Escrivá 'suma y sigue' hasta que haya que salvar a las pensiones de los políticos

Resultaba grotesco y un poquito indignante este mismo viernes ver como mientras el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reunía con los agentes sociales para presentarles la segunda parte de la reforma de las pensiones, en el Ministerio de Trabajo de su colega Yolanda Díaz, se reunía a la prensa para dar un briefing a sus periodistas más cercanos (no a todos) con los detalles técnicos de la reforma. Más allá de que suban o bajen las pensiones y quien paga los platos rotos, algo complicado de calcular de manera rápida con los vericuetos contables típicos de Escrivá, lo más importante era ponerse la medalla política de que es posible un acuerdo entre PSOE y UP, a pesar del fiasco del ‘sólo sí es sí’ y en un tema que está muy lejos de cualquier área que gestionen Belarra o Montero.

Después de ver a dos ministerios y sus correspondientes responsables hacerse la guerra mediática por una pura cuestión de avaricia política en un tema que da tantos votos, lo primero que le pide el cuerpo a cualquiera es recelar de las recetas de cálculo y estar preparado para todo. A falta de conocer los números concretos de la reforma, los primeros comentarios que se reciben de los expertos en este tema apuntan a aquello de que, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. El ministro lleva mareando con sus negociaciones secretas con la UE y con UP todo lo que va de año y más, cuando lo que ha presentado es un hachazo de grandes dimensiones a los empresarios y a las rentas más altas, para presentar ante Bruselas una recaudación que supere sus estimaciones, sin que en la Comisión les importe el cómo y el por qué se llega a ese dinero. Si las empresas españolas tienen mayores costes laborales tras un rejón como este y son menos competitivas, mejor para los otros socios comunitarios.

Una clave que en Bruselas pusieron en duda fue la eficacia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que planteaba una subida lineal de 0,6 puntos en la cotización de empresas y trabajadores, hasta 2032. La solución ha sido sencilla, suma y sigue: doblamos el aumento y lo ampliamos a 2050. Por si la cuenta no sale, castigamos a quien gane más dinero (tras una vida de esfuerzo en la que no siempre ganó tanto y muchos impuestos pagados cada año) con un coste adicional en su cotización a modo de recargo de solidaridad. Suma y sigue. Y si eso es poco para la cifra que ha marcado la UE, destopamos la base máxima de cotización diez veces más que lo que subimos la pensión máxima a cobrar. Tanto se ha apurado el suma y sigue de Escrivá, que se piensa sacar sobrante para mejorar a quienes nunca cotizaron y financiar la discriminación positiva de las mujeres, aunque solo sea porque son dos mensajes políticos que en plena campaña van a permitir vender ‘justicia social para todos’, aunque no todos la paguen igual.

Queda claro que se trata de una base de solidaridad para garantizar (sobre el papel) la sostenibilidad del sistema de reparto que reina en las pensiones, pero a costa de las espaldas de quienes más aportan. La afrenta a los empresarios es evidente y la guerra contra esta reforma va a ser muy dura, después de los impuestos a la banca, las energéticas, las grandes fortunas, el plástico y cualquier otra cosa que esté justificada por ‘vender’ eslóganes políticos más que por tener unos fundamentos jurídicos mínimamente sólidos. ¿Alguien se ha parado a pensar que un sistema en el que la pensión media nueva es más alta que el sueldo de cualquier joven que empieza a trabajar, algo funciona mal? Y dónde esta la vieja creencia socialista de que tirar de los Presupuestos del Estado, que también pagamos todos, es la mejor forma de solidaridad. Por no hablar de Ferrovial y la estabilidad del marco regulatorio y de la fiscalidad, con la tarifa de IRPF sin deflactar y la recaudación disparada para financiar más medidas de campaña electoral.

El siguiente paso va a ser la llegada de la reforma de Escrivá a la Comisión del Pacto de Toledo, el próximo miércoles, el mismo día que se nombra a la nueva presidenta, María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad de Sánchez, que se va a dar de sopetón con un plan que se basa en aumentar los años para el cálculo de la edad de jubilación, algo que en el seno del Pacto nunca se quiso admitir, que no está en ninguno de sus informes y que ya llevó por el camino de la amargura a la anterior presidenta. Claro que siempre va a tener la salida de que ‘yo acabo de llegar; lo estudiamos y ya si eso’. El regate burdo al Pacto de Toledo está en dejar el cálculo de los 25 años para quien lo quiera usar mientras convive con el aumento a 29 menos dos, algo que ha sido clave para ‘vender’ la reforma a UP, porque, de facto, lo que hace es que no se amplía el plazo. Cuando la reforma se apruebe por decreto, con el apoyo de los partidos independentistas (previsiblemente sin el PNV) y se convalide en el Congreso en más o menos un mes, para poder presentarlo con label en la UE y optar al cuarto pago de los fondos europeos, habremos asistido a un logro político de la coalición en plena campaña electoral, y a un funeral, el del Pacto de Toledo, muerto por inanición en las garras de la avaricia política.

El problema del ‘suma y sigue’ es que no sirve para arreglar el verdadero problema del sistema de reparto, que es un agujero entre lo que se ingresa y lo que se gasta que será cada año mayor, que ya se está viendo en 2023 y que se agrandará a medida que los del ‘baby boom’ vayan teniendo pensiones muy cercanas o superiores al suelo medio del país. Arreglar el problema con más flujos de entrada y sin entrar en las entrañas del sistema y admitir de una vez por todas que, tal vez, haya que bajar algo las pensiones para que haya dinero para todos a largo plazo, es una huida hacia adelante. Sumar y seguir solo sirve para acabar en lo que será, más pronto que tarde, la tercera reforma de las pensiones, esté o no esté Escrivá, y puede que entonces llegue lo duro y tengamos que salvar por fin a las pensiones de los políticos.