El ‘derecho al desarrollo’ desde Ucrania a Pakistán

Cuando surgen sucesos como el de las dos jóvenes pakistaníes residentes en España que volvieron a casa engañadas con la idea de convencer a su familia de que aquí podían tener una vida mejor y ser más felices, y se encontraron la muerte por unas convicciones machistas ancestrales y absurdas, empiezas a pensar en lo que de verdad merece la pena para llevar una vida digna. Las sociedades más avanzadas no nos damos cuenta a veces de lo que significa para un inmigrante dejar su casa para encontrar un lugar donde desarrollar su vida con más seguridad y más opciones de cumplir alguno de sus sueños. Nuestra idea del progreso, partiendo de la base que van dejando las diferentes generaciones, nada tiene que ver con la suya. Dormir sin miedos y tener algo que llevarse a la boca cada día por caridad o porque han logrado un trabajo mínimo, puede ser un triunfo muy grande para un inmigrante que cuando salió de su país no tenía nada que perder, salvo su propia dignidad. Perderlo todo a la vuelta a manos de tu propia familia, es lo peor que te puede pasar.

Por suerte, la Constitución Española ha formado un buen armazón de protección legal a los inmigrantes bajo el mismo principio en el que se cimentan los derechos fundamentales que disfrutamos todas las personas vengan de donde vengan, el de la dignidad humana como valor superior que consagra el artículo 10.1 de la Carta Magna. Por debajo de ese contenido esencial de los derechos humanos se pueden crear todas las estructuras legales de control de la extranjería y regulación de la ciudadanía que se quieran establecer, pero sin perder de vista que la persona y su derecho a una vida digna, con todo lo que lleva en un Estado de Derecho de garantías en materia de educación, sanidad, seguridad y bienestar, es la cúspide del sistema. En ese cuadro no cabe cualquier práctica machista basada en un falso honor. El mejor homenaje que podemos hacer a las dos jóvenes de Barcelona es no permitir ni el más mínimo atisbo de ese tipo de prácticas en nuestra sociedad.

El otro frente que nos debe hacer valorar lo cotidiano cada día más en lugares como España es la tragedia de Ucrania. Por más tranquilos que estemos en nuestros hogares, con el veraneo por delante, no debemos permitir que el horror y la destrucción que se está viviendo en esa parte de Europa se convierta en algo habitual, porque estaremos perdiendo entre todos la guerra y dando la razón a quien lanza las bombas sin pensar en que puede ser un crimen contra la humanidad. Las implicaciones económicas que conlleva en este caso, con la crisis energética en ciernes a la que nos puede llevar una economía de guerra en Europa, son una amenaza que nos puede hacer recordar de repente lo importante que es no olvidar lo que está pasando. En Ucrania todo el mundo tenia luz y agua hace unos meses; ahora no tienen. Y no están tan lejos de la avanzada y consolidada Europa.

Los miles de desplazados que está generando esa guerra se unen al drama de los cayucos que salen de África en busca de nadie sabe qué, a rituales de honor absurdos en contra de las mujeres en cualquier parte de Asia y Oriente Medio o a las deudas de sangre que aún funcionan en algún rincón de los Balcanes, para hacernos pensar en un derecho humano que dejaron plasmadas las Naciones Unidas en el año 1986 dentro de los llamados derechos de tercera generación, que tal vez haya que poner sobre la mesa de nuevo: el derecho al desarrollo, entendido más allá incluso de su pura concepción económica para entrar en una idea integradora que enlace el desarrollo con la ética, la sociología o el derecho, a sabiendas de que no hay un verdadero desarrollo allí donde existe prosperidad económica, pero no se respetan los derechos humanos.

Como con la extranjería y la inmigración, una vez definido su contenido esencial (si alguien se atreve a hacerlo), se puede estructurar una jerarquía de normas legales que lo regulen en cada país, para evitar su colisión con otros derechos y libertades también fundamentales. Pero lo que no se puede dudar es que, ya sea en su concepción colectiva (pueblos, sociedades, etc.) como en la individual, el derecho que tiene cualquier persona al desarrollo está íntimamente ligado a la dignidad humana en la que se basan todos los demás derechos humanos, y toca de lleno un hipotético derecho de la gente a salir de su país en busca de una vida mejor si donde está no se le garantiza el sustento, la integridad o la seguridad.