Jueves, 24.01.2019 - 14:53 h

El azote político de turno para los empleados públicos

Cada vez que hay un cambio de gobierno en una administración, ya sea central, autonómica o local, asistimos a un lamentable desfile de personal que trabaja en el sector público a la sombra del poder de alguna formación política y tiene que dejar de hacerlo cuando llegan “los otros”. En el caso del vuelco que puede sufrir Andalucía, después de 36 años de control de todos los resortes del poder por parte del PSOE, ya se habla de los miles de empleados públicos que van a dejar de serlo, o que van a pasar a un rincón a dormir el sueño de los justos hasta que “los suyos” vuelvan. Ha pasado también hace apenas cinco meses a nivel nacional, tras la moción de censura que descabalgó a Rajoy de la Presidencia del Gobierno y empoderó a Sánchez, un periodo tan corto y tan convulso que todavía vemos como cada día se producen ajustes de personal de confianza (o no) en algunos organismos públicos.

A bote pronto, es evidente que ese tipo de procesos, cuando se generan de forma masiva y más allá de los puros cargos de confianza, dejan a la altura del barro el principio de mérito y capacidad que debe regir el trabajo de los servidores públicos, cuyo cometido es organizar, gestionar y atender las necesidades de los ciudadanos, no las de sus ‘señoritos’. Que este hecho sea ya asumido como normal es lo más lamentable de todo, porque lanza serias dudas sobre un colectivo amplio de funcionarios y personal laboral de la administración, suficientemente capacitados para los trabajos que desarrollan, y cuya valía profesional está siempre en entredicho. Entre los dos millones de funcionarios de todo tipo que hay en España, los miles de mandos intermedios y directivos que se mueven por la parte más alta del escalafón, ya sean funcionarios de carrera o personal laboral, se la suelen jugar con los cambios del gobierno de turno, cuando el trabajo que desarrollan es tan bueno para una ideología como para otra.

El Estatuto Básico de la Función Pública renovado hace apenas tres años ha venido a reordenar leyes y funciones en el maremágnum de empleo público que tenemos en nuestro país, sobre todo cuando se mezclan y se comparan situaciones en los distintos ámbitos autonómicos y el Estado. Pero no ha logrado frenar esa sensación o tópico social, que se lee incluso dentro los libros de texto de Derecho Administrativo de prestigiosos especialistas, de que “nunca tantos hicieron tan poco con tan altos presupuestos”, aunque siempre aclarando que no es por su culpa, sino por quienes les dirigen.

La ministra Meritxell Batet ha tomado cartas ahora y ha empezado por anunciar que va a poner en marcha la equiparación, al menos salarial, entre todos los funcionarios públicos (con la plaza fija por oposición) y el personal laboral contratado por las Administración Central, de forma progresiva y en sus distintas categorías, según ha adelantado La Información esta misma semana. Es más, los datos de la ejecución de las cuentas públicas revelan que se ha aumentado en unos 50 millones de euros la partida de más de 700 que normalmente se destina a pagar la productividad y los ‘bonus’ de los empleados públicos, tanto en las retribuciones básicas como en los niveles más altos. Que nadie gane menos de 1.200 euros al mes, al menos dentro de las 34.000 personas a las que afecta la medida.

Cierto es que esa equiparación puede ser un inicio, pero no frena el mal general de falta de motivación que aqueja al empleo público desde hace generaciones. Siempre se dice que la mayor parte de los jóvenes quieren ser funcionarios, pero no es porque les motive el servicio publico, sino por tener un sueldo seguro y no tener que preocuparse más. Junto con las medidas salariales, que siempre están bien porque aquello de que es sano alegrarse del bien ajeno, se echan en falta medidas que den a la función pública el valor social que realmente tienen, tanto en los trabajos más sencillos como, sobre todo, en los niveles más altos del escalafón.

El seguimiento y la consistencia en la aplicación de muchas políticas públicas, que no se pueden ver cortadas por la llegada de uno u otro gobierno, es fundamental para que un país funcione como es debido. Un alto funcionario como más de cuatro décadas de trabajo a su espalda en los máximos niveles se lamentaba hace apenas un mes de las pocas empresas británicas que habían elegido a España para salvar el Brexit y seguir en al UE y, a modo de explicación se preguntaba: si miramos los cambios y la parálisis pública que se han producido en la Comunidad de Madrid, el caos catalán (principales foco de atracción de empresas) y un Gobierno novel fruto de una moción traumática a nivel nacional, ¿que seguridad jurídica y estabilidad política les estábamos ofreciendo frente a otros enclaves europeos más cercanos, como París, Francfort o Amsterdam?

La pregunta se responde sola y en su desarrollo tienen mucha importancia la existencia de estructuras funcionariales en esos países europeos donde la formación continua de los empleados públicos y la generación de cuadros de mando motivados (de carrera) que evitan parálisis administrativas derivadas de los vaivenes políticos. Mientras en España los funcionarios y el personal laboral de la Administración mezclen sus funciones sin que nadie se aclare por qué, se contraten y descontraten sin mayor motivación y se vean solo como otro puñado de votos más para la ‘buchaca’, les podremos subir y equiparar los sueldos, pero no habremos arreglado nada.

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