Legislar 'a salto de mata' no sirve de nada... Y Catalá lo sabe

Cada vez es más evidente que el afán electoralista y mediático se ha apoderado de la agenda de quienes gobiernan y todo son ya acciones (u omisiones) que surgen ‘a salto de mata’, en lugar de reflexiones serias y serenas sobre lo que los ciudadanos necesitan a medio y largo plazo, o sobre cómo recomponer situaciones legales y sociales que se rompen por las costuras. El ejemplo más claro de ese devenir loco y sin cabeza del Gobierno ha sido la decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de resucitar la sección penal de la comisión de codificación para redefinir los delitos de abuso y agresión sexual, pensando que eso va a servir para que no haya algún juez que tenga su propia versión de unos hechos y los interprete en conciencia como considere oportuno, algo que es precisamente la esencia del modelo judicial.

Mientras en el Ministerio de Justicia echan cálculos sobre cuándo podría estar lista esa modificación puntual de un tipo delictivo siempre controvertido, para ver si les va a dar tiempo a adjudicarse un triunfo cortoplacista en plena vorágine electoral, los que de verdad saben lo que ocurre en el Código Penal, porque lo llevan en su cabeza y lo usan cada día, se quedan atónitos al ver los palos de ciego de un ministro que habla demasiado, está reprobado y huye hacia adelante antes de reconocer que se ha equivocado. Esta misma semana, los juristas más prestigiosos del ámbito penal, dentro de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), uno de los ‘think thank’ jurídicos de mayor nivel en nuestro país, se lo ha dicho muy claro a Catalá al presentar las bases para un nuevo modelo de justicia penal: “No se puede legislar a golpe de presión social emanada de casos concretos”.

Fiscales, magistrados, catedráticos y abogados expertos en el área penal (incluido un vicepresidente del Tribunal Supremo y un exfiscal general del Estado) llevan trabajando meses y lo tienen muy claro: “El Código Penal ha sido maltratado de forma severa en los últimos años, hasta el punto de que seguramente la mejor propuesta es empezar de cero y hacer uno nuevo; o, cuando menos, hacer una revisión íntegra del vigente”. Aunque no todos estén de acuerdo en todo lo que se discute sobre algo tan amplio, el consenso básico al que han llegado admite que hay que cuidar el modo de redacción de los tipos penales, como quiere ahora Catalá, pero también “adelgazar” su número y revisar el catálogo de penas y su proporcionalidad. O lo que es más grave desde el punto de vista del principio de legalidad en el que se basa el ordenamiento jurídico español, eliminar “la actual incertidumbre sobre los supuestos en los que una determinada condena lleva aparejado indefectiblemente el cumplimiento, y los que no”, para evitar la falsa percepción social extendida de que aquí nadie cumple “ni la mitad” de lo que le cae.

Lejos de lo que recomiendan los ‘sabios’, el Gobierno ha preferido recomponer con una paridad forzada de hombres y mujeres una comisión de codificación cuyos miembros ya se habían olvidado que lo eran, para aprovechar en su favor el malestar social que ha generado la sentencia de La Manada, en lugar de, por ejemplo, establecer un título específico en el Código Penal de delitos de corrupción, como si eso no fuera urgente. Son solo unos pocos ejemplos que demuestran que por atender lo más mediático, a veces se olvida gestionar con amplitud de miras y una visión más completa de cuáles son los verdaderos problemas de la justicia española.

Más allá de los temas sustantivos o de contenido, el documento que han elaborado los juristas de FIDE se extiende sobre todo en la necesaria transformación del sistema procesal penal, donde se hable, entre otras muchas cosas, de la carrera judicial, la redefinición de la instrucción y la asunción de la investigación criminal por parte del Ministerio Fiscal, una nueva Policía Judicial que evite el excesivo peso en el proceso de los informes de la UCO y la Udef, el alcance de los pactos judiciales en el ámbito penal y el principio de oportunidad, etc. De hecho, uno de los grandes problemas de la sentencia de La Manada ha estado en la valoración de la prueba, algo que entra directamente en el ámbito del proceso penal, pendiente de ser reformado. Tal vez si se hubiera avanzado en la transformación procesal y orgánica de todos estos aspectos estructurales que llevan tiempo siendo demandados desde todos los ámbitos profesionales del Derecho (públicos y privados), se habrían valorado mejor las pruebas y no habríamos llegado a una sentencia tan nefasta. Claro que para eso hay que dejar de pensar en votos y la debacle que las encuestas auguran para el partido que gobierna, admitir los errores y ponerse a trabajar.