Érase una vez una ministra que ponía impuestos como el que compra ‘Juanolas’

Con esa frase podría empezar un cuento en el que, de alguna forma, se explicara el lío jurídico fiscal en el que nos ha metido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un intento de explicarnos la legitimidad legal del nuevo Impuesto de Solidaridad y sus hermanos menores, que no pretenden llegar a la categoría de impuestos pero que gravarán los ingresos de la banca y la eléctricas, con el aderezo adicional de unos recortes a las bonificaciones fiscales de las grandes empresas, por si quedaba algo que rebañar del plato. Pido perdón de antemano por la simpleza de las comparaciones, pero si tenemos en cuenta que la propia ministra lo cuenta como el que compra unas ‘Juanolas’, resultan incluso sofisticadas.

Si dejamos a un lado las ironías y nos ponemos un poquito serios, llegaremos a la conclusión de que este jueves hemos asistido a la presentación de unas cuentas públicas para el año que viene en las que no se contempla ni se explica el impacto de las medidas estrella con las que el Gobierno pretende paliar parte de los gastos de la crisis que ha generado la guerra energética de Putin, además de rellenar los argumentarios de cara a las próximos elecciones autonómicas, municipales y generales. Si hacemos un mero repaso de las novedades anunciadas: impuesto a los ricos, tasas a la banca y las eléctricas, y recorte de créditos fiscales a las grandes compañías, por un periodo previsto de dos años -o mientras dure la guerra-, nos colocamos en que hay un montante de unos 10.000 millones de euros que el Gobierno puede recaudar y manejar, de cuya construcción jurídica, efectos y fórmulas de cálculo no sabemos nada, ni siquiera con los Presupuestos del año que viene sobre la mesa.

Hubo un tiempo de juventud en que tomé muchas pastillas ‘Juanolas’, pero jamás pensé que iban a servir para explicar la ‘afectación’ de un impuesto ideológico contra los más ricos, de forma que su recaudación no se dedique a otra cosa que para el fin por el que ha sido creado. Bastaba con poner el ejemplo de la parte del IRPF que se destina a la Iglesia o a otros fines sociales. Salvo que en este caso, no sepamos todavía con claridad el hecho imponible sobre el que se fundamenta su esencia y si se vulnera la Constitución porque ese hecho es similar al que ya existe para justificar el Impuesto al Patrimonio. Deber haber un tremendo equipo de inspectores y subinspectores de Hacienda devanándose los sesos para ver como explican que una cosa es el patrimonio de una contribuyente -persona física- y otra su riqueza. Sobre todo si todavía no han sabido explicar por qué se permite una doble imposición flagrante en la mayor parte de los casos, al tratarse de patrimonios cuya formación ya ha pagado los correspondientes impuestos.

El grado de improvisación y la falta de justificación jurídica de todas las nuevas medidas tributarias queda claro cuando la ministra explica que el Impuesto de Solidaridad se debe destinar a sufragar las medidas anticrisis, porque los ricos deben arrimar el hombro, mientras que lo de la banca y las eléctricas puede ser “a más a más”. Es decir, se cobrará sobre algo tan indeterminado en un balance financiero como las comisiones o los intereses, o los ingresos extraordinarios de las energéticas por culpa de la guerra, pero se puede utilizar para muchas cosas, incluso para sufragar el coste de algunas medidas con las que será necesario ‘tragar’ para que sus socios en el Hemiciclo aprueben el Presupuesto.

Tampoco sabemos si ese nuevo impuesto solidario de los ricos no es más que el Impuesto de Patrimonio con otro nombre, idéntico para que sea deducible uno de otro y, al mismo tiempo, frenar a Madrid y Andalucía. Pero en su desarrollo habría que ver qué hace con el régimen especial de la empresa familiar, el límite conjunto y la cuota mínima, que son tres elementos esenciales de Patrimonio que de verdad importan. Es más, los sabios de Montero en su libro blanco, tras poner en duda la validez del Impuesto del Patrimonio, recomendaron ponerle una tarifa máxima del 1%, no más, mientras que el nuevo tributo ya ha adelantado que repite los niveles del 1,7% al 3,5% que tiene su gemelo. Consejos vendo que para mí no tengo…

Por no explicar, no se ha calculado siquiera el impacto que en el IRPF puede tener el aumento de las deducciones por rendimientos del trabajo que se anunciaron la semana pasada para las rentas de menos de 21.000 euros, simplemente porque no les habrá dato tiempo a meterlo en el 'libro amarillo'. Un mero repaso de la última memoria tributaria deja claro que se trata de un colectivo de cerca de 9 millones de contribuyentes que, aunque solo aportan algo más del 13% de la recaudación total del tributo, tienen derecho a saber el impacto de la medida el año que viene y el destino de ese dinero. El mismo derecho que tienen a saberlo el 1% de los contribuyentes más ricos, a los que se demoniza, y que aportan el 20% de la recaudación. Y el mismo que la “clase media trabajadora” de la que tanto se alardea que, suponemos, está englobada entre ambos extremos.

Por si había pocas dudas, tampoco está claro cómo se va a crear un impuesto, a través de una enmienda a una ley que crea otras dos figuras fiscales, para la banca y las eléctricas, a las que no se quiere considerar impuestos, sino que se engloban dentro de las prestaciones patrimoniales públicas de la disposición adicional primera de la Ley General Tributaria, algo que tampoco se entiende muy bien. La Constitución establece 'reserva de ley' material para establecer nuevos tributos y sus elementos esenciales.  Lo único que está claro de todo este maremagnun fiscal ideológico e improvisado, es que los abogados expertos en fiscal de los principales bufetes de este país se van a poder comprar toneladas de ‘Juanolas’ con los recursos que van a poner sus clientes contra la falta de consistencia legal de muchas de las medidas previstas.