Lunes, 15.07.2019 - 22:50 h

Constitución, financiación y pactos de gobierno, todo en uno

Una de las cuestiones que más inquietan sobre el devenir del entorno político españoa a medio plazo (léase una legislatura) es la cuestión territorial. Por lo pronto, ya sabemos a quién ha destinado Sánchez para poner ‘el cascabel al gato’, al postular a Miquel Iceta como presidente del Senado, algo que será difícil que revoquen los partidos separatistas catalanes, por pura cercanía. Además, el modelo federalista que el socialista catalán siempre ha defendido es lo más parecido al máximo autogobierno que se puede enmarcar dentro de una Constitución reformada, en todo o en parte, una vez cerrado el camino del independentismo. No es necesario reescribir la Carta Magna que tanto ha difundido Pablo Iglesias en campaña electoral, para poner las bases en algunas partes de su texto y permitir un desarrollo autonómico efectivo y que cubra los anhelos políticos regionales y las necesidades básicas de los ciudadanos

La definición de un nuevo reparto de competencias autonómicas, con un modelo financiero que sirva para sufragar su coste sin agravios comparativos, es una cuestión que se puede dar dentro del actual sistema constitucional con una adaptación parcial y sensata de su parte más económica, si se hace sin la presión chantajista de los partidos independentistas, ni de la pinza de izquierdas o el bloqueo de derechas. Pues bien, la victoria del PSOE y su planteamiento de gobernar en solitario con pactos a diestra y siniestra, sin que nadie pueda ponerles entre la espada y la pared con la facilidad anterior, puede ser el mejor de los planteamientos para que Iceta, desde el Senado (que sí habría que reformar) pueda iniciar ese camino.

Este nuevo escenario político que se ha abierto en las elecciones generales necesita solo un ligero empujón en los comicios autonómicos y municipales para evitar encontronazos políticos que cierren el paso a la oportunidad histórica de repartir mejor lo que es de todos y rehacer las bases del Estado de bienestar. La última encuesta del CIS sobre la cita del 26-M plantea un cambio de color de muchos ejecutivos regionales, con un reparto de poder entre partidos que obligará a todo el mundo a buscar pactos de gobierno, en los que se debiera aprovechar la ocasión para apuntar ya en la dirección de un consenso sobre la nueva financiación. De nada servirán sumas aritméticas de escaños y concejalías que persigan un mero reparto de poder entre unos pocos, si no se tienen las miras puestas en aportar cotas de acuerdo sobre un tema, como el territorial, que tal vez sea el mayor reto político de este país en mucho tiempo.

Esa nueva financiación autonómica que ponga las bases del reparto de competencias y gastos entre autonomías es el nexo de unión entre una reforma constitucional (más o menos amplia) y su utilidad como marco para la solución a los problemas que cada ciudadano tienen en su nivel más cercano, de su ciudad y la comarca en la que vive, las carreteras, los colegios, los hospitales y el funcionamiento de todo lo que cada día le rodea. Es cierto que se vota de forma diferente en unas elecciones generales que en las autonómicas y locales. Las primeras tiran más de ideología política y las segundas van más cercanas a la persona concreta por la que se quiere apostar, aunque no se comulgue con todo lo que postula su partido. Pero en esta ocasión y aprovechando la cercanía entre una consulta y otra, es bueno tener en cuenta también lo que une a todas esas elecciones, incluso a las europeas, sobre todo si lo que tenemos delante es un reto de reorganización del territorio en el que vivimos que nos ha llevado a generar unos brotes independentistas que son ya el mayor problema que ha tenido nuestra democracia.

Una cuestión clave que el propio Iceta ha mencionado como base de su federalismo fiscal es la convicción de que se puede definir un nivel mínimo de servicios básicos para todos los ciudadanos, sufragado con un modelo solidario entre regiones, sin que nadie pierda su sitio en el orden económico, y sin deshacer la unidad de España. Impuestos cedidos en su gestión y en parte de su normativa, pero homogenizados en lo que es común para todos los españoles, para que un extremeño no pague ni más ni menos que un catalán de su misma renta y condición. De la misma manera, que una empresa juegue con las mismas reglas de mercado en un lugar y en otro, sin tener que sufrir una dispersión legislativa absurda y contra el progreso y la inversión. Es decir, la unidad de España que preserva ese federalismo no debe poner en riesgo una unidad de mercado que es la que garantiza que el país funcione, porque sin empresas ni actividad, no hay economía que avance. De poco nos habrá servido reformar la Constitución y sentar las bases de la nueva financiación, si no hay garantías para que funcione sin discriminaciones la base económica del país, que son las empresas y sus trabajadores.

Ahora que empieza la campaña del 26-M, donde tantos gobiernos autonómicos y locales se la juegan, no está demás recordar lo que nos estamos jugando por la parte alta de la política del país, para votar con todos los datos sobre la mesa. Es evidente que la extrema derecha y la extrema izquierda beben mucho en las bases locales y regionales para atacar a las estructuras nacionales de un estado con planteamientos básicos de unificación y jerarquía, por un lado, o de intervención y mesianismo, por otro. Son extremos que se juntan y que generan tensiones en los países en los que la cuestión de los territorios y su financiación está mal resuelta. Pero son además obstáculos al progreso de todos, que solo se pueden salvar con pactos de gobierno a todos los niveles hechos con amplitud de miras.

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