El efecto rebote para el tripartito andaluz al exprimir el caso de los ERE

Lejos de zanjar la cuestión de las ayudas millonarias que se concedieron de forma irregular en Andalucía durante una década, la sentencia de los ERE amenaza ahora con convertirse en el cuento de nunca acabar para una comunidad en la que el deseo que se palpa en la gente es pasar hoja de una vez por todas de algo que pasó y que es muy difícil de recuperar, más allá de que los culpables cumplan con las condenas que se las hayan impuesto. Las ganas de apurar al máximo las consecuencias políticas contra los 37 años de Gobierno del PSOE andaluz han llevado al tripartito actual (PP, Cs y Vox) a plantear ofensivas pírricas de todo tipo, como buscar la reprobación parlamentaria en Madrid o, más difícil todavía, exigir que se devuelva el dinero.

Los más avezados en este tema después de tantos años de judicialización han lanzado la voz de alarma sobre el efecto perverso que puede generarse si se intenta buscar tres pies al gato en el caso de los ERE, casi dos décadas después de que se empezó a repartir el dinero. Es muy fácil decirlo desde la tribuna política y no hay que negar que sería de justicia que quienes se llevaron el dinero de mala manera lo debieran devolver. Pero la realidad rebaja esa pretensión en muchos de los casos, hasta el punto de meter en un callejón de difícil salida al Ejecutivo andaluz. La mayor parte de las ayudas fueron a parar a trabajadores excedentes de empresas en crisis, y ya el Supremo se ocupó en su día de advertir que, por más irregular que fuera el método administrativo, la finalidad era legítima y excluía la malversación en esos casos. Es decir, que por ahí poco se puede recuperar, con la ley en la mano.

Otra cosa son las empresas que recibieran esas ayudas de forma corporativa. En esos casos, se les puede reclamar el dinero, pero siempre que sigan en activo. Y se da la circunstancia de que la gran mayoría de ellas ya no existen, porque se arruinaron definitivamente o porque han pasado a otros grupos. Es cierto que la sentencia basa la malversación en el dinero fraudulento que llegó a las empresas implicadas, algo que demostró en su día la Intervención General del Estado (IGAE), pero si ahora se reclamasen esas cantidades, a quien se va a hacer un roto importante es a las pocas sociedades que, gracias a aquello, salieron adelante y hoy mantienen actividad y empelo y son motores de la maltrecha economía andaluza.

Unas sociedades que, además, han cambiado radicalmente en dos décadas y nada tienen que ver con lo que en su día fundamentó el SOS que lanzaron a la Administración para no morir. Castigar ahora a esos empresarios puede no cumplir con uno de los principios básicos de la justicia, el de proporcionalidad: que el mal que se genera con la decisión judicial ahora es mayor que el que se quería evitar al tomarla.

En esa tesitura, el margen de maniobra del Ejecutivo andaluz a tres bandas es muy estrecho y con pocos visos de hacer más justicia que la que ya se ha hecho. Lo que queda por hacer en el caso de los ERE es analizar caso por caso y ver dónde había irregularidades de verdad. Es decir, comprobar el caso de los intrusos, que sin estar en las empresas del plan aplicado se llevaron dinero público sin que les correspondiese. Ahí sí que se debe exigir la devolución, si se les encuentra, están vivos o son solventes, claro está. También habrá que revisar con lupa el caso de las sobrecomisiones que se llevaron las aseguradoras que aplicaban las retribuciones a los beneficiarios de las ayudas, para que no fuera mayor su ‘tajada’ que la que estaban dando. E incluso algunas de las empresas implicadas, siempre que se demuestre que todo fue un fiasco y eran conscientes de ello en el momento en el que recibían el dinero, porque en esas situaciones de crisis y desesperación empresarial, con miles de familias pendientes de su actividad, todo el mundo se agarra a un clavo ardiendo, sobre todo si viene avalado por la Administración y es lo mismo que hacen cientos de compañías en su misma situación. ¿Hasta qué punto es justo ahora atacar a esas sociedades?

Es evidente que la justicia y, sobre todo, la política, pueden enredar tanto el caso de los ERE como para convertirlo en un culebrón interminable, del que nadie quiere saber nada ya en Andalucía. La justicia debe hacerlo, para exigir las responsabilidades que deba, caso por caso, allí donde las haya. Pero a la política el golpe se le puede convertir en un revés de rebote muy dañino para su salud.