Para 'cazar' a Puigdemont hace falta más astucia y 'elevar el tiro'

Resulta cuando menos grotesco ver como los seguidores del fugado Carles Puigdemont cantan victoria y brindan con champán a las puertas de la cárcel alemana que lo retenía, por una decisión judicial de un estado alemán que, entre otras cosas, es lógica si nos atenemos a la más estricta legalidad. El delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal español es muy claro y en su apartado 5 dice con nitidez que el expresident cometió rebelión cuando hizo la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), más allá de si hubo violencia o no (que se puede entender que la hubo). Pero esa tipificación no existe en el supuestamente delito ‘homólogo’ de alta traición del código alemán, que exige que haya una violencia tal que pueda “doblegar” el funcionamiento de los órganos constitucionales de un país.

Dicho con todos los respetos, esto es algo que el juez del caso debería haber tenido en cuenta antes de echarse en brazos del modelo judicial de un país federal, como Alemania, donde el Ejecutivo central de Ángela Merkel, por más enfadado que esté, no puede entrar en las decisiones judiciales que toman sus ‘länder’. Nada se le puede reprochar a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein por su decisión, ni siquiera por ir en contra de la propia Fiscalía alemana. Tal vez habría sido más astuto emitir la euroorden por un delito de “conspiración para la rebelión”, sobre cuya comisión por parte del exdirigente catalán habría generado menos dudas entre los jueces germanos y por el que, una vez extraditado y juzgado en España, podría pasar hasta tres lustros en prisión si es declarado culpable.

Por lo pronto, Puigdemot (y sus asesores en estrategia) han sido más astutos de nuevo que los poderes centrales y la jugada les ha servido para hacer lo que más le gusta, rellenar con un poco de contenido la campaña mediática internacional sin fuste en la que están inmersos. Pero ese pequeño paso no debe ocultar el tamaño real de la montaña legal a la que se enfrenta el exdirigente catalán en una Europa cada vez más consciente de lo que se juega con esto. Mover ahora la extradición por un simple delito de malversación de fondos públicos es como una broma, pero elevar la cuestión a las más altas instancias europeas, como el propio Puigdemont parece que pretende, tal vez no sea tan malo, si tenemos en cuenta que ni antes ni después del 1-O tuvo el mas mínimo reconocimiento de las instituciones ni los países comunitarios.

Los abogados defensores del ex presidente ya se han afanado en advertir que este no es un tema que pueda ser trasladado como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), incluso mofándose en las redes sociales de quienes han planteado tal opción. Es evidente que en la situación actual del proceso, el TJUE no puede entrar a valorar la decisión de los jueces alemanes en este caso, porque esa no es su función. Su cometido es resolver dudas de los jueces nacionales sobre la aplicación en sus jurisdicciones internas de las normas comunitarias. En este caso, las dudas serían sobre el funcionamiento de la euroorden emitida, aunque mientras no se cambie o se emita con una tipificación que no iguale la rebelión española a la alta traición alemana, poco se va a poder hacer.

Pero hay otra función superior del TJUE a tener en cuenta en este caso y que los dirigentes europeos no debieran olvidar, y es su papel como motor del espacio jurídico europeo, junto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales de cada país. De una u otra forma, e intentando ser esta vez más astutos que los abogados y asesores de Puigdemont, la implicación en todo el proceso del TJUE como garante de la legalidad europea puede ser una buena vía a tener en cuenta. En este caso, además, no tendría los problemas clásicos de enfrentarse a la identidad constitucional de algún Estado (todo lo contrario, sería para defenderla) ni iría contra actuaciones ‘ultra vires’ de exceso de poder de la UE.

Con o sin la implicación del TJUE, la Unión Europea y los avances en su integración jurídica se juegan mucho con este proceso, tanto desde el punto de vista de la propia UE, para evitar que un precedente como el catalán no trastoque sus reglas de funcionamiento ni el carácter supranacional de sus instituciones, como a nivel interno de cada Estado miembro, a quienes no les interesa que cunda el nacionalismo secesionista del ejemplo catalán en sus propios territorios.