¿Lo de la transición energética no era para bajar la luz?

La industria intensiva en consumo energético, como la siderurgia o los materiales de construcción, entre otros sectores, cuya actividad es clave ‘aguas abajo’ para mantener la competitividad de industrias tan importantes para España como los componentes de automoción o la máquina herramienta, está en viendo como le acecha la lava de otro volcán: el de la subida del precio de la luz y la incapacidad de las grandes eléctricas y el Gobierno de ordenar una transición energética hecha demasiado a bombo y platillo. “El precio del gas se me ha disparado; estoy rechazando pedidos y cierro el horno en quince días, hasta que pueda permitirme esos costes”. Son palabras repetidas cada vez más por pequeñas y medianas empresas industriales, de provincias y comarcas en las que su actividad es básica, a las que el desorden del precio de la luz les puede matar si no se ponen medidas pronto.

Dice la legislación que la energía es un bien de interés general en nuestro país, regulado desde el sector público, pero gestionado por apenas media docena de grandes empresas privadas en las que no se ha terminado de hacer bien la separación entre producción y comercialización, es decir, entre lo suyo y la parte de la energía que debe ser de todos, de forma que su poder sobre el sistema de formación de precios marginalista que hay en Europa es muy amplio. En términos más técnicos, la transición energética que se nos ha vendido a todos los ciudadanos como un idilio entre molinos de viento, placas solares y coches eléctricos, a medida que cerramos nucleares y centrales generadoras de CO2, presenta unas disfunciones de competitividad y sostenibilidad en el momento en el que el mercado del gas ha entrado de lleno en la especulación internacional (como lo hizo el petróleo y sus crisis), que pone en jaque la base industrial, la economía doméstica y el bienestar de cualquier país europeo.

Cada cual capea el temporal como puede: Francia con sus nucleares; Alemania y Dinamarca como más renovables bien apoyadas y reguladas, sin hacer daño al resto. ¿Y España? Con una pelea a muerte entre Gobierno y eléctricas, sin una base regulatoria suficiente para que despeguen las renovables de forma ordenada y con el recibo de la luz por las nubes porque arrastra unas rémoras del pasado que nadie comprende. Primero se vendió la pública Endesa a otra empresa pública italiana, que lleva años llevándose sus dividendos, y luego dejamos que los alemanes se hicieran con Gamesa, la joya de la corona de las renovables hasta ese momento. Es cierto que estamos en un mercado europeo unificado, pero también lo es que ante crisis como la de la luz y los precios del gas, cuantos más recursos se tengan para paliar el efecto perverso que se está produciendo en la industria, mucho mejor. Y el que venga detrás, que arree.

Todos sabemos que los combustibles fósiles derivados del petróleo deben dejar paso a las energías más limpias. Pero no se puede condenar de la noche a la mañana ese proceso cuando de su actividad dependen todavía muchas empresas, familias y una parte importante del consumo interno del país. El desarrollo del gas sostenible es una de las opciones que pueden dar estabilidad en un sector en transición entre un extremo y otro, sobre todo si se apuesta por la investigación y la tecnología que permita aprovechar al máximo sus utilidades, pero todavía es un proceso lento en nuestro país, que ha empezado más tarde que otros socios europeos en ponerse las pilas. También una revisión de la gestión del agua podría ser útil en un país cuyo potencial para tener energía siempre han sido sus pantanos, sobre todo a la vista de que los nuevos parámetros de la sostenibilidad y el medio ambiente han cambiado mucho las cosas sobre el uso de las cuencas hidráulicas.

A estas alturas de la cuestión y ante la vorágine de encuentros, seminarios y foros que se están produciendo en España sobre el futuro de las renovables y del sector energético, lo sensato sería poner unas bases más ordenadas en el cambio al verde que no sean la mera electrificación por que sí, sin adaptar las estructuras industriales a ese cambio y penalizando sobremanera con el ‘quien contamina paga’, porque todos contaminamos, no solo los combustibles fósiles. Todo ello acompañado de una regulación mucho más exhaustiva y cercana al consumidor y las pequeñas empresas en el caso de las renovables, sobre todo de la fotovoltaica, que reparta el beneficio entre todos los actores del proceso, desde las grandes capitales y sus comunidades energéticas (vecinos, barrios, servicios públicos, etc…) hasta la España vacía, que tiene delante una gran oportunidad para progresar.