El TFM de Cifuentes: rapiñería política frente a la esencia de la Universidad

Es muy doloroso para quienes confiamos y valoramos a la Universidad como una de las instituciones básicas de la sociedad, oír hablar mal de su funcionamiento, sus supuestas malas artes y los escándalos que rodean a este o aquel . Las sospechas sobre la manipulación de las notas de un master realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han desatado la ira mediática contra la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde estudian 45.000 alumnos (más o menos ilusionados con lo que hacen) y dan clase 1.500 docentes, auxiliados por 600 empleados en la parte administrativa, y que merecen a priori respeto y reconocimiento por la labor que hacen.

Lo que a primera vista debiera haber sido una mera anécdota típica de la rapiñería política contra una presidenta con grandes aspiraciones políticas, a la que parece que demasiada gente (dentro y fuera de su entorno ideológico) tiene en el punto de mira, ha pasado a mayores, precisamente por la falta de una explicación válida y a tiempo. Grave error. Si la presidenta o los responsables de la URJC hubieran puesto sobre la mesa el trabajo fin de master (TFM) de la polémica, o hubieran justificado su desaparición de una forma convincente o mínimamente veraz, la cuestión se habría quedado ya en un mero error de transcripción de unas notas en un acta, algo que ocurre casi cada día en cualquier universidad. Pero no, se ha abierto nada menos que una investigación dentro de la institución sobre algo que, como alumnos y como docentes, estamos acostumbrados a resolver en una ventanilla, con más o menos suerte, pero sin más.

Hasta que sepamos todos los detalles y una vez que el tema ha saltado a un nivel más alto de polémica y se está investigando para “depurar responsabilidades”, conviene tener en cuenta que la esencia que hay debajo de este suceso puede ser mucho más trascendente de lo que parece. Aunque mucha gente que critica esta supuesta irregularidad no lo sabe, la autonomía universitaria es un derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de nuestra Constitución y protegido con las máximas garantías legales del ordenamiento jurídico. Un derecho enlazado con otro, la libertad académica (más centrada en el contenido y la cátedra) del artículo 20, y de cuya mezcla surge, según ha dictaminado el propio Tribunal Constitucional, “la última razón de ser de la Universidad”, entendida como “el espacio de libertad intelectual que permite la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura”.

Esa base constitucional le permite a cualquier universidad, pública o privada, tener unas normas propias (potestad de autonormación), sus estatutos y autogobierno, diseñar el régimen del personal, sus propios planes de estudio, autonomía financiera, etc… Le permite ser un ente libre legitimado, nada menos, que por el contenido esencial de un derecho fundamental y solo limitado, como es lógico, por el ejercicio de otros derechos a los que puede vulnerar, entre los que el más importante es la igualdad de acceso al estudio, la docencia y la investigación. Y ahí es donde radica ahora la tremenda dimensión del problema que tiene Cristina Cifuentes por no haber reaccionado a tiempo de saldar todas las sospechas sobre su trabajo. No se entendería que una responsable política encargada de dirigir los designios de los madrileños, que para eso le han elegido, hubiera vulnerado algo tan sagrado como la igualdad de todos en el acceso a los estudios universitarios, si se demuestra que se saltó las normas y obtuvo una titulación que, en buena lid, no merecía.

Aún sin entender todavía cómo se ha podido llegar a este nivel, por algo tan sencillo como poner sobre la mesa el maldito trabajo fin de master y sacar a la palestra, si es necesario, al tutor que lo dirigió y corrigió, lo que resulta evidente que es que a Cristina Cifuentes ya le hemos condenado todos, por si acaso es verdad todo lo que se dice. Pero es que en menos de una semana han saltado a la luz más dudas que certezas sobre este tema (el día del examen, la funcionaria ‘amiga’, las fechas que no cuadran, los pagos de los derechos a destiempo…) y es lógico que la presunción de culpabilidad con la que trabajamos los periodistas en la mayor parte de los casos se haya impuesto sobre la de inocencia. Evidentemente, el mensajero no tiene la culpa sobre el juicio paralelo que haga una opinión pública libre. Lo único que puede salvar a la presidenta de ser acusada de vulnerar la esencia de una institución tan sagrada como la Universidad, es sacar a la luz toda la verdad. Solo con buena información se paraliza la mala información y se evitan la pena de telediario. Y los que cada año tutorizamos y corregimos decenas de trabajos fin de master sabemos que no es tan difícil demostrar que el suyo se hizo y superó todos los exámenes… si lo hizo, claro.