El caso de los ERE y el cuento de nunca acabar

La sentencia de los ERE en Andalucía ha caído como un jarro de agua fría en la ‘familia’ socialista. Por más que la estrategia lógica de Sánchez y su gabinete de afines sea la huir hacia adelante y dejar que todo se consuma como algo del pasado, en las filas del socialismo se ha generado un vacío importante, porque de alguna manera, se ha perdido parte de esa diferenciación moral socialista frente a los casos de corrupción del PP. Por más cierto que sea que Chaves, Griñán y la mayor parte de los condenados no se han llevado el dinero de los ERE a casa, la permisividad con la que se repartía en medio de la picaresca laboral andaluza coloca el caso ante la opinión pública a un nivel similar al de Bárcenas, Gurtel, Lezo o cualquiera de los casos que han surgido en el entorno popular. Para el ciudadano de a pie, se confirma aquello de que, por el momento, en temas de manejo y 'distracción' de dinero público, PP y PSOE casi no tienen nada que echarse en cara.

Dada la dureza de las penas de cárcel e inhabilitación establecidas por la Audiencia de Sevilla, va a ser obligado llevar el caso ante el Tribunal Supremo, para que convierta la sentencia en firme o matice la decisión del juez a la vista de los hechos ya probados. Puede darse el caso de que las penas sean suavizadas ante una interpretación menos ortodoxa desde el punto de vista penal de lo que fue una manipulación administrativa interesada y de consecuencias desastrosas para las arcas públicas. Pero ya antes de que toda la maquinaria legal se pusiera en marcha de manos de la juez Alaya, alguno de los más prestigiosos despachos de abogados y consultoras habían dejado claro en varios informes a los dirigentes de la Junta andaluza (repetidos hasta cinco veces ante la incredulidad de los políticos afectados) que el proceso no estaba acorde con lo que marcan las normas.

Es decir, que los dirigentes públicos de Economía, Empleo e Innovación de la junta, con el IFA como brazo ejecutor, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y, aún así, lo mantuvieron en el tiempo, durante casi una década. Es lo que se llama una prevaricación de libro, que al ir acompañada del mal uso del dinero público, se envilece con la malversación y da lugar a penas de prisión sin paliativos, en las que ha pesado mucho el largo periodo en el que se estuvo produciendo el delito con total impunidad.

Quedan cuestiones graves por dilucidar ahora, como el caso de las sobrecomisiones de las aseguradoras que canalizaron los pagos o la existencia de ‘intrusos’ en muchos de los casos abiertos a empresas, pero lo que resulta complicado entender es como la Justicia va a actuar con cada uno de los cerca de doscientos casos conocidos de compañías que se vieron beneficiadas de la mala praxis de los responsables de la Junta. ¿Hasta qué punto son culpables de aprovechar un camino que desde el ámbito público se les facilitaba para sufragar verdaderas situaciones de tragedia laboral por la crisis? 

Durante los siete años de instrucción de la macrocausa se repetían en cada expediente judicial los mismos nombres de los responsables de la junta como supuestos culpables de cada proceso concreto, que abrían una vía de escape a los empresarios supuestamente legal. El escrutinio caso por caso puede ser ahora un calvario que no merece sufrir la clase empresarial andaluza diez años después de haber ocurrido los hechos. El principio legal de ‘non bis in idem’ evitará más pena para los funcionarios ya juzgados y condenados. Y la regla general de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento no va a librar de su responsabilidad a todos aquellos que se aprovecharon del método fraudulento para repartirse un dinero público que no les correspondía. Pero no todos los casos son iguales ni en todos hubo irregularidades tan llamativas como algunas que se han ido conociendo.

El trabajo que los jueces tienen por delante, después de una condena dura contra el procedimiento general, es realmente inmenso y, a la vez, delicado, para evitar que nunca paguen justos por pecadores. Al fin y al cabo, ese es su trabajo. Pero será muy lamentable que el reguero de expedientes de los ERE no permita cerrar de una vez por todas un capítulo que ofrece una imagen de Andalucía y de España realmente nefasta. No se trata de olvidar de donde viene todo, desde Juan Guerra hasta nuestros días, pero si de evitar hacer leña del árbol caído cuando de ello no sale nadie beneficiado y se distorsiona el gran progreso económico y social que la empresa y la sociedad andaluza han logrado en las últimas décadas, a pesar de todo. Entre recursos al Supremo, reacciones políticas, aseguradoras, intrusos y casos abiertos, los ERE pueden ser muy pronto el cuento de nunca acabar.