Menos atascos, sin contaminación... ¿Se vive mejor sin taxis y con VTC en Madrid?

Hace poco más de una década, cuando no existían Uber y Cabify, era casi imposible hacer un reportaje sobre el taxi de Madrid en el que estuvieran presentes las tres asociaciones principales del sector. Una revista institucional intentó reunir a los tres líderes de entonces para hacer un tema promocional de mera gestión de su negocio como autónomos, y comprobó como uno de ellos no se presentó por no sentarse en la misma mesa que los otros dos; y cuando se quisieron dar cuenta, sin empezar a hablar del tema, los dos que quedaban habían llegado casi a las manos. El reportaje no salió y los taxistas se fueron cada uno por su lado (nunca mejor dicho).

Por más que sea solo una anécdota, aquel ‘affaire’ periodístico refleja lo que ha sido la realidad del sector del taxi en una gran capital como Madrid: un enfrentamiento radical entre ellos mismos, que solo se ha superado ahora, cuando han visto que el uso de las nuevas tecnologías y la aparición de otros formas de resolver este negocio a partir de aplicaciones como las de las VTC ponen en duda su tradicional cuasi monopolio. No cabe duda de que las circunstancias han cambiado mucho, pero una de las cuestiones a tener en cuenta para intentar entender por dentro el tremendo conflicto social que los taxistas han abierto es saber de dónde viene y cómo ha evolucionado en estos años.

Por ejemplo, a nadie se le escapa que con la llegada del euro, a primeros de siglo, el ‘redondeo’ al alza que aplicaron los taxistas multiplicó sus ingresos de forma exponencial, y muchos de ellos pasaron a tener varias licencias, facturaciones de entre 4.000 y 6.000 euros mensuales por coche en las grandes capitales y conductores mileuristas a cargo para exprimir al máximo el momento y cada vehículo. Subieron los precios de las licencias… claro. La crisis también les azotó, como a todo el mundo, y de repente (sin VTC todavía) pasaron de ser ‘señores del taxi’, a tener que pasar un mínimo de doce horas al volante para poder garantizar unos ingresos mínimos con los que afrontar el pago del seguro (más caro que ninguno), el combustible, las reparaciones, las exigencias técnicas y regulatorias del Ayuntamiento, y dejar una reserva para comprar otro coche tras unos cientos de miles de kilómetros. Bajaron los precios de las licencias… claro.

Entre unas cosas y otras, Madrid se colocó con más de 15.700 taxis y Barcelona pasó de 10.000, muchos de ellos a modo de refugio laboral de gente que tuvo que dejar su trabajo por la crisis de forma traumática y tras muchos años con contrato indefinido. Pero todo ha pasado sin importarles el avance de las nuevas tecnologías y, lo que es peor, la proliferación de unos usuarios cada vez más informados y exigentes a los que hay que adaptarse. Basta recordar la tremenda resistencia que pusieron en su día al pago con tarjeta. Ahora todos los llevan y admiten sus ventajas. 

La mejor ‘adaptación’ a los nuevos tiempo ha sido la ventaja de levantar la mano y coger un taxi, un lujo que solo se puede disfrutar en algunas capitales del mundo, muy pocas, y a un precio competitivo. Pero en España siempre ha chocado el tremendo corporativismo del negocio del taxi en algunas capitales, donde levantar la mano no funciona y hay que llamar para que vengan a buscarte a un precio alto, con un servicio de calidad (como las VTC), frente a la comodidad de Madrid y Barcelona, donde en cualquier esquina te coge un coche con luz verde. El problema es que eso, que también ocurre en Nueva York y en pocos sitios desarrollados más, no es una ventaja competitiva, es una distorsión del mercado, que como se ha comprobado ahora, puede verse superada por el uso de una aplicación que te permite llamar a un taxi desde el móvil, que es mucho mejor que desde la acera levantando la mano. Y luchar ahora contra eso es pelear contra el progreso y, lo que es peor, contra las necesidades de los usuarios.

Después de catorce días de enfrentamientos, manifestaciones y protestas de los taxistas, sin haber provocado una movilización social más allá de la que ellos mismos protagonizan, el resultado es un decreto en Cataluña más que polémico y ninguna solución en Madrid. Ahora, las VTC anuncian una querella nada menos que por organización criminal y desórdenes públicos contra el taxi, por los incidentes violentos que se han generado y los coches maltratados, algo con pocos visos de ser un camino para lograr una solución al conflicto. Las protestas y las bravuconadas de los taxistas tienen toda la apariencia de haberse realizado bajo el envoltorio que tipifica el delito de organización criminal, salvo en un detalle importante que desarbola toda esta estrategia y que pude hacer que, por ese delito no se admita a trámite: habría que demostrar que existe un “lucro ilícito”, y eso será muy difícil. En cuanto a los desórdenes, serán menores si no media uso de armas, hay riesgo para la vida o se pone en peligro a multitudes en eventos públicos. Y eso no ha ocurrido todavía. 

Pero si la querella en la Audiencia no es el mejor camino legal, no deja de ser válida la opción que tienen las VTC para demandar un decreto catalán que está muy cerca de vulnerar todas las reglas básicas sobre competencia y libertad de mercado que rigen en España, y que además están avaladas por la Constitución. Es más, si un pleito iniciado por este camino llega al Tribunal de Justicia de la UE, se podría demostrar incluso que la norma catalana atenta los derechos 'sagrados' en Europa de los consumidores (recordemos las cláusulas suelo), que son los grandes perjudicados de que Uber y Cabify se vayan de Barcelona, con el agravante de los 3.000 puestos de trabajo destruidos de la noche a la mañana. Para paliar una decisión tan lamentable como esa y evitar el previsible varapalo legal, la Generalitat se apresura ahora a regular para que haya “otros operadores”, pero eso no va a ser más que cargar de razones a quienes quieran demandar la situación por la vía de la libre competencia y el derecho comunitario.

Más allá de la batalla legal que se puede abrir, los taxistas deberían darse cuenta de una situación que han descubierto con sus protestas en Madrid: llevamos catorce días de conflicto en los que se circula mejor que nunca por la capital, no hay atascos, se contamina mucho menos y los VTC llegan a tiempo de atender a todo el mundo a medida. Es decir, que han dejado abierto un flanco grave, la demostración de que en Madrid se puede vivir sin taxis o, al menos, que tal vez no son tan necesarios como se cree y que una reestructuración de su negocio, aprovechando las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen, tal vez sería buena para todos los ciudadanos. ¿Alguien se ha parado a pensar que, pese a reivindicarse como un servicio público, sus demandas sólo les benefician a ellos y sus protestas nos perjudican a todos? Al menos, tendrían que hacérselo mirar. Por ahora, un ciudadano que necesite un taxi o se interese por el tema va a tener la opción de conocer las ventajas de las VTC, en un lado, y a unos señores que rompen coches y gritan “guerra, guerra, guerra”, en el otro.