De Plus Ultra al CNI y las residencias: las cacicadas (legales) se acaban pagando

Las cacicadas se pagan incluso en política, aunque tenga que pasar un lapso de tiempo para saber la verdad de las cosas. Nadie en la Administración ni fuera de ella, salvo las raras excepciones que conozcan la letra pequeña del caso, entienden cómo se le pudo dar dinero a Plus Ultra con un expediente corto, rápido y sin grandes análisis contables sobre la situación de la compañía. Tal vez con el tiempo, cuando se sepa cuáles fueron las razones de verdad que permitieron ese gasto millonario de dinero público, también sepamos las verdaderas razones de la dimisión de la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, que firmó esa ayuda en el consejo de la SEPI y afronta, tras una carrera brillante e impoluta, una investigación judicial por malversación de fondos públicos. Hasta que todo se desbroce, hay una frase sabia que surge en los momentos de presión de forma inconsciente y que lo suele explicar todo, aquello de “yo no tengo por qué aguantar esto”.

Hay otro tipo de cacicadas perpetradas desde el poder que acaban saliendo mal por pura lógica jurídica o legal. Es el caso de la entrada de Pablo Iglesias en el CNI por la puerta de atrás, aprovechando un decreto anticovid con alevosía y nocturnidad. El Constitucional ha sido muy claro al anunciar la decisión y descartar que se pueda utilizar la urgente necesidad de los decretos leyes para cualquier cosa, pero más interesantes van a ser los fundamentos jurídicos que la institución debe aportar más adelante sobre esta cuestión, con un Gobierno que lleva demasiado tiempo funcionando a golpe de decretos ley, tan importantes como el del reparto de los fondos europeos, cuyo debate posterior en Cortes duerme luego el sueño de los justos, a la espera del momento político idóneo para no tener problemas para aprobarlo con minoría parlamentaria y dependiente de las vicisitudes soberanistas de los partidos periféricos.

Si el caso del CNI puede ser un aviso a navegantes importante sobre el abuso de la figura del decreto ley para todo, la triquiñuela legal de hacer que el Tribunal Supremo se salga de sus funciones básicas y se dedique a corregir los deberes de sus instancias inferiores -leáse los Tribunales Superiores de Justicia-, por la urgencia de administrar de alguna manera, sea la que sea, las ansias de desescalada que han surgido de repente en las CCAA con el avance de las vacunaciones, puede alcanzar un lugar top en el ranking de cacicadas del Gobierno a la sombra de la Covid. Además del cabreo generalizado de toda la planta fiscal y judicial de este país, el uso de las leyes y las instituciones que las amparan y hacen cumplir en cuestiones para las que no han sido creadas tiene un nombre en Derecho: se llama fraude de ley, al menos un fraude para todos los que las respetamos y creemos en su funcionamiento. No es tranquilizador que todo un Ministerio de Justicia se pliegue de una manera tan burda a los antojos de la urgente necesidad, de nuevo, hasta el punto de convertir a una de las partes más esenciales de la independencia y el control judicial de este país, el Supremo, en un gestor administrativo de tareas ‘domésticas’. 

Hace poco más de un año, en pleno estallido de la pandemia, no se contaba con los datos suficientes como para tomar decisiones ajustadas a lo que estaba pasando y que nos desbordaba por todos los lados, de forma que las decisiones drásticas del confinamiento y el parón económico y social fueron inevitables. Esa falta de previsión y de medios en la Sanidad (sobre todo) provocaron también algunas cacicadas a la hora de comprar EPIs o de decidir que se hacia en las residencias. Quince meses después y varios procesos electorales autonómicos mediante en los que las verdades sobre la Covid han huido despavoridas ante tanta manipulación de datos y versiones, la Fiscalía ha aceptado a trámite la décima parte (por ahora) de las casi 400 denuncias impuestas por los ciudadanos para esclarecer lo que ocurrió en las residencias con los seres queridos que murieron solos, por entender que “se vulneraron de forma flagrante los protocolos”. Esa es otra más de las verdades que sabremos con retraso y que deberían poner a algunos políticos en su sitio, aunque sea tarde.

Por medio de decisiones, sufrimientos y cacicadas hemos llegado a las puertas del verano con más alegría que nunca porque vamos a poder viajar y vivir 'a lo Ayuso', como nos dé la gana. De repente, se nos olvida que llevamos un año y medio diciendo que será imposible que todo vuelva a ser como antes. Liberamos los estadios de fútbol aunque quede el absurdo de tan solo dos jornadas y abrimos el país de par en par, con medidas de control que, nada más empezar, casi nadie cumple. De noche, todos los gatos son pardos y, además, no llevan mascarilla, pero nos dejan ante la duda de si estamos ante una nueva cacicada que habrá que pagar, con menos muertos, pero con las UCI llenas.