Sábado, 23.03.2019 - 10:46 h

¿Alguien ha pensado en dedicar la subida de impuestos a apoyar la maternidad?

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a considerar las prestaciones por maternidad como una renta exenta en el IRPF ha levantado la alfombra de lo necesario que es en España el apoyo a la natalidad y el abismo al que nos enfrentamos si no abordamos el tema en su conjunto. Basta un mero acercamiento a las estadísticas para comprobar el drama que ofrecen los datos: nuestro país está a la cola de la Unión Europea en nacimientos, con solo 1,3 por cada mujer en edad fértil, lejos de los 2 de Francia o los 1,8 de Irlanda. Pero eso no es un dato aislado, sino que forma parte de un fenómeno general que todo el mundo parece tener in mente, pero no se acepta de forma real: en el año 2017 murieron más personas que nacieron y el crecimiento vegetativo fue negativo en 31.245 habitantes, algo que se mezcla con que cada vez hay más gente en edades avanzadas y se hace más complicado sufragar el coste que eso supone (pensiones) con el trabajo de los más jóvenes.

Esta vez ha sido una disputa tributaria la que nos ha hecho pensar de nuevo en el apoyo a la maternidad y la paternidad, siempre en cartera de todos los gobiernos, pero nunca resuelto. Esa trifulca fiscal es un precedente a tener en cuenta, si consideramos que el Supremo no considera que lo que las madres cobran de la Seguridad Social durante los cuatro meses de permiso por maternidad, para dar los primeros pasos con sus hijos, no se puede entender como una renta del trabajo sustitutiva de la anterior, sino como una ayuda social pura y dura, exenta de impuestos. Lo que habrá que dejar claro ahora es la naturaleza de otros hechos imponibles, también costeados por la Seguridad Social, como por ejemplo el mismo desempleo, para vez si son sustitutivos de la renta salarial o ayudas sociales exentas de pagar al Fisco.

Esa disquisición fiscal sobre la maternidad deja un dato, cuando menos, curioso: Hacienda va a tener que preparar más de 1.200 millones de euros para pagar lo que ha cobrado de más en los últimos cuatro años a las madres con hijos recién nacidos, una cantidad que está cerca de los poco más de 1.900 millones que, por ejemplo, se gastaron en España en 2017 en ayudas de todo tipo para la natalidad. En ese dato, el de las ayudas, también está nuestro país a la cola de Europa y, lo que es más grave, sin visos de que algo vaya a cambiar salvo medidas cosméticas, como los permisos por paternidad y poco más.

Como dato discordante, la autoridad fiscal (Airef) publicaba un informe la semana pasada con el augurio de que España tendrá 60 millones de habitantes en 2050 gracias a la llegada masiva de inmigrantes y a la mejora de la natalidad que va a producir la mejora del mercado laboral. Como proyección teórica sobre un papel que lo aguanta todo, puede valer, pero si pensamos en la destrucción de empleo de este verano, el estancamiento del turismo y los tremendos problemas que está causando la inmigración a nivel europeo, son conclusiones que quedan ahora del todo fuera de lugar.

Cada cual puede tener un hijo o adoptarlo cuando quiera y/o pueda, faltaría más. Pero es evidente que con un marco regulatorio y de apoyo público más amplio y mejor distribuido de lo que tenemos en España, podría ser más fácil dar ese paso. La edad media a la que las mujeres españolas tienen su primer hijo está en los 32 años, tampoco es la más temprana de Europa, y aparte de los nuevos hábitos y modos de vida que nos da el progreso social, ayuda muy poco saber las tremendas complicaciones con las que se va encontrar una familia en los primeros años de vida de sus descendientes, a no ser que cuente con el apoyo insustituible de los abuelos. Un estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) advertía este mismo año que la educación infantil para los niños de 0 a 3 años apenas cubre la mitad de la demanda real que hay en España y más de 200.000 familias no pueden llevar a sus niños a la guardería, simplemente porque no se lo pueden permitir.

La sentencia del Supremo, la baja natalidad, la pirámide de la población, las pensiones del futuro y los nuevos usos sociales que marca ya conciliación de la vida personal y laboral, se tocan en todo el problema del apoyo a las familias para algo tan básico como que no tengan miedo a tener hijos por falta de apoyo público, cosa que no debería pasar en un país que se dice avanzado. Hacer universal esa educación infantil costará otros 3.000 millones más, pero que sumados a los que se destinan a ayudas sociales y lo que va a costar cumplir con la sentencia sobre la maternidad, no superan demasiado los más de 6.000 millones que el Gobierno va a recaudar de más con la subida de impuestos de todo tipo que prepara, sobre todo en el IRPF y en Sociedades. Estaría muy bien ver cómo semejante esfuerzo, supuestamente de los 'ricos', las rentas más altas y las empresas que más facturan, sirve para poner las bases de un modelo social que apoye la maternidad. Yo ahí lo dejo...

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