Martínez, Fernández y Cía... el careo de la vergüenza

Da la impresión de que las penas por falso testimonio que establece el Código Penal español son demasiado flojas. Prácticamente nadie va a la cárcel por eso. Pero si quien no aclara la verdad, además, ha sido o es un servidor público, como lo fueron el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, las penas deberían duplicarse o triplicarse, porque no solo atentan contra la justicia, sino que se están riendo de los españoles que les eligieron para el cargo y confiaron en su capacidad para solucionar los problemas de la gente. Nuestro ordenamiento obliga a decir toda la verdad a quienes declaran como testigos y permite no hacerlo a quienes van ante el juez como imputados (o investigados), para que no se vean obligados a declarar en su propio perjuicio, pero en el caso de los expolíticos acusados de manipular fondos públicos en su propio beneficio o el de su partido (sea el que sea), ese privilegio no debería existir.

Se puede decir que el careo de esta semana entre ambos personajes ha sido casi de vergüneza ajena. El ‘duelo a garrotazos’ de Goya se queda corto casi siglo y medio después de haber sido pintado para reflejar a estos dos expolíticos, metidos en una trama como el espionaje al extesorero del PP fuera de los cauces legales marcados para hacerlo, a pesar de que tenían en sus manos todo el poder del Estado. Los policías más curtidos saben que las operaciones clandestinas, bien hechas, existen, y no se critican porque nadie las conoce y pueden incluso ser útiles y necesarias, pero lo de los papeles de Bárcenas y la operación Kitchen apunta a ser una chapuza digna de convertirse en serie de éxito.

Cualquier cargo policial bragado en operaciones de vigilancia, espionaje o lo que sea, independientemente de su nivel, sabe que los secretarios de Estado y los ministros del Interior han tratado siempre directamente con los responsables de los operativos. Así ha sido en la lucha antiterrorista y así es en las operaciones de supuesto alto secreto en las que está en juego la seguridad nacional, como la que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. La intervención de los dos exaltos cargos juntos, en lugar de despejar dudas, generó más al apuntar incluso a sus superiores en el Gobierno, que no podían ser más que presidente y vicepresidenta en ese momento. Es de esperar que esta vez no tengamos que aguantar otra ‘gallegada’ y esperar años para que nos expliquen si de verdad sabían algo, aunque solo sea para esclarecer el contexto de unos hechos que sus dos subordinados, con los que tenían una relación directa, no son capaces de exponer ni entre ellos ni ante un juez.

Resulta grotesco que apenas una semana después de que el Ejecutivo nos lanzara una orden para luchar contra las ‘fake news’ y la desinformación, sospechosa de querer tener controlados incluso a los medios, nos veamos con dos exservidores públicos de alto nivel en una competición de verdades a medias. Es más, se postula en esa orden la creación de una ‘comisión permanente contra la desinformación’ en la que además de la Presidencia y el CNI, uno de los componentes básicos es el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), la que antes dirigían al alimón Martínez y Fernández. 

Es cierto que esto es otro Gobierno con una orientación ideológica distinta y que el actual ministro de Interior es un juez con gran experiencia en operativos antiterroristas y policiales de todo tipo, que conoce perfectamente donde están las rayas rojas de la Justicia más básica. Pero también lo es que los ciudadanos somos los mismos, los que estamos descreídos de la política y que en cualquier decisión o iniciativa que se nos presenta sin definir ni aclarar bien hasta donde se puede llegar, no solo vemos fantasmas del pasado, a veces los podemos tocar. Careos como el que ha habido esta semana no ayudan nada; y órdenes donde se pone en duda el pluralismo de los medios de comunicación y se abre la puerta a ‘comisiones de la verdad’, menos todavía.

En este nuevo Gobierno de coalición de izquierdas también tenemos a un vicepresidente bajo sospecha, cuyos exabogados (despedidos sin más razón que sus denuncias de irregularidades) aseguran que “tiene un problema con el dinero que se manejó en México”. Eso además de que un juez de la Audiencia Nacional, nada sospechoso de ser amigo de nadie, ha querido llevarle ante el Supremo por manipular en su beneficio el caso Dina, donde de entrada, ya ha tenido que salir uno de los fiscales del caso Villarejo por las sospechas de su connivencia con los letrados y letradas de Podemos. Esperemos que, como en el caso de la Kitchen, no tengamos que asistir dentro de cuatro años a un careo similar al de los exmandatarios del PP que nos genere la misma vergüenza ajena.

Cualquier político que se precie y que sepa el valor que tienen las cosas por lo mucho que ha trabajado y sufrido para lograrlas, debe saber también que no se puede jugar a ser grandes estadistas cuando se tiene el poder y saltarse las reglas básicas del ordenamiento a conveniencia cuando vienen mal dadas. El problema es que no sé si nos quedan políticos así.