Los 'baby boomers' o la guinda en el pastel de las pensiones de Escrivá

Hace apenas dos semanas en este mismo artículo dominguero advertía del sufrimiento que para los ‘baby boomers’ iba a ser la reforma de las pensiones que preparaba el ministro José Luis Escrivá, entonces todavía con las espadas en alto con patronal y sindicatos para pactarla. Algunos empresarios y economistas importantes, de los que dependen muchos sueldos y jubilaciones en este país, se echaban entonces manos a la cabeza por la falta de entendimiento del ministro de la Seguridad Social con los agentes sociales en un tema tan importante, no ya por la necesidad o no de recortar las pensiones (que es inevitable) o elevar la edad de jubilación (que también lo es), sino por el oscurantismo con el que se enfrentaban a una negociación cuyo titular responsable siempre se guarda una baza en la manga para tener la última palabra.

Esa obsesión por poner siempre la guinda en el pastel es la que le ha traicionado esta semana, la de la solemne firma de su ‘medioacuerdo’ sobre las pensiones en Moncloa, al intentar dar explicaciones, precisamente, sobre lo inevitable: que los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70, además de haber sufrido varias crisis, entre ellas las dos más terribles de la democracia en los últimos diez años, tendrán menos recompensa al final de una vida laboral que, en la mayor parte de los casos, va a superar con creces los 40 años de cotización. El varapalo político y mediático que ha recibido Escrivá por su “mal día” no ayuda a confiar en que, dentro de cuatro meses, cuando nos vaya a presentar el ya temible “factor de equidad generacional”, es decir, la cuantía progresiva del recorte que se va a aplicar a las pensiones a partir de 2027, en plena jubilación de los ‘baby boomers’, no tenga otra carta en la manga que se le había olvidado comentar. 

Dentro del PSOE y de la coalición de Gobierno (que son dos cosas distintas) se ha convertido en tabú hablar de un posible recorte de las futuras pensiones, tras el convencimiento de que hay dinero suficiente para soportar el actual modelo de reparto, aunque para ello haya que aclarar las fuentes de financiación y colocar en la parte de los Presupuestos lo que le corresponda. Evidentemente, son muchos los votos en juego (los de los ‘baby boomers’), pero tampoco se puede ocultar lo evidente: tenemos un sistema muy generoso en el que un trabajador por cuenta ajena que se jubile mañana, tendrá una pensión media de 1.456 euros al mes, el mismo nivel que el sueldo medio que hay en España y muy por encima de lo que cobran cientos de miles de jóvenes (y menos jóvenes) mileuristas, desencantados con la vida que llevan y que no saben siquiera si van a poder vivirla en mejores condiciones que sus padres.

Esa tremenda distorsión y la falta de alternativas laborales dignas para los menores de 30 años son una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento y que va a dejar en nada las manifestaciones de jubilados. Es decir, firmar una reforma de las pensiones a medias con toda la parafernalia de los jardines de Moncloa y no tener en cuenta que ese problema va ligado a las políticas activas de empleo, la formación y hasta la gestión de las prestaciones del SEPE, es hacerse trampas al solitario. La coordinación entre los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social debiera ser total, o al menos parecerlo, y tampoco es así todavía a estas alturas de legislatura.

Cuando se filtró en los medios en enero  pasado la idea del ministro de la Seguridad Social de ampliar el periodo para la base de cálculo de las pensiones a 35 años, nadie en el Pacto de Toledo sabía nada, a pesar de que solo habían pasado dos meses desde la presentación de sus conclusiones tras un duro e intenso trabajo para poner de acuerdo a todos los partidos políticos que forman parte de esa institución. En ese pacto se apuntaron soluciones imaginativas para paliar en lo posible el recorte que pueden sufrir las pensiones si no se toman medidas más allá de dejar que las prejubilaciones y los EREs campen a sus anchas en la banca y otros grandes sectores sistémicos para la economía española. Los economistas más eminentes y algunos miembros del Gobierno ya han apuntado opciones como la ‘mochila austríaca’ que funcionan bien en otros países, a la vista del retraso que lleva aquí el macrofondo de pensiones de empresa y del varapalo fiscal que han recibido los planes individuales, pendientes de que llegue 2025 para poder sacarlos sin penalización fiscal y dedicarlos a otra inversión más rentable.

Del lado publico o del privado, opciones hay para que el modelo de reparto de las pensiones que tanto tiempo lleva funcionando en nuestro país sobreviva, aunque a los ‘baby boomers’ se les vaya a bajar la prestación media sí o sí. Es lo que toca y seguro que lo afrontarán con la valentía con la que han cubierto más de cuatro décadas de cotización sin rechistar. Pero lo que no merecen, ni ellos ni ningún ciudadano que paga sus impuestos, es que haya una descoordinación tan grande a la hora de definir las bases del modelo entre Gobierno, ministerios implicados, agentes sociales y Pacto de Toledo. Cuando en octubre se pacte el maldito factor de recorte, que se diga sin tapujos, cuánto y cuándo, junto con las alternativas imaginativas o técnicas que lo puedan complementar para que no sea tan duro. Sin tabús ni más 'guindas' de Escrivá. La transparencia bien explicada no tiene por qué ser una pérdida de votos. Al contrario. Lo que hace perder votos es que la mejor alternativa de ahorrar para la vejez en España siga siendo todavía comprar un piso y pagar una hipoteca mientras el cuerpo y la nómina aguanten.