Cómo salir del caso Villarejo: nada que ocultar, nada que temer

A golpe de autos judiciales, archivos, acusaciones y sobreseimientos, el caso Villarejo va a pasar a la historia como una de las macrocausas que llegaron, ya en proceso de instrucción, a sentar las bases de algunas de las figuras legales más controvertidas del derecho español, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la validez del ‘compliance’ como método para evitar que los altos directivos de las empresas tengan que cargar con la culpabilidad de todas las acciones que realizan sus subordinados en un sistema jerárquico y ordenado. El nuevo auto que ha publicado el juez de la Audiencia Nacional que investiga ese caso, Manuel García Castellón, para archivar por segunda vez la causa contra Repsol, Caixabank, sus presidentes en el momento de los hechos y gran parte de su cúpula directiva, corrobora algunas de las pautas que ya marcó en el análisis legal del primer sobreseimiento y abre las pautas de lo que se necesita para librarse del yugo de ser un presidente o una empresa marcados por la justicia como imputados en este tipo de procesos.

A base de sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, el juez se reafirma en que “los procesos penales no deben sufrir dilaciones indebidas, sino también deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad”, algo clave cuando se trata de empresas señeras del Ibex español implicadas en ámbitos como el financiero y el energético, cuyo funcionamiento sin trabas artificiales basadas en indicios insuficientes debe estar asegurado, sobre todo, por su carácter sistémico. La caída de cualquier de las grandes firmas implicadas en el caso Villarejo por razones poco fundadas desde el ámbito judicial haría tambalearse a todo el modelo económicos español, por lo que se deben “evitar acusaciones frívolas o carentes de fundamento que, por más que hubiesen sido finalmente rechazadas en una futura sentencia absolutoria, siempre producen perjuicios”, porque “la fase de investigación tiene por objeto preparar el juicio oral; pero también despliega una función de filtro: evitar la apertura de juicios innecesarios”.

Esas aseveraciones, incluidas en el primer auto de archivo del juez, se han complementado esta semana en un nuevo ejercicio de fundamentación jurídica a tener en cuenta por los departamentos legales de las empresas y los grandes despachos de derecho de los negocios, sobre las claves para que un dirigente empresarial no se vea implicado en los errores de sus subordinados si cuenta con un sistema de control y cumplimiento normativo suficiente y contrastado. Tras el análisis de los documentos aportados por Repsol y Caixa, ambas con sistemas de ‘compliance’ establecidos incluso desde antes de que fuera obligatorio, el auto llega a enumerar los puntos a comprobar para estén acordes con la ley: la existencia de un modelo de evaluación de riesgos propios de su actividad con los delitos clave identificados; controles eficaces para la prevención de la comisión esos delitos; un canal de denuncias adecuado y conocido por los empleados para la comunicación de cualquier infracción; planes de formación en materia de cumplimiento normativo; sistemas de auditoría y evaluación de todo el modelo; y la creación de una unidad de cumplimiento encargada de vigilar que todo funcione.

Más allá de los tecnicismos legales, los hechos que se han ido conociendo sobre la actividad de Villarejo y su red de empresas demuestran además la teoría del ‘chiringuito’ que el comisario tenía montado, para vender a cualquiera que tuviera una crisis empresarial en ciernes sus servicios de inteligencia basados en datos obtenidos de “fuentes fiables” que sólo el conocía. Con una metodología para hacer informes que era habitual entre los altos funcionarios policiales expertos en la lucha contra el crimen y el terrorismo, Cenyt se puso de moda hace veinte años en las conversaciones de todas las terrazas vip de Madrid entre directivos de grandes corporaciones ávidos de cumplir con sus jefes con datos críticos, obtenidos de cualquier manera, fueran verdad o no y con el precio marcado a ojo. “No recuerdo si era un millón, un millón cien o un millón doscientos, era más de un millón por la pretensión de hacer un control 24 horas de todas las personas que podían tener un papel relevante en el pacto además de todas las otras cosas que nosotros podríamos estar pidiendo", reconocía ante el juez uno de los responsables de seguridad que contrataron los servicios de la empresa del comisario.

Esa forma de actuar es la que obliga al juez a establecer en su instrucción una premisa más para dejar claro el sobreseimiento de algunos de los implicados en cada causa y la recomendación de transformación y apertura de juicio oral para otros, sobre todo cuando son investigados los presidentes de las grandes empresas: la seguridad de que los responsables máximos de cada entidad no tomaron parte en las negociaciones con la empresa de Villarejo, ni participaron en las reuniones celebradas para ello y, por tanto, nunca dieron orden de contratar a Cenyt ni estuvieron al tanto del pago de sus facturas, ni siquiera fueron informados de los resultados de esos trabajos. Quien cumpla con esas condiciones y no tenga nada que ocultar, tampoco tendrá nada que temer de la justicia. Si no es así, a lo hecho, pecho.