OPINION

El mensaje de las encuestas y la humildad de los políticos vencidos

Fotografía Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
Fotografía Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
Cordon Press

Después de las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016, el año entero perdido por el bloqueo político a la hora de formar gobierno dejó patente el fin del bipartidismo entre el PSOE y el PP y la entrada de nuevas fuerzas políticas de la mano de Ciudadanos y Podemos. Dos años más tarde, y sin que el ejecutivo en minoría y obligado a pactar de Mariano Rajoy haya logrado poner en marcha un programa de Gobierno definido, todas las encuestas reflejan el hastío social generado por la falta de soluciones contra la corrupción, la crisis nacionalista catalana y los efectos de una recuperación económica que no llega por igual a todos los niveles sociales.

Fotografía Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, lidera las encuestas. / Cordon Press

El reflejo claro de esa situación lo daba esta misma semana la encuesta de Metroscopia para El País, en la que por primera vez se veían desbancados los dos partidos clásicos del bipartidismo y tomaban las riendas del ranking político las nuevas formaciones, con Ciudadanos muy destacado sobre el resto, tanto a nivel nacional como en el bastión fundamental del PP, la Comunidad de Madrid. Con todas las salvedades que se puedan dar sobre las encuestas, hay que reconocer que, en esta ocasión, no se trataba de un sondeo más, sino que reflejaba con claridad el momento político y económico que vive nuestro país.

Tanto desde la patronal CEOE como desde el Instituto de la Empresa Familiar le han reprochado al Gobierno la falta de reformas económicas serias y duraderas, en cuestiones como las pensiones y la educación, y el daño que esa parálisis puede hacer en la próxima década a toda la sociedad. Frente a ello, mujeres, pensionistas, profesores, policías, estudiantes y colectivos sociales de todo tipo aprovechan la situación y hacen que cualquier excusa sea buena para salir a la calle en busca de alguna solución improvisada o fruto de una negociación política interesada.

Después del primer encuentro electoral de diciembre de 2015, el editorial de Financial Times advertía del daño que las divisiones políticas podían hacer al país, si Rajoy decidiera gobernar en solitario y los líderes políticos españoles no manifestaran la suficiente dosis de humildad como para reconocer que “el electorado no les ha dado los suficientes votos para que impongan su voluntad”. Lejos de ese reconocimiento, las tensiones vividas en el último año y medio han dejado claro que humildad es lo que menos florece dentro de la clase política española, azotada por un independentismo catalán que tiende a generar problemas y a propagarlos en busca de una división política entre el bloque constitucionalista que, por suerte, no ha logrado todavía.

Aunque es una buena excusa pensar que queda un año para las elecciones autonómicas y dos para las generales, a los analistas no se les escapa que un nuevo mapa político sin PP ni PSOE al frente y con la formación de Albert Rivera con opciones de elegir socio de Gobierno, ante un triple empate de segunda posición, deja muchas incógnitas abiertas. La posición dura de Ciudadanos ante cualquier tipo de nacionalismo y su enfrentamiento particular con el PNV vasco, no auguran nada bueno sobre una solución dialogada a los conflictos territoriales más enconados y oscurece el camino para llegar a las reformas que son necesarias para no perder el tren de una sociedad cuyos cambios generacionales no esperan a nadie.

Con ese panorama político y económico, cobra especial interés la pregunta que se hacía en La Información esta semana en su artículo Alain Cuenca, sobre si estamos o no a tiempo de poner las bases para una nueva financiación autonómica, que sería el inicio de la reforma territorial pendiente. La respuesta que es que sí, y los trabajos de los expertos así lo corroboran hasta el momento. Y esa iniciativa tendría además un beneficio añadido, porque obligaría a llegar a pactos con los partidos nacionalistas de cada autonomía antes de convocar elecciones y de afrontar su incierto resultado. Claro que para eso hacen falta dos cosas: que el Gobierno no se de por vencido antes de tiempo y mueva las reformas que todo el mundo le pide y, además, que la clase política recuerde que nadie ha ganado todavía (humildad) y que para llegar a un pacto son ambas partes las que deben ceder. 

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