El estado de alarma es lo que pasa por no hacer caso al médico de cabecera

Con la vorágine de los datos, no hemos sido conscientes en España de cuándo se perdió la convicción de que detrás de las decisiones de los políticos (al menos los nacionales) y las homilías de Fernando Simón, Illa y Pedro Sánchez había un equipo de científicos, a poder ser, la mayor parte de ellos médicos, que sabían de que estaban hablando y fundamentaban todas las decisiones que se tomaban. Lo creímos a pies juntillas durante los momentos más duros de la pandemia, porque era lo único a lo que aferrarnos al ver con impotencia a tanta gente morir cada día. Pero la famosa y ya maldita desescalada rápida en la que todos entramos felices nos ha traído a un lamentable estadio de descrédito de todas las decisiones y medidas que nos anuncian los dirigentes autonómicos, locales, nacionales, supuestamente científicos y hasta famosos.

Ahora nos encontramos ante otro estado de alarma, esta vez pensado solo como cobertura jurídica de las restricciones a la movilidad y a las reuniones sociales que parece que son la única vía para frenar al virus. No queremos parar la economía o, al menos, no del todo, pero para poder limitar las libertades en plena catarsis sanitaria, seccionando por comunidades autónomas o por zonas sanitarias, lo primero es la cobertura legal. Sin que algo así deje de ser loable, lo que no nos puede ocurrir es que ese afán por crear una estructura jurídica que evite una avalancha de litigios futuros a políticos mediocres sustituya a la base científica y médica que debe dirigir de nuevo todas las decisiones. hasta el punto de que ya no sabemos que camino nos marcan los datos (más allá de que son alarmantes) ni nos podemos fiar de nadie.

Una buena forma de volver a la senda más o menos correcta debería ser analizar bien los errores que se han cometido, sobre todo en aquella desescalada de junio y julio, y hacer caso a los que saben, aunque para ello haya que prohibir que opinen y decidan los políticos, y que lo hagan los médicos y los epidemiólgos, los que saben que significa tener una incidencia superior a 500 o 750 contagiados por cada 100.000 habitantes sin que pese sobre su juicio la inquina del poder o los intereses particulares de un gremio u otro.

Se supone que llegamos de nuevo al estado de alarma porque se ha roto la barrera de la atención primaria y no hemos sabido (ni querido, según los casos) crear y gestionar una red de rastreadores de la envergadura que era necesaria. Ni con el Ejército ni robando horas de trabajo a los MIR… Al final han sido los médicos de familia y atención primaria los que han tenido que sacrificarse ante una avalancha del virus, que ahora llega a la segunda línea de defensa con visos de volver a inundar los hospitales y las UCI. Resulta grotesco que cuando todavía casi nadie tenía los suficientes rastreadores y los médicos lanzaban alertas en los medios sobre su falta de capacidad y efectivos, la decisión política de turno se fundamentaba en que “todavía no hay que alarmarse, porque la letalidad es muy baja, ya no es lo de marzo”. Esas palabras salieron de la boca de un líder pólitico hace apenas un mes y medio y de esa falta de previsión y de entendimiento entre Estado y CCAA que se estaba generado, por puro egoísmo político, estamos de nuevo ante el precipicio.

Si algún político en su mediocridad hubiera consultado a cualquier médico de primaria, además de ver la precariedad con la que se trabaja y los centros de salud cerrados por la falta de efectivos, en plena lucha contra el virus, se habría dado cuenta de que su pelea va más allá de la medicina pura y dura, su efectividad esta en la prevención de todos aquellos condicionantes socioeconómicos que marcan el estado de salud de una comunidad. Esa es la forma más eficaz de conocer los riesgos que en una u otra autonomía, área sanitaria, comarca, capital, pueblo o lo que se quiera, se corren con la Covid suelta por la desescalada.

Hace ya más de tres décadas y media que se publicó el famoso informe Lalonde, que demostraba que el estilo de vida y los factores socioeconómicos son lo que determinan la evolución de las enfermedades en cerca de la mitad de los casos. Es más, apenas una décima parte se derivan de tener o no tener un buen sistema de salud, dado que también juega la genética y el medio ambiente. Ese informe es básico en atención primaria, y seguro que ha estado sobre muchas mesas estos días, pero no parece que fuera determinante en la mente de los políticos que tomaban las decisiones.

Al contrario, en lugar de pensar en lo difícil que es controlar el modo de vida en algunos sitios, como España sin ir más lejos, y reforzar los centros de salud cercanos que viven los problemas de la gente para intentarlo, esas percepciones del estilo de vida, la inclusión social y el cambio climático se venden como los planes de futuro que nos van a traer un montón de millones que vienen de Europa, vía digitalización y transición ecológica. Cierto es que el reforzamiento del sistema de salud es una de las premisas que se han puesto en todo ese reparto de dinero, pero ¿entrará también un curso de formación para que el modelo se gestione bien y no nos vuelva a pillar otra pandemia con gente en el Gobierno que no sabía la labor social de los médicos de cabecera o ni siquiera comprar mascarillas?

Además de los muertos y las restricciones a la libertad de movimientos, lo peor de esta segunda oleada del virus no van a ser las implicaciones económicas que suponga (que también), será que seguimos cometiendo los mismos errores de los que nos advirtieron los científicos al principio, escuchando a los mismo políticos multiplicados por dos,  con la diferencia de que ya no nos creemos nada. Hemos sepultado los factores sociales determinantes de la pandemia sobre los que nos previenen los médicos hasta asumir la alarma y el toque de queda como un capítulo más del día a día, a la espera de una vacuna, caiga quien caiga.