? En los últimos meses se ha puesto el acento y se han explicado fehacientemente los elementos que han generado el incremento continuo del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista: incremento del precio de los combustibles y del CO2, el efecto de los problemas de las centrales nucleares francesas… Todo ello aumentado por el diseño marginalista de nuestro mercado. Pero rara vez se pone el acento en el hecho de que casi las dos terceras partes del recibo las fija el Gobierno.

La voluntad política de los diferentes gobiernos ha sido utilizar el recibo de la luz para cubrir necesidades industriales, territoriales o simplemente para proteger a la base empresarial que controla el suministro de energía eléctrica. La configuración del coste regulado de la electricidad incluye diferentes partidas que van, desde impuestos, con un afán recaudatorio desmedido, a costes que no se corresponden con la realidad del suministro eléctrico. Como anomalías más importantes, una vez eliminado el 7% del impuesto medioambiental a la generación, el consumidor doméstico soporta:

La práctica totalidad del coste de cumplimiento de los compromisos medioambientales, cuando la electricidad supone un 25% de la demanda. Más costes fijos de los que le corresponde, con lo que subvenciona a las tarifas industriales. La inclusión de políticas de homogenización territorial y de protección a la gran industria en la tarifa eléctrica que no se incorporan en las energías de origen fósil.

Como conclusión podemos decir que el consumidor español no dispone de una oferta de suministro eléctrico con un precio que se configure de forma transparente, como adición de todas las partidas necesarias para cubrir los costes de generación, de distribución o de gestión del propio sistema. Lo lógico sería que estos costes estén basados en el pago de los servicios realmente prestados y no en la garantía de una rentabilidad a las inversiones realizadas, presten el servicio o no. Cabe pensar que han existido decisiones de inversión más motivadas por la percepción de una rentabilidad financiera garantizada que por la necesidad del servicio.

La sociedad está madura para asumir un cambio que le dé los grados de libertad y la autonomía que necesita para poder decidir cómo quiere cubrir sus necesidades básicas. Esta demanda social va a ser el elemento acelerador para que los avances tecnológicos disponibles para generar, almacenar, comprar y vender nuestra propia energía se abran paso en un mercado falto de transparencia y de respuesta.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, en su comparecencia del pasado día 19 en el Congreso de los Diputados, desgranó perfectamente el sentir social. Estableció como objetivos del Gobierno actual la necesidad de una reforma del sistema eléctrico profunda, la eliminación de trabas al autoconsumo, el acceso a los contadores como medida básica para ganar autonomía para los consumidores así como avanzar en el desarrollo del bono social. Bono social que por fin empieza a tener una configuración de renta básica energética, aunque su cuantía sea insuficiente.

La evolución tecnología disponible y la capacidad de aceptación social de las nuevas tecnologías está generando un deseo de cambio que debe ser cubierto con la aparición de nuevas prácticas y seguramente de nuevos agentes que vayan sustituyendo a los actuales si estos no quieren admitir que su tiempo ha pasado y que su problema reputacional exige un cambio drástico en su propuesta comercial.

En esta línea se han empezado a ver movimientos claros, fundamentalmente por parte de los Ayuntamientos, para cambiar un modelo energético dependiente y consumista a otro más solidario, empezando a poner freno a prácticas no deseadas del pasado. Iniciativas como la de Barcelona con su comercializadora o la de Madrid con la decisión de compra de energía eléctrica de origen renovable abren una nueva línea de defensa del consumidor y ponen de manifiesto que la energía debe ser tratada no solo como un bien de primera necesidad sino también como un servicio público.

La coexistencia de la aceptación social en el uso de la tecnología, la disponibilidad de sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica propiedad del consumidor y la voluntad de cambio de la sociedad y de diferentes administraciones son la base de un futuro energético abierto y participativo, en el que todos los agentes pueden tener cabida si su oferta se realiza pensando también en el consumidor y no solo en la cuenta de resultados.