El federalismo fiscal del PSOE o el cuento de la lechera

No ha empezado de forma efectiva el Gobierno de Pedro Sánchez, y ya está claro que su intención no es estar al frente del país “unos meses de compromiso” y luego convocar elecciones, como parecía, sino de poner en marcha una acción efectiva de gobierno, aunque sea por poco más de un año y medio. Se tratará, pues, de sentar las bases de líneas generales de gestión frente a la tendencia marcada hasta ahora, más que de aprobar grandes reformas estructurales, aunque una cosa siempre lleva a la otra. La ventaja (o la oportunidad) que eso ofrece en estos momentos es poder demostrar en ese corto espacio de tiempo que la política es capaz de adaptarse al tremendo cambio económico y social que se está produciendo, tanto de la mano de la tecnología, como de los nuevos valores y formas de vivir que dominan en las mentes de las generaciones más jóvenes del país, todos esos que saben que en España hubo una dictadura y una transición política a la democracia porque lo han leído en algún sitio, sin mayor interés. O que saben que la peseta fue una moneda que pasó por aquí, sin más, aunque a los que tenemos más de medio siglo se nos caiga el alma a los pies cuando lo escuchamos.

Uno de esos pasos importantes hacia otro estadio político y social en España que estaba estancado hasta ahora sin que hubiera un interés claro del anterior Gobierno a desarrollarlo, es la nueva financiación autonómica y, con ella, la base para una reforma territorial más amplia. El PSOE siempre ha sido muy claro en su planteamiento de base federalista en ambas cosas, tanto en el lado fiscal como en el territorial, para acabar con los parches que hasta ahora se han ido poniendo a la gestión de los tributos y el reparto del dinero público entre las comunidades autónomas. Justo es decir que esos parches han servido y sirven aún para que el modelo aguante, si bien ello no obsta para que se busque un sistema más ordenado, claro y eficaz.

Una de las ventajas del modelo federal en materia fiscal es que llega con más claridad a los ciudadanos, está más cerca de las necesidades y los gustos de una autonomía o zona determinada, de forma que se puede distribuir entre ellos la renta de una forma más eficaz para cumplir con sus expectativas y el grado de bienestar deseado. Y eso es algo que reclaman las generaciones nuevas, una administración más cercana y transparente, en la que se vea para qué sirve realmente el dinero de los impuestos. Pero ese proceso lleva una segunda parte muy importante sobre la que siempre hay dudas: los gobiernos autonómicos deben ser capaces de asumir un mayor grado de responsabilidad a la hora de gestionar unos fondos públicos sobre los que van a tener más capacidad de decisión. Es decir, nadie se puede escudar en que “es lo que nos envían desde Madrid y nosotros no podemos hacer más”. Eso no va a valer. A más capacidad normativa, de decisión para crear una estructura de gasto y de gestión de los ingresos, más responsabilidad autonómica (con luz y taquígrafos). Y tanto cuando se tiene dinero de sobra para presumir, como cuando no se tiene suficiente como para llegar a todo o se ha repartido mal.

De la capacidad de explicación y negociación de este nuevo Gobierno va a depender, además, que se entiendan las cosas como son y no se manipulen. Una mayor descentralización fiscal no es un proceso de desmembración de la unidad de España ni de su modelo de solidaridad en el reparto de lo que es de todos. Ni, por supuesto, una mayor presión fiscal. Sólo debe buscar poner orden en algo que, ahora, no funciona bien, pero que sí tiene las bases definidas para que nunca se pierda un nivel básico de bienestar y servicios públicos financiado por todas las partes por igual. Los sistemas de nivelación horizontal y vertical, para que a las autonomías que no lleguen con su recaudación a ese común denominador, funcionan perfectamente en los diferentes tipos de federalismo fiscal que se aplican en los países más avanzados del mundo. Aquí no tiene que ser distinto, al contrario, con la calidad de nuestra Seguridad Social y las bases de un buen modelo educativo, solo podemos mejorar en esos aspectos. Y no se plantea nunca ceder todos los impuestos y toda la capacidad de gasto. En el grupo de expertos que ha estudiado la nueva financiación queda claro que no se debe descentralizar el Impuesto de Sociedades, e incluso que no hay que traspasar más por IVA, pero sí que se debe dar más margen a las autonomías en materia de IRPF o en otros tributos más cercanos a la gente con la que conviven a diario y a la que deben rendir cuentas.

Si se logra un entendimiento autonómico para reformar el sistema de financiación sobre una buena base, como puede ser el federalismo fiscal, ampliamente desarrollado por expertos de todos los sentimientos nacionalistas que hay en España (sobre todo los catalanes) se puede marcar un camino por el que seguir hacia un orden territorial que no excluya a nadie ni rompa la unidad de España ni merme su fuerza como una de las potencias económicas de Europa. Lógicamente, ese federalismo poco o nada tiene que ver con independentismo y derecho de autodeterminación; más al contrario, está contenido en el mayor grado progresivo de autonomía que la Constitución contempla para las comunidades españolas desde su nacimiento. Si se empiezan con resolver los temas del dinero, los demás vienen dados, dice la sabiduría popular. Aunque también dice que si todo se queda en buenas intenciones, estaremos de nuevo en el cuento de la lechera.