La rabieta contra Ferrovial en campaña electoral es una bomba de relojería

La rabieta del Gobierno con el caso Ferrovial y la demagogia con la que se está actuando desde el estamento político de la izquierda rozan ya los tintes del ‘país de pandereta’ del que tanto hemos querido huir en nuestra imagen exterior, sobre todo gracias a los empresarios que salen fuera a jugársela porque el mercado interno se les queda pequeño y hacen las cosas bien. Si Sánchez se deja arrastrar también en este tema por una izquierda radicalizada que ha fracasado de manera estrepitosa en sus cuatro años de cogobernanza -sólo hay que ver lo del ‘sólo sí es sí’- y pretende ideologizar el caso, con los matices que se quiera añadir, le puede salir muy caro. Es muy poco alentador para la estabilidad jurídica que ‘vende’ Moncloa escuchar como sus socios de Gobierno están dispuestos a retorcer la ley y el modelo de libertad de empresa que impera en la Constitución para hacer doblar la rodilla al ‘enemigo’ Del Pino, porque no pueden ni saben hacerlo de otra manera. La decisión de la empresa puede ser buena, mala o regular, pero la ha tomado un consejo de administración con la libertad y el amparo que le otorga la Ley, y pensar en manipular el sistema para evitarlo se acerca a decisiones del siglo pasado propias de regímenes extremistas muy poco democráticos.

Uno de los primeros sondeos rápidos publicado este fin de semana advierte que hay una mayoría cercana a la mitad de los españoles que ven justificada la decisión de la compañía, porque será buena para sus intereses, a pesar de que sea una mala noticia para la economía española y para la imagen de España. Aunque se trate de una encuesta mínima y los políticos estén cegados por las elecciones, tal vez sería bueno hacer un examen de conciencia en Moncloa de lo que se ha hecho mal de cara a los empresarios, o todo lo que se ha legislado por decreto sin tenerles en cuenta. Si en lugar de eso, se incendia la situación con la difusión de los contratos que la empresa ha obtenido de obra pública -en buena lid y frente a la competencia- o se carga con descalificaciones contra la persona de su líder, cuya actividad sustenta (y seguirá haciéndolo) a miles de familias en España, se entra en una sinrazón que se sale del sentido común. 

Del Pino no va sacar su patrimonio personal fuera ni va a dejar de pagar impuestos; ni la actividad de las filiales españolas va a dejar de pagar sus tasas, impuestos, nóminas, tributos y facturas en España, por más que el grueso de su actividad y su futuro dependa de los contratos que tiene fuera. Ideologizar el tema y personalizar los reproches en boca de un presidente del Gobierno, además de estar fuera de lugar, solo persigue confundir a los ciudadanos y evitar la responsabilidad que la gestión pública puede tener en el caso de la forma más chabacana. Y eso la gente lo ve y no da votos.

Si nos ponemos en el lugar de quien tiene que buscar la financiación más eficaz, segura y barata para seguir adelante con su empresa en todo el mundo, con mentalidad abierta y de forma objetiva, dentro de la Unión Europea -todos somos europeos-, no es difícil entender que haya cierto temor a la inestabilidad política en España, tanto la pasada como la que vendrá. Sea el que sea el resultado de las elecciones generales de final de año, solo cabe pensar en que va a dirigir el país los próximos cuatro ejercicios una coalición de alguno de los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- con la extrema derecha o con la extrema izquierda, y eso no es alentador para quien tiene que jugarse su dinero y evitar primas de riesgo político millonarias. Ni que decir tiene que ese proceso, en miles de ayuntamientos y en los gobiernos autonómicos todavía puede llevar a situaciones más grotescas, como las que se ven en Castilla y León, o la simple falta de Presupuestos en la Comunidad de Madrid, de la que nadie se acuerda.

Claro que España es una democracia avanzada y, más o menos, estable; y es verdad que la macroeconomía no va a ir tan mal como se auguraba. Eso nadie lo duda. Pero deducir de ello que no van a surgir normas que afectan directamente el riesgo y a la actividad económica de muchos empresarios que están embarcados en una vorágine inversora auspiciada por la revolución tecnológica y medioambiental que vivimos, es pecar de incautos. Los impuestos a la banca y las eléctricas porque han ganado mucho dinero con la guerra no se sostiene como argumento y su construcción jurídica va a generar una avalancha de demandas que le pueden salir muy caras al erario público. Eso sí, cuando quienes lo han impuesto ya no estén en la política. Y aunque se pudiera argumentar a favor de esos dos tributos, imponerlos para aliviar el elevado coste de la inflación y los tipos en el bolsillo de los particulares, sin haber deflactado las tarifas del IRPF primero, es muy poco lógico.

Es más grave cuando llegamos al impuesto a las grandes fortunas, un sucedáneo del Impuesto sobre el Patrimonio de más que dudosa construcción legal, escaso poder recaudatorio y pensado solo para amargar un poco la vida a la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus bonificaciones fiscales. Hasta los redactores de libro blanco de la reforma fiscal apostaron por no mantener un tributo que puede ser confiscatorio a todas luces. Pero si había que hacerlo y, a sabiendas de que es el Estado quien quita y pone tributos, se podría haber hecho siguiendo su consejo y evitando agravios comparativos entre CCAA, en lugar de tirar por la calle de en medio con un nuevo tributo ‘alternativo’ a Patrimonio, que además de carecer de un hecho imponible propio -es el mismo en ambos casos-, atenta contra la autonomía financiera de las autonomías reconocida en sentencias del Tribunal Constitucional tan importantes como la que limitó el Estatut de Cataluña en 2010.

Para rematar la faena, Sánchez calienta su rabieta contra Ferrovial con la norma que le pedía Podemos para imponer la paridad en los consejos de administración de las grandes empresas, algo que no se entiende con claridad ni se puede aplicar de forma improvisada como respuesta a un caso concreto. Es evidente y hay que defender sin ningún tipo de dudas el aval constitucional que tiene la discriminación positiva de las mujeres, en una sociedad machista que viene de un mundo dominado por los hombres en el que las mujeres han tenido que soportar (y soportan todavía) situaciones que no respetan el artículo 14 de la Constitución. Pero es el propio aval del TC el que reconoce que no hay un criterio claro en la doctrina al respecto y advierte que hay que analizar siempre la proporcionalidad de la medida concreta de discriminación positiva que se introduzca, para no vulnerar el propio derecho a la igualdad en situaciones diferentes. Distinguir y valorar el mérito y la capacidad en situaciones distintas, también es igualdad; y no hacerlo por un feminismo o machismo mal entendidos al fragor de la batalla electoral, puede hacer un daño mayor que el mal que se quiere evitar.

No es de extrañar que cada vez más gente piense que el Gobierno se ha pasado de frenada en su cruzada contra Ferrovial y la familia Del Pino. Si anunciar una decisión importante de gasto público o de gestión económica cada fin de semana de aquí hasta que se termine el periplo electoral de 2023 es un marco estable, que venga Dios y lo vea. Y si cada vez nos acercamos más al manejo de los derechos fundamentales, peor todavía. Máxime con un partido de extrema izquierda en el Gobierno para quien el problema real no es que Ferrovial se vaya, lo que odian es que los empresarios ganen dinero de por sí, aunque eso sea el motor que mueve un país y el proceso del que comemos todos y con el que se pagan sus sueldos públicos.