Hipotecas 'chollo' al 1,5% fijo... sin una política de vivienda para los jóvenes

Desde que se acabaron los incentivos fiscales para la compra de vivienda no ha habido una política de largo alcance en España que salve lo que los economistas llaman las imperfecciones del mercado y ponga las cosas más fáciles a aquellos colectivos sociales que tienen problemas para acceder a la vivienda “digna y adecuada” a la que la Constitución dice que tienen derecho, aunque no sea un derecho fundamental. Y uno de esos grupos sociales que más sufren para tener un piso y poder independizarse, incluso para acceder a un alquiler barato, son los jóvenes. Lo grave es que no son solo los que no tienen unos ingresos y una renta, sino también los que sí los tienen, pero necesitan ese empujón inicial de ahorro de un 20% del coste total para poder acceder a una buena financiación hipotecaria. Una de las conclusiones más chocantes de un reciente panel de expertos en vivienda e hipotecas era la dicotomía del mercado actual: estamos con los tipos de interés más baratos que nunca han existido para acceder a una hipoteca y comprarse un piso, y con una de las peores políticas de vivienda (del Estado y de las CCAA) que jamás hayan existido en España.

Desde el sector financiero al académico y al promotor, la conclusión es la misma: con una oportunidad de verdadero chollo en las hipotecas, de tipos de interés variable con el euríbor en negativo y diferenciales exiguos, o tipos fijos a poco más del 1% (lo nunca visto), el mercado fluye gracias al esfuerzo del sector privado por facilitar las cosas, más que por el apoyo público. La estrechez de los tipos de interés y el escaso margen que deja el mercado hipotecario a las entidades financieras no ha impedido que en el mes de agosto pasado se disparase el número de hipotecas concedidas más de un 60% o se acumule un crecimiento de casi el 20% en el año, que es una exageración a todas luces. Aún así, las precauciones lógicas del negocio bancario limitan al 80% la financiación y ese 20% restante, en el caso de los jóvenes, es complicado de lograr. Algunas entidades, las más comprometidas con el negocio hipotecario, analizan caso por caso y flexibilizan ese límite, no sin riesgo, a falta de una política de vivienda que ayude a dar ese paso.

Hay alguna autonomía donde se aplican medidas concretas, como la subvención de parte del tipo de interés con avales públicos o alguna ayuda directa, pero ahora son ya la excepción, cuando hace apenas dos décadas eran la regla general y una de las vías por las que los más jóvenes pudieron tener piso. Es cierto que la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 fue un tsunami para este mercado, pero eso debería ayudar a no repetir los errores del pasado y curarnos en salud fulminando una política pública de vivienda avalada por un derecho constitucional para actuar sobre un mercado que, para determinados segmentos, no es eficiente por sí solo.

Algunos juristas ya han advertido que una cosa es el derecho a la vivienda y otra muy distinta el derecho a la compra de vivienda. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el primero de esos derechos, pero no el segundo, que no es un derecho como tal. Eso lo tenemos claro y es lo que justifica que no se pueden generalizar bonificaciones fiscales sin control como se hizo en el pasado sin establecer filtros por edad, renta o cualquier otro tipo de condicionante social que afecte al hecho de tener un piso propio en un lugar determinado. Cualquier actuación pública que lleve a transferir rentas e incrementar precios no es una solución al mercado, sino una grave distorsión en todos sus aspectos (suelo, construcción, venta y financiación) cuyas consecuencias ya hemos sufrido con dureza. Tampoco merece la pena perdernos en disquisiciones políticas sobre las bondades del alquiler y el control intervencionista de sus rentas en zonas tensionadas arbitrariamente establecidas, en un país de propietarios, como España, donde tener una vivienda es una de las mejores formas de invertir y ahorrar a futuro, por si acaso la pensión no llega.

Bonificaciones fiscales selectivas a nivel estatal o autonómico, avales públicos a la financiación, ayudas directas por rangos de renta o edad, flexibilización en las condiciones financieras de algunas entidades y hasta políticas de promoción de suelo para vivienda pública que respeten la competencia del mercado y solucionen el problema de la falta de oferta… Hay muchas formas de hacer una buena política de vivienda, muy centrada en la gente joven, sin provocar agravios comparativos y, ahora que está transferida la competencia, adaptadas a cada zona y realidad social en todos los rincones de España. El problema es que nos hemos encasillado en una ley de vivienda ideologizada y politizada, que se ha utilizado como primera moneda de cambio para un pacto de Gobierno, que será buena o mala, pero que no tendrá efectos hasta la próxima legislatura, cuando ya se haya cerrado la ventana de oportunidad que los tipos bajos actuales ofrecen y estemos frente a otra debacle económica sin precedentes que azote a la juventud y la deje sin trabajo y sin piso de nuevo.