OPINION

Del chiringuito de Villarejo a la imputación (sin anestesia) del BBVA

El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo. (EFE)
El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo. (EFE)

A estas alturas de verano y después de un año de infarto con las tribulaciones de Villarejo y el espionaje que pudo realizar para el BBVA, lo poco que tenemos claro tras un forensic, las investigaciones internas abiertas por el banco y los avisos con cuentagotas que dejan sacar del sumario el juez y los fiscales, es que lo que el comisario ha tenido en marcha durante más de una década ha sido un verdadero chiringuito de verano, en el que compraba y vendía información sin importarle el origen o el cliente, solo el color del dinero. Cuando se sepan los datos del forensic seguro que vemos como el modus operandi del comisario era el del mal comerciante rácano para el que todo tiene un precio y se puede vender, aunque esté caducado, venga de donde venga y haga el daño que haga. ¿Su principal proveedor? Da igual. A partir de un sin fin de investigaciones abiertas con amigos dentro y fuera de la Policía, podía hacerse con los mimbres para elaborar informes tan interesantes como falsos para algunos empresarios ávidos de saber trapos sucios del enemigo por miedo o por ambición. Normalmente, empresarios o directivos de grandes empresas que previamente habían contratado a algún expolicía, colega de Villarejo, como jefe de seguridad, dispuesto a pagar por quedar bien con su superior.

Aunque parezca de novela negra mala, el caso que es que un dato de esta u otra escucha policial que me deja un ‘amigo’ de dentro, más dos informes de un caso ya pasado, mezclados con los detalles de una declaración de un testigo del año pasado y de las fotos y los datos de campo recogidos por dos propios durante algunas noches de vigilancia sobre la sede del supuesto enemigo, son los componentes de un informe bien presentado y con el aval de un supuesto agente doble que tenía en sus manos el mítico maletín de escuchar teléfonos móviles. Si alguna vez vemos el forensic del BBVA, seguro que está imagen nos viene a la cabeza.

El problema está cuando se da el salto de este episodio picaresco a las altas finanzas del Ibex, con empresas de alta responsabilidad social y económica que pueden ser sistémicas para un país, como es el caso del BBVA. Los fiscales del caso parecen decididos a exigir la nueva responsabilidad penal del banco, con la finalidad de que pague más sanciones que las que le puede exigir la responsabilidad civil del caso, sin importarles las consecuencias devastadoras que ello puede tener en términos de reputación y organización para la entidad. Una condena penal para el banco puede obligar a sacar fuera a toda la cúpula directiva actual, por unos hechos que cometió la anterior, sin hablar del coste en valor accionarial y posible huida de clientes.

Pero si los fiscales consideran que es de justicia que sea así, en sus manos está pedirlo y en las del juez concederlo, claro. Lo que no debemos olvidar es que también sería de justicia que ese paso tan grave se haga una vez levantado el secreto del sumario, al menos para que el banco, que tan caro puede pagarlo, sepa de qué se le acusa. Es lícito lo de llamar a declarar a los investigados sin que sepan que es lo que se les imputa, como se está haciendo hasta ahora, dado que suponemos que bajo ese sumario que el juez y los fiscales atesoran hay delitos de extrema gravedad. Pero sin saberlo, resulta muy difícil que alguien que vaya a ciegas a declarar pueda contar algo, aunque solo sea por el derecho constitucional que tiene a una tutela judicial efectiva y saber de qué se le acusa. No es que nadie de los que han pasado no quiera colaborar con la justicia. Es mejor no declarar, que decir algo que pueda ser utilizado después para incriminarte y sin saber qué elementos hay en la investigación que pueda ser utilizados para armar tu defensa. Cualquier abogado que se precie debe evitar que algo así le pase a su cliente.

Y tampoco es lógico por parte de los señores fiscales pedir la responsabilidad penal de la persona jurídica, que tan de moda está y tantos titulares va a darles, auspiciando al mismo tiempo la realización de una investigación interna dentro del banco. Son técnicas de ‘compliance’ muy a la americana que llevan apenas cinco años funcionando en España. Si la empresa colabora con su investigación, puede atenuar los cargos de los que se le acusa en cuestión de revelación de secretos, corrupción o cualquiera de los delitos que deba afrontar. En el caso del BBVA ahí está el forensic y la investigación interna que, con el beneplácito de los fiscales, continúa abierta dentro del banco, aunque ello haya supuesto generar un verdadero ‘sálvese quien pueda’ en su seno. Pero no dejemos de tener en cuenta que son investigaciones de parte, muy bien hechas, pero pagadas y dirigidas por la empresa, que en ningún caso pueden suplantar el trabajo que los fiscales y el juez deben hacer. Colaborar con la justicia es una cosa y hacer su trabajo otra.

Aunque la normativa sobre ‘compliance’ y responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy nueva en España, hay sentencias del Supremo que ya han marcado el camino a seguir de forma muy clara, de cara a poner todas las garantías de defensa del imputado por delante antes de dar un paso que puede ser tan decisivo para el futuro de mucha gente y, en el caso del BBVA, que puede cambiar la composición de un sector clave para la economía y las finanzas de mucha gente, que tal vez no merezca pagar por lo que hizo en su día un presidente o su equipo, con mejor o peor intención. Sin ánimo de quitar culpas a nadie (alguien debe pagar), sería lamentable azotar al banco de esa manera ahora y que una decisión judicial posterior echara abajo esa argumentación jurídica, cuando el daño ya está hecho, con la pena de telediario incluida de antemano. Y todo por un tipo que vendía informes adulterados en un chiringuito de verano. 

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