Martes, 20.08.2019 - 08:36 h

Los excesos de la Portavoz frente a la callada de los jueces 

Si yo fuera juez, no me gustaría nada escuchar en los medios de comunicación que el Gobierno quiere lanzar una iniciativa legal, nada menos que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para mejorar la formación a jueces y magistrados en materia de igualdad de género. La sentencia del caso La Manada, primero, y la aplicación estricta de la ley para poner en libertad condicional a los condenados tras dos años de prisión provisional, después, han cargado las tintas contra la reputación del colectivo judicial, sin distinción entre justos y pecadores.

Los defensores de esta iniciativa aseguran que se ha probado en otros lugares y que ha dado buenos resultados, incluso con el beneplácito del colectivo judicial, ávido de mejorar su trabajo cada día. Y seguro que es así, pero el contexto en el que se produce ahora, con la sociedad tensionada y las protestas de nuevo en la calle por haber condenado como abuso sexual lo que fue una agresión, no es el mejor caldo de cultivo para que los jueces admitan que necesitan saber más de eso de que hay que tratar a lo igual como igual, y a lo diferente como diferente, tal y como dice el artículo 14 de la Constitución, elevado a la máxima consideración por una pura cuestión de dignidad humana.

Libertad y dignidad de la persona son la base de nuestra convivencia; sin ellos nada funciona. Y a partir de ahí, la igualdad de género, la integridad física y psíquica de las personas, y la discriminación positiva de la mujer se colocan en la cúspide de nuestra Carta Magna. Pero claro, aquí es donde llega la pregunta ‘bomba’ de este caso que no tranquiliza nada al ciudadano de a pie: ¿Cómo puede ser que los jueces y magistrados no tengan claro esto? ¿Qué es lo que hay que enseñarles ahora para que no haya más sentencias como la de La Manada? ¿Servirá esa formación para remover mentalidades y cambiar ideas preconcebidas en un colectivo de alto nivel intelectual?

Es evidente que, para esa formación, sería muy efectivo revisar los tipos delictivos del abuso y la agresión sexual en el Código Penal, y aclarar de una vez por todas cuando en un contexto como el de este caso, la intimidación (necesaria para la agresión) y el "abuso de superioridad manifiesta" al que se refiere la sentencia, pueden ser lo mismo. El Gobierno anterior ya puso en marcha una comisión de codificación para estudiar los cambios necesarios que habría que hacer en estos delitos, pero sin resultados por el momento y con un handicap importante de cara a la seguridad jurídica: no se puede legislar en caliente y reformar a salto de mata el Código Penal, porque el resultado final puede ser un engendro jurídico nada recomendable. Los grandes penalistas de este país agrupados en la Fundación FIDE ya se lo advirtieron a Rafael Catalá hace apenas tres meses, en su propuesta para una reforma global y sensata del Código Penal, que no debería caer en saco roto, aunque se tarde algo más en hacerlo.

Tampoco se hasta qué punto todas estas reformas sobrevenidas en materia judicial son prioritarias, frente a otras iniciativas más urgentes para la Justicia, que las habrá. Lo que es seguro es que la ministra portavoz, Isabel Celaà, no va a ser quien mejor nos explique todas estas cuestiones, después de las dos meteduras de pata tremendas que acumula en apenas tres ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros y Ministras. No es de recibo que alguien con esa responsabilidad lance el mensaje de que el Gobierno se personará en los procesos judiciales como el de La Manada para defender a las mujeres, sin que nadie le haya advertido antes que el Gobierno no se puede personar en ningún proceso entre particulares, por una pura cuestión de separación de poderes. Eso lo hace el Ministerio Fiscal, cuando se entra en materia de defensa de los derechos fundamentales y la protección de menores. Ni supo explicar que el 155 se había retirado una semana antes de anunciarlo y era algo más que "sellar" unas facturas del banco, ni hace un favor a las propias mujeres y su lucha por la igualdad hablando en nombre del Gobierno de lo que no sabe.

El Gobierno no puede inmiscuirse en las labores del Poder Judicial y ya se ocupó el Ministerio de Justicia con sus explicaciones posteriores de intentar enmendar el entuerto a la ministra portavoz, pero aquí surge otra de las grandes incógnitas de la salida de la cárcel de los miembros de La Manada: ¿Dónde esta el Consejo General del Poder Judicial? Habrían sido muy útiles unas explicaciones mínimas del auto de libertad condicional, aunque solo fuera para respaldar la labor de los dos miembros del Tribunal que lo defendían. El razonamiento jurídico que se da sobre la distancia entre los condenados y la víctima, o el hecho de que la gente ya les conoce, no son muy precisos que se diga. Y el riesgo de fuga y reincidencia, no solo existe, es que el tercer ponente asegura que es evidente. Pero en este caso, los jueces han dado la callada por respuesta. Ni reaccionan a la idea de que necesitan formación, ni a las salidas de tono de la Portavoz, ni a las miles de personas que salen a la calle para pedir explicaciones, y eso no ayuda a paliar el déficit de reputación profesional (probablemente injusto) que este caso les está produciendo.

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