Domingo, 21.07.2019 - 02:57 h

El imperio de la ley y del juez Marchena... sin gracietas legales

Es seguro que una de las cuestiones que más le preocupan al presidente del Tribunal que juzga a los presos del procés, Manuel Marchena son las acusaciones que se han vertido antes y durante el juicio sobre la banalización del derecho que en el proceso se podría estar haciendo de los delitos de sedición y rebelión, centradas sobre todo en si existió o no violencia en los actos que dieron lugar al 1-0. Más de cien catedráticos y profesores  firmaron un manifiesto con ese riesgo antes de iniciarse el juicio, dejando evidencia de lo difícil que le iba a ser al Tribunal fundamentar esos delitos para meter a la cárcel a los acusados. Ese fantasma de la banalización y politización de la ley ha vuelto a rondar esta semana por la Sala Segunda de lo Penal del Supremo cuando la presidenta del recién formado Congreso, Meritxell Batet, le pedía al juez un informe para justificar una decisión política sobre la inhabilitación de los cinco presos que juzga que han sido elegidos diputados y senadores.

Pudo ser una ocurrencia, un error, estrategia electoral o simplemente ganas de tener todos los cabos atados y la máxima seguridad jurídica ante la difícil primera decisión que se le ponía sobre la mesa a Batet. Todas las versiones han pasado por la mente de los políticos, juristas y analistas más avezados esta semana, de cualquier ideología o afiliación política, para explicar por qué se demoraba tanto una decisión que tenía una lógica aplastante, avalada desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento del Congreso (a elegir) y sobre la que la opinión pública crecía y se deformaba por minutos. De una forma o de otra, Marchena tiene muy claro que no debe permitir que cualquier reminiscencia política pueda enturbiar la buena marcha de un juicio sobre el que están puestas todas las miradas y que, hasta el momento, se está llevando de forma impecable.

Al final, los letrados del Congreso han dado una de cal y otra de arena, para curarse también en salud y no fundamentar su decisión en el reglamento de la Cámara, por si acaso a alguien se le ocurría poner dudas sobre el previo suplicatorio que hace falta para aplicar el artículo 21.1.2º para procesar a los diputados presos electos, y a pesar de que el propio Tribunal Supremo ya les había eximido de tal requisito. Y se ha impuesto lo que es implacable en derecho: ‘Dura lex, sed lex”, si la Ley de Enjuiciamiento dice expresamente que hay que inhabilitar para cargo público a los presos preventivos por rebelión, que así sea. Pero lo que Batet y su equipo de juristas no va a poder evitar son las críticas de que, para este viaje, tal vez no hacía falta llenar tanto las alforjas de argumentos jurídicos, sobre todo porque ese supuesto celo lo que provoca es que todo el mundo lo interprete a su manera y, a pesar de la solemnidad que da el Supremo y el buen hacer de Marchena, se corra el riesgo de banalizar el derecho y la aplicación de las leyes, cuando son tan claras.

Es la segunda vez que Manuel Marchena hace gala de sus buenos reflejos como juez frente a la vorágine política que todo lo impregna y amenaza con mezclar decisiones judiciales y poder legislativo, sin pensar en el importante significado que eso tiene para el Estado de Derecho, en general, y para culminar el juicio al procés sin un ápice de duda, en particular. Ya estuvo hábil cuando rechazó ser presidente de un Consejo General del Poder Judicial que se estaba fraguando entre el ‘mercadeo’ político y los intereses partidistas, más que para ser un elemento efectivo en el gobierno de los jueces.

Tampoco ayuda a confiar en el respeto a la ley de todos los políticos recién sentados en su escaño el ‘chalaneo’ que se genera con todas las fórmulas utilizadas para jurar o prometer el cargo. Cierto es que cabe margen de tolerancia al aclarar que se acata el juramento o la promesa “por imperativo legal” (como no puede ser de otra forma), pero las coletillas de la libertad de los presos, el 1-O o las repúblicas pendientes de conformarse, son un exceso que se sale de todo sentido común y es más que dudoso que guarde los límites del decoro político, como se les pide a los diputados. Las gracietas para los memes y las redes sociales, pero no en algo tan serio como la constitución del Congreso de los Diputados, donde reside la voluntad y la soberanía de todos los que votamos en este país.

Si ya es difícil de por sí poner el derecho a la altura del desarrollo social, en pleno auge tecnológico y científico difícil de abarcar en normas, no parece sensato permitir que cuando las cosas estén reguladas por la ley con una claridad supina, se permitan banalizaciones y manejos interesados de algo que fundamenta la convivencia y el respeto a la dignidad de las personas, base y fundamento de la Constitución que todos nos hemos otorgado. Si no cuidamos el cumplimiento estricto de la ley y nos respetamos a nosotros mismos, mal podremos exigir después el respeto de los demás.

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