Los Presupuestos del Estado o el plan de marketing de Montero

Una de las cosas más chocantes que suelen ocurrir a quien llega a gestionar un departamento del sector público, después de dos décadas de dura competencia en la empresa privada, es el tema de la gestión del presupuesto que se le ha asignado, no tanto por su administración habitual, sino por el hecho de que, si ahorras o no gastas toda la partida, lo normal es que el año siguiente, en lugar de premiarte por ello, re asignen una cantidad menor. “Si has gastado menos de lo previsto es que no te hacía falta tanto”, cosa que puede ser cierta en algunos casos, pero que deja la regla básica de la eficacia y la eficiencia en cientos de pequeños o medianos departamentos de gestión pública muy en entredicho. Al contrario, es muy habitual ver como en el último trimestre del año se aceleran los programas y las acciones a contratar (hagan falta o no en ese momento) para ajustar al máximo el gasto y verse recortados al año siguiente.

Por más doméstico o simplista que parezca esta aseveración, lo que subyace detrás de ella es un problema grave de los Presupuestos del Estado, que la semana que vienen empiezan a analizarse en el Congreso, y que hay que atajar cuanto antes por más que les pese a los políticos: el control y la evaluación del gasto público. Después de casi tres décadas analizando cada año desde los medios la presentación y ejecución de las cuentas del Estado, te das cuenta de que, al final, el Presupuesto no es más que un plan de marketing muy extenso donde se plantean muchas cosas que se van a hacer, y otras muchas que nunca se hacen. Todas las comparaciones en el debate político y mediático se hacen sobre lo que estaba previsto y lo que se va a cambiar, pero casi nunca se entra en lo que realmente se ha logrado, ni si se ha cumplido el objetivo marcado (si se había alguno) o si se ha hecho o no una ejecución eficiente de los recursos. Situándonos en ese plano, es normal ver como una de las mayores ventajas de la actual ministra de Hacienda es que puede estar hablando y defendiendo sobre el papel todo lo que pone en su proyecto hasta dejar exhausto a cualquiera. Otra cosa es que dentro de un año pueda decir lo mismo.

La falta de# evaluación de las políticas de gasto que se plantean en los Presupuestos son un problema que se ha detectado ya al más alto nivel entre los expertos en esta materia. Esta misma semana se acaban de presentar en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) las conclusiones de un estudio realizado sobre ‘la revisión del modelo de gasto público en España’, donde una docena de inspectores de hacienda, economistas, interventores del Estado, algún académico, letrados del Consejo de Estado, algún exministro y funcionarios de alto nivel (la mayor parte de ellos en activo en Economía, Hacienda y Fomento) han puesto de relieve la necesidad establecer un Presupuesto más serio, por resultados más que por programas, que permita evaluar lo que se hace con el dinero público. Así de sencillo, y así de grave al mismo tiempo. Sencillo porque no sería difícil hacerlo si hay voluntad política; y grave porque demuestra que los centros de gasto del dinero público no tienen una estrategia orientada a resultados, ni siquiera tienen sistemas de información que permita implantarla, sino que más bien actúan siguiendo las directrices políticas del momento.

Después de un año de trabajo en FIDE sobre este tema, resulta cuando menos preocupante escuchar a gente de tan alto nivel y que se pelea cada día con las cuentas del Estado, reconocer que las tres E que siempre han marcado el control del dinero público ordenado la propia Constitución -Eficacia, Eficiencia y Economía-, se han convertido en tres L lamentables -Letanía, Liturgia y Letargo-. 

Tal vez la reflexión elevada y el aviso de todos estos expertos en hacienda pública no llegue ahora en el mejor momento presupuestario en España, con un partido gobernando en minoría, que no ha sido capaz de cambiar la senda de déficit y el techo de gasto que le dejó la oposición por la derecha y depende de los votos de sus supuestos socios por la izquierda (ahora rota) para sacar adelante las cifras de su plan de marketing presupuestario, más que dudosas. Plantear en ese contexto que haya una autoridad independiente y reforzada (sea la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas) que vigile los objetivos para premiar a quien lo haga bien y ‘castigar’ a quien lo haga mal, es un poco voluntarista, pero sería siempre mejor que la práctica habitual de recortar la dotación a quien no se lo gasto todo o lo adjudica de cualquier manera.

Presupuesto por resultados, programación plurianual, coordinación con los planes de gasto de las comunidades autónomas, evaluación independiente de los objetivos, respaldo de la Ley General Presupuestaria, etc… son todo cuestiones que ahora mismo se pueden escapar del margen político del Gobierno. Pero no estaría demás que cada uno de los portavoces parlamentarios en cuestiones presupuestarias tuvieran en cuenta todo lo que advierten quienes saben de verdad de esto, cuando se sienten a escuchar las comparecencias parlamentarias en el Congreso, desde esta misma semana, analicen las enmiendas a la totalidad o negocien en comisión las enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos. Es el dinero de todos lo que está en juego.