La batalla económica electoral va cambiando de cuento

Todavía andábamos en los inicios del otoño de 2022 cuando desde los centros de decisión de Moncloa salía una orden extraoficial hacia los ministerios, sobre todo los de marcado carácter económico, para que acelerasen y planteasen los antes posible todo lo que se pueda ‘vender’ en el segundo semestre del año con el ‘label’ de la presidencia europea, a la vista de que era imposible pasar a primeros del año que viene las elecciones generales, a las que la Junta Electoral había puesto la fecha tope inamovible del 10 de diciembre.

Pero ha habido un cambio importante en el guion de ese cuento, aún sin cerrar, y de aquel planteamiento, para que nadie se relajase en las vacaciones de diciembre, se ha pasado al ataque: de la primera excusa justificativa de que una presidencia de turno de la UE “ni te da ni te quita nada”, como ha ocurrido en Francia, el PSOE ha pasado en apenas tres meses a considerar ese periodo como clave para sacar pecho de los logros europeos, con el tope a gas como bandera, la guerra de Ucrania como paraguas que justifica casi todos los males de la economía y la buena imagen que Sánchez tiene entre sus homólogos europeos frente a un Feijóo que intenta acelerar en Bruselas, pero que no dejar de ser nuevo en la plaza.

Hace poco menos de un año, tras la irrupción del nuevo líder del PP en Madrid, el mensaje económico que se lanzaba desde sus filas y en algunas de sus primeras intervenciones como nuevo candidato a dirigir el país era contundente, duro y bien armado, sobre todo porque la amenaza de una crisis dura planeaba en verano sobre todas las cosas. La percepción de que ‘lo peor ha pasado ya’, que se vaticinaba después del verano, ha sido una de las claves que han embridado el discurso puramente económico del PP, para pasar a una guerra de datos en la que el Gobierno, con los mandos bajo control, tiene más de dónde tirar.

Hay una clave que reitera el CIS en cada encuesta y que desde Moncloa han resucitado ahora, a la vista de que van a poder presumir de logros económicos pese a los ajustes de los próximos meses. Es más, esos ajustes les vendrán bien para transformar los argumentos a su favor en todo momento, ante la falta de un sentimiento económico catastrofista como el que predica la derecha. El dato del CIS que se ha hecho realidad y marca la pauta es la percepción de que, de la misma manera que hay una mayoría social que teme que las cosas de la economía española (en general) van a ir a peor, hay otra mayoría casi similar que asegura que las cosas de su situación económica personal (particular) no van tan mal. La inflación aprieta, pero no ahoga, y si los salarios mejoran algo, todos contentos.

En ese escenario, los axiomas populistas en contra de la gestión económica del Gobierno a modo de autos de fe ya no calan con tanta fuerza como lo hacían hace año y medio, en plena campaña de Ayuso contra Sánchez para sacar su mayoría absoluta en Madrid. La guerra económica electoral, primero para las autonómicas y municipales, y después para las generales, va a ser la clave de una población que cada día más vota con el bolsillo. Las explicaciones al detalle que unos y otros sepan dar a los votantes para demostrarles que sus opciones son las mejores para mejorar su situación económica particular (no general), van a ser las que inclinen la balanza de un lado u otro, para ver después hasta que punto es necesario el apoyo de los nacionalistas y la izquierda, por un lado, o el de la extrema derecha, por otro.

En ese contexto de pelear por lo particular es donde se la juegan muchos alcaldes y presidentes autonómicos, cuyos mensajes difieren en gran medida de los de su partido a nivel nacional, algo que se ve sobre todo en los barones del PSOE, que no quieren que un voto de castigo como el que tumbó a Zapatero en la anterior crisis les perjudique en sus territorios. No es una situación que parezca preocupar en Moncloa, cuyo enfrentamiento clave será tras la primavera. Antes de llegar a ese campo de batalla, la lucha descentralizada de los socialistas persigue evitar un descalabro en bastiones como Valencia, Extremadura o Castilla La Mancha, además de conservar el poder en el mayor número de ayuntamientos posible. 

Las municipales se han convertido en la gran baza del PP.  Una debacle socialista en mayo echaría por tierra incluso los logros económicos de los que pueda presumir Sánchez, ante unas elecciones generales que apuntan ya más a noviembre que en diciembre.  Las protestas enquistadas contra Ayuso por un conflicto sanitario que le puede costar muy caro no son la mejor carta de presentación. Un exceso de confianza de los barones populares no es aconsejable ahora, con el discurso económico en contra. Queda el recurso a la sedición, la malversación y el fiasco de la ley del 'solo si es sí' de los socios de Sánchez, pero no va a ser eso lo que piensen los que votan con el bolsillo.  El cuento cambia y nadie sabe quien se va a comer las perdices.