OPINION

Es hora de reformular lo que no funciona de la reforma laboral, cinco años después

L

as relaciones laborales de todo tipo que una persona tiene a lo largo de su vida demuestran dos verdades populares que son incontestables desde todos los puntos de vista: la primera, que cuando un empresario se rodea de gente buena y capacitada, y les paga todo lo bien que puede, es muy difícil que vea caer su negocio, porque existirá motivación y la empresa será un “todos a una” capaz de adaptarse a lo más complicado. Y la segunda, que no hay cosa peor para un trabajador que cumplir su jornada (o más) con la diligencia debida y, al acabar el día, no disponer en el bolsillo de diez euros para tomar una caña con los amigos, porque el sueldo no le da para ello. Aunque parezcan dos simples soflamas de cultura popular, a nadie se le escapa que cuando por parte del empresario no se cumple con la primera y se generaliza la segunda, se genera un caldo de cultivo muy peligroso que nos pone ante una situación potencial de alta conflictividad laboral, que es precisamente lo que está empezando a ocurrir ahora mismo en España.

Si queremos buscar ese mismo análisis con más datos o con una reflexión más científica, tampoco es complicado. El próximo día 1 de diciembre se va a cumplir un año desde que el grupo de trabajo de expertos laborales reunido por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), uno de los lobbies más prestigiosos de este país, publicó y envío a la ministra de Empleo las conclusiones de su estudio sobre la situación del mercado laboral, en las que reclamaba un nueva ordenación consensuada del trabajo y las relaciones laborales, ante los tremendos desequilibrios e irregularidades que estaba generando la anterior reforma laboral. Fueron más de veinte expertos entre catedráticos, magistrados del Supremo y del Constitucional, responsables del área laboral de prestigiosos despachos del derecho de los negocios, directores jurídicos de grandes empresas, analistas y consultores, todos ellos nada sospechosos de andar por argumentos demagógicos, reivindicativos o escorados ideológicamente. Y alertaron de la necesidad de reformar la contratación, revisar el despido, definir mejor la flexibilidad laboral o promover de forma ordenada la participación de los trabajadores en la empresa. Gran trabajo y muy acertadas conclusiones, que un año después siguen en saco roto.

Viene bien recordar sus reflexiones ahora que se ha desatado el debate sobre la necesidad de mejorar los salarios (lo inició la ministra Fátima Báñez y lo echó por tierra el titular de Economía, Luis de Guindos) y frenar la gran temporalidad de los nuevos contratos de trabajo. El grupo de FIDE no pedía en ningún momento subir salarios (no era su cometido), pero sí que se haga un buen uso de los contratos temporales y se evite la utilización de “fórmulas contractuales de carácter temporal acausal, precarias e inciertas”, cuyo coste para el empresario, además, no es inferior el que tiene tras la reforma laboral los contratos indefinidos o estables. No es normal que España tenga casi un 27% de temporalidad, más del doble que cualquier país desarrollado de la UE, y que de los 19 millones de contratos que se hicieron en España el año pasado, un 36% fueran a tiempo parcial. Eso no se lo cree nadie, por dar que haya sido la crisis, a pesar de lo elevado del paro y aunque tengamos una economía de servicios basada en mano de obra intensiva e irregular en negocios como el turismo, por ejemplo.

Por encima de todas las cifras, cada día se conocen más situaciones realmente sangrantes, desde gente que trabaja el doble de lo que dice su contrato y cobra la mitad, hasta el trabajo encubierto con contratos de cero horas (sales a trabajar pero no sabes si lo harás y cobrarás algo). Los expertos, muchos de ellos asesores laboral de grandes empresas, pidieron incluso un incremento fuerte de las sanciones a todos esos seudoempresarios que utilizan los recovecos de la ley para abusar del sufrimiento de la gente que se ha quedado fuera del mercado de trabajo tras una crisis dura. A la imagen real del verdadero empresario, que sabe que debe cuidar a sus trabajadores y se deja la vida y el dinero en ello, le hacen un flaco favor estas situaciones de empleadores volátiles que se autoproclaman empresarios y no lo son.

Desde los sindicatos ya están pensando en movilizaciones para el año que viene, si la patronal no se aviene a las recomendaciones de subir los salarios más allá del 1,4% que se lleva negociado para este año en los convenios sectoriales, por debajo incluso de la inflación. Cinco años después de reforma laboral, no creo que se deba echar por tierra todo lo que con ella se ha logrado. Se aprobó en una situación de hundimiento económico y social y ha servido para crear dos millones de empleos, que han sido básicos para salir de la crisis. Pero esa misma reforma mata la productividad empresarial y se ha enquistado una temporalidad que no es la base de futuro que necesita una economía que ya crece al 3% y en la que muchos empresarios están apostando por el futuro de todos. Es evidente que la situación política en España no ha sido en los dos últimos años la mejor para llegar a acuerdos, pero la economía real debe seguir adelante, y si no queremos más problemas en la calle, es más que urgente atajar los desmanes de la reforma laboral y consolidar una situación laboral sensata en España, donde todo el mundo se pueda tomar una caña al salir del trabajo sin cargos de conciencia.

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