El control europeo de las reformas estructurales que tiene pendientes la economía española, sobre todo en materias como el mercado laboral o las pensiones, son una complicación añadida para el Ejecutivo español, que gobierna en coalición con la izquierda de Unidas Podemos y en minoría en el Congreso de los Diputados, y se puede convertir en una pesada Espada de Damocles sobre la gestión de Sánchez. Un hipotético rechazo de los planteamientos sobre la reforma laboral u otras medidas en el entorno de la UE y con el examen del Ecofin, aunque no tenga vetos, puede ser una complicación añadida para un Gobierno de coalición dependientes en todo momento de los nacionalistas vascos y catalanes, o de acuerdos puntuales con Ciudadanos.
La idea de Sánchez, que ha pregonado a lo largo de la semana previa a la cumbre entre algunos de los países ‘frugales’ del norte, es vincular la aprobación de los proyectos que se presenten para la recuperación de la crisis y las ayudas directas que puedan recibir, a los planes de fomento de la economía verde y la digitalización que ya contemplaba el Gobierno español en su ‘agenda del cambio’ antes de que se desarrollara la pandemia y que se ha visto truncada. Ese era el encargo que tenía la vicepresidenta de Transición Ecológica y Digitalización a la hora de diseñar el plan de recuperación de la economía, que quedó en ‘stand by’ dada su dependencia de los fondos que vengan de Europa, ya sea como créditos o como transferencias a fondo perdido.
El problema con el que se ha encontrado el presidente en Bruselas es que, por delante de ese giro idílico al verde en todos los órdenes de la política que preconiza desde hace tiempo, está la política real, la que marca las pautas del Estado de bienestar y que necesita ser financiada a futuro con credibilidad y unas bases que no hipotequen a las generaciones venideras. Seguro que dentro de unas décadas tendremos un país más sano, más limpio, más ordenado y menos contaminado. Hay que ser optimista en eso. Pero ese giro, tan vendible en un discurso político, debe apoyarse en unas cuentas públicas realistas y que aborden de una vez por todas los cambios que necesita la economía española en el entorno europeo.
La UE lleva años recordando a España que debe implantar de una vez por todas unas políticas activas de empleo útiles, que apuesten por la formación dual o por servicios públicos que sean eficaces. También se ha fallado en los últimos años en la inversión en investigación y desarrollo. Y no se ha mandado nunca a Bruselas un proyecto creíble de reforma de las pensiones. Al contrario, la amenaza ahora es modificar una reforma laboral que se demostró útil para recuperar la economía de la anterior crisis, con un giro a la izquierda, cuando menos, arriesgado y que penaliza la inversión.
La cesión de, por lo menos, 50.000 millones de euros de la partida de ayudas directas para que pasen a engrosar la parte de los créditos, por más que desde el Gobierno español o italiano se considere un recorte asumible, no deja de ser un triunfo de los países del norte, que reducen su aportación al Presupuesto comunitario en una cantidad similar. Es evidente que ese recorte supondrá bajar los posibles 140.000 millones en conjunto que podría recibir España. Pero si, además, se va a establecer un sistema europeo de control institucional que puede retrasar la llegada del dinero a los proyectos españoles, el avance para los intereses del país en este primer encuentro no ha sido el mejor. Cierto es que la política es el arte de lo posible y seguro que las negociaciones son duras en Bruselas, pero también es el arte de lo creíble, y eso no se gana de la noche a la mañana.
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