La miopía política de recortar pensiones a la brava sin el Pacto de Toledo

Acercar cada año más lo que realmente se cotiza a la Seguridad Social a la jubilación que se debe cobrar al final de la vida laboral de las personas es una de las tendencias que todos los expertos marcan como remedio paliativo para frenar el déficit del sistema de pensiones, que se comerá el año que viene más de 10.000 millones de euros todos los meses. La última reforma de 2011 ya apuntaba en esa dirección para pasar en 2022 a un periodo de 25 años en el cálculo de la base reguladora que marca la pensión a cobrar (diez más) de forma que eso no suponga un recorte drástico de las cuantías, sobre todo para quienes llevan una vida cotizando y se han ganado ese derecho. Es un proceso lento que puede gustar más o menos, pero aceptado incluso con el agravante de que el año que viene habrá que cumplir ya los 66 para poder jubilarse y en 2027 los 67.

Todo ello a la espera de que cristalicen las recomendaciones del Pacto de Toledo que se aprobaron el mes pasado y que deberían dar lugar más pronto que tarde a los cambios legales más aconsejables para garantizar que el sistema no reviente en antes de 2060, que es cuando una buena parte de los que hemos nacido entre el 60 y el 75 del siglo pasado (el ‘baby boom’) nos habremos muerto, con lo que el problema de la viabilidad del sistema estará solventado… y hasta ganará dinero. Es decir, si el modelo actual de reparto con parches y pasitos cortos hacia el precipicio, pero sin caer todavía en una bancarrota total que impida el pago en los niveles establecidos, aguantase 40 años más, no habría que preocuparse y se desterraría de una vez por todas ese mantra popular de que “nosotros ya no llegamos a lo de las pensiones”.

Hasta que el trabajo realizado en el Pacto de Toledo se convierta en normas legales, se le puede colgar el ‘sambenito’ de que nadie sabe aún si tanta recomendación servirá para algo, mientras los expertos de un lado y de otro de la cuestión discuten si el sistema va a aguantar esas cuatro décadas con reformas progresivas o hay que darle un vuelco que aclare las fuentes de financiación, mejore la contributividad y separe lo solidario o asistencial de lo que es un derecho ganado a base de cotizaciones. Ha sido más importante de lo que parece el hecho de que en los Presupuestos que se van a aprobar esta semana se aporte por primera vez 14.000 millones de los impuestos de todos para los gastos impropios de la Seguridad Social, que serán 23.000 millones en tres años. Y es un logro que se debe achacar en buena parte al trabajo a contrarreloj que ha hecho la Comisión del Pacto de Toledo. Eso empieza a desgajar el modelo y abre camino para acercar más lo que se cotiza a lo que se cobra, que es lo correcto.

Pero el escenario de las pensiones a futuro sigue siendo el del miedo. Nadie sabe a ciencia cierta si llegará a tener dentro de diez años una pensión media nueva de jubilación de más de 1.400 euros al mes, que son las que se están dando ahora, casi en el mismo nivel del sueldo medio del país y, sin duda, muy encima de lo que ganan muchos jóvenes (y menos jóvenes) con trabajos precarios. Por si ese miedo era poco, el globo sonda del ministro ‘outsider’ de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que antes de llegar al cálculo con 25 años y sin mostrar mucho respeto a los últimos cuatro años de trabajo del Pacto de Toledo, ya tiene hechas las cuentas para ampliarlo a 35, aunque eso suponga dar un recorte drástico de la noche a la mañana a las nuevas pensiones, no ayuda a nada. Al contrario, es para echarse a temblar.

El planteamiento de Escrivá, vaya o no en la línea correcta, amenaza ahora con convertirse en otra de las grandes peleas entre los socios de la coalición de Gobierno, a ninguna de cuyas formaciones pertenece ni ha pertenecido el titular de la cartera, cuya vida profesional ha estado siempre más cerca del liberalismo que de la socialdemocracia. Unidas Podemos ya dice ‘sotto voce’ que esa puede ser la madre de todas las batallas con los aliados socialistas si de verdad se pone sobre la mesa, con más carga política y mediática de la que han desarrollado para los desahucios o la subida del SMI, entre otras guerrillas abiertas entre supuestos ‘hermanos’ de izquierdas. Es decir, que el alarde del ministro para solventar el futuro de las pensiones se puede convertir en el acicate de una guerra política a corto plazo que eche por tierra cualquier solución a los problemas de la gente, justo lo contrario de lo que debe hacer un ministro.

Todos los expertos coinciden es que es necesario reformar el sistema de pensiones, aunque sus soluciones sean distintas. Se puede hacer de una forma más radical o con medidas paliativas arriesgadas, para analizar eso están los técnicos. Pero lo que está claro es que hay que hacerlo con una visión a largo plazo, para que el resultado no ahogue a las generaciones que tanto han trabajado por este país, como las del ‘baby boom’, ni arriesgue el bienestar de sus descendientes, que son bastante menos que ellos. Si en lugar de eso, lo que se hace desde la poltrona ministerial son alardes intelectuales para levantar guerras políticas con ambición electoral, en materia de pensiones seguiremos con el sálvese quien pueda mientras quede dinero, y el que venga detrás que arree. Pura miopía política.