Ha llegado la hora de las concesiones a los nacionalistas... ¿A cambio de qué?

El presidente del Gobierno en funciones se mostró muy tranquilo durante la celebración del Día de la Constitución, seguro de que va a llegar a cumplir una legislatura ‘verde’ de cuatro años, aunque solo sea porque tenemos una Cumbre del Clima en Madrid y a la pobre Greta Thunberg agobiada. Pero por debajo de toda esa parafernalia política que siempre sabe aprovechar bien el líder socialista para ‘vender’ algo, lo que se vislumbra es que ha llegado el momento de las concesiones políticas a las dos muletas en las que se debe apoyar para mantener su poder en pie: por un lado, al ala izquierda de Pablo Iglesias, que no va a parar hasta que le dejen marcar los precios de los alquileres en las grandes ciudades, como símbolo máximo de su capacidad de control social; y por otro lado, a los grupos políticos autonómicos nacionalistas e independentistas, que van a pedir más dinero, soberanismo o ambas cosas a la vez.

Una vez alcanzado el pacto con Podemos, la coalición no solo deberá buscar la aritmética necesaria para lograr la investidura. Eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Ambas formaciones no tienen más remedio que ponerse a los pies de ERC para sacar adelante también unos Presupuestos, un partido de izquierdas que tiene un mensaje en Madrid y otro en Cataluña; una cúpula en la capital que intenta hacer amigos en el Congreso y unas bases en su comunidad de origen que solo ven enemigos fuera de sus fronteras, con su líder en la cárcel. Con esa inseguridad, la negociación con esa formación es como meter la mano a ciegas en una caja de bombas y esperar a ver que pasa. Ya explotaron los Presupuestos en enero y provocaron el 28-A, y lo pueden repetir en cualquier momento con cualquier excusa sobre la imposible autodeterminación.

En el mercadeo político en el que se está entrando con la formación catalana, la única moneda de cambio que desde el gobierno de coalición se puede utilizar es el reparto de dinero y poder en ERC, de forma que puedan convertirse, por primera vez en su larga historia, en el partido que gobierne la Generalitat, frente a los nunca buenos amigos de la antigua CiU y la burguesía catalana. Unas nuevas elecciones en Cataluña con Torra y Puigdemont más en entredicho que nunca, que den pie a una alianza entre el PSC, ERC y Podemos (y Colau) puede reeditar un tripartito liderado por el partido independentista catalán, a cambio de que olvidase, al menos de momento, la autodeterminación y el referéndum. Pero esto es solo la teoría que se maneja en Madrid. Otra cosa es lo que digan las bases del partido en cada una de las provincias catalanas.

En esas arenas movedizas, de nada va a ayudar un PNV que ve cada día más cerca la que ha sido una de sus demandas históricas, nunca conseguidas: la gestión propia de la Seguridad Social. El jugoso acuerdo sobre el Cupo que se logró hace un par de años y las inversiones que logran en cada Presupuesto con sus estratégicos escaños en Madrid, tendrían un complemento perfecto su fuera el Ejecutivo vasco el que gestionase las cotizaciones sociales de sus empresarios, aunque eso supondría buscar una fórmula que camuflase lo que en realidad supone: la ruptura de la caja única, algo impensable en la última década, pero que al País Vasco le daría el mayor grado de autonomía financiera y fiscal de Europa, con mucha diferencia sobre cualquier otro territorio. Sacar la Seguridad Social de Trabajo por exigencias de Podemos, y crear una agencia independiente para gestionar ese dinero, con la excusa de garantizar el futuro de las pensiones, fuera del control central de un Ministerio, puede abrir a muchas fórmulas válidas para los vascos, que siempre han sabido esperar con paciencia a que caiga la pieza. 

La única manera de poner orden (o desordenar del todo) ese maremágnum es sacar de la chistera un modelo de financiación autonómica, como base federalista o no, que permita un reparto de dinero a todas las autonomías acorde con sus intereses. No es complicado, el PP ya lo hizo y hasta los barones del PSOE se enfrentaron a su partido en Madrid por intentar evitarlo. El problema es que, con la cesión de impuestos y de capacidad de gasto de forma generalizada, que es de lo que se trata, se cede también capacidad de gestión y mando sobre el conjunto del Estado, algo que puede preocupar en Bruselas, como bien sabe la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Nos podemos perder en discusiones sobre la reforma laboral, el control de los alquileres o lo de subir o bajar impuestos, pero eso serán ‘peanuts’ si no se resuelve primero el meollo económico al que se enfrenta la coalición con el reparto de dinero y poder entre las autonomías más beligerantes.