¿Merece la pena pelearse por el Impuesto del Patrimonio?

El Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio Neto de las Personas Físicas nació un año antes que la Constitución, en noviembre de 1977, dentro de un paquete de reformas fiscales urgentes y en los albores de la Transición, con el objetivo primordial de empezar a tener idea en la Hacienda del Estado sobre dónde estaba el dinero de las grandes fortunas tras cuarenta años de franquismo. Aunque la revolución de los datos llegaría más de veinte años después, los constituyentes necesitaban saber por dónde se movía el capital y el patrimonio para intentar montar un sistema tributario nuevo que avanzara hacia la deseada redistribución de la renta, que entonces se repetía en todos los mítines como un maná salvador que venía con la democracia. Lo que nadie se imaginaba entonces es que iba a durar más de cuarenta años y seguir en liza en la época en la que el Fisco sabe hasta las medidas de las personas físicas a las que grava y en qué rincones esconden el dinero que no declaran los empresarios.

Cualquier hacendista sabe que el carácter auxiliar de este tributo es la base de su esencia, dado el escaso potencial recaudador que tiene si se compara con la mayor parte de los demás impuestos directos, aunque a lo largo de su historia de altibajos esa función de ser un referente para según qué cosas haya generado situaciones injustas. Alumnos con escasos recursos se quedaban sin beca por el mero hecho de que sus padres tenían una casa (ruina) en el pueblo y pasaban del mínimo exento para declarar por Patrimonio. Es llamativo que siendo tan fundamental como se pretende para muchas cosas, nunca se haya desarrollado un reglamento para controlar su funcionamiento o evitar agravios comparativos, hasta el punto de que un contribuyente normal, votante de renta media, lo único que tiene cuando le hablan de este tributo es miedo, por si acaso le toca. Por más que se pueda justificar con la Constitución en la mano que la mera existencia de un patrimonio personal es susceptible de someterse a tributación con independencia de las rentas que puedan obtener sus titulares como resultado de su explotación productiva, a cualquiera le duele en el alma pagar por lo que ha conseguido después de una vida de esfuerzo, trabajo y sacrificio, sobre todo cuando ya había cumplido con sus obligaciones fiscales para llegar a donde está. De hecho, muchos lo entienden como una especie de doble imposición que se acerca a la confiscatoriedad, que justifica uno de los límites cuantitativos de la cuota a pagar por este tributo en relación con la base imponible del IRPF.

A nada que se profundiza en la historia y el funcionamiento de este tributo se entiende que tenga muchos más detractores que partidarios. Y se comprende también que haya comunidades autónomas que opten por ejercer sus competencias cedidas y reduzcan al máximo el pago a sus contribuyentes, aunque eso genere una situación de agravio comparativo incomprensible en la mayor parte de los casos y abierta a generar una demagogia y un maniqueísmo político tan absurdo como ignorante. "Madrid es un paraíso fiscal para los ricos"…  pues hombre, no es cierto. Resulta que lo único que ha hecho Ayuso y algunos presidentes autonómicos más (no todos del PP) ha sido lo mismo que hizo el socialista Rodríguez Zapatero entre 2008 y 2012, suspender la aplicación del tributo con una bonificación del 100% en la cuota, para tenerlo a mano por si vuelve a hacer falta, pero no atracar a la gente con impuestos poco justificables si no era estrictamente necesario.

A las puertas de conocer el informe a la carta de los expertos de María Jesús Montero sobre la reforma fiscal, entramos de nuevo en una guerra particular cuyos resultados nos afectan a todos los españoles por culpa de un tributo puesto en entredicho y que tiene tintes de ser anacrónico. Es cierto que es necesario acabar con el agravio entre comunidades autónomas por este impuesto y evitar que los grandes patrimonios no paguen nada en Madrid y se vean crujidos en Guadalajara o Toledo, a media hora en coche. Lo mismo que ocurre con el Impuestos de Sucesiones y Donaciones, por más que la naturaleza y la justificación redistributiva e histórica de este tributo sea indiscutible dentro de la teoría de la Hacienda Pública y esté muy por encima de lo que ocurre con Patrimonio.

En el caso que nos ocupa del Impuesto del Patrimonio, hagan lo que hagan los expertos, la tormenta perfecta para la contienda política está servida. De un lado, la amenaza de una armonización que no eliminaría la dudosa eficacia de esta figura impositiva y generaría un conflicto constitucional no menor. De otro lado, la venda antes de la herida de una ley de autonomía financiera, tan legítima como provocadora, a modo de parapeto en la Puerta del Sol desde el que atacar la atalaya del Estado con la excusa demagógica de una libertad que no está en juego, pero sirve para ganar votos. La pregunta es ¿de verdad merece la pena tanta tensión social e ideológica poco constructiva por un impuesto como este?

Las huestes de Ayuso lo tienen muy claro y ya afilan sus espadas para clamar al cielo por un Madrid libre de impuestos, mientras que en el otro bando, Sánchez y Montero cuentan, a priori, con dos opciones ya experimentadas sobre las que pivotar: por un lado, se pueden hacer 'un Gabilondo' y decir aquello de que "yo no hablo de impuestos", no vaya a ser que pierda votos, lo que sería dar la batalla por perdida ante Ayuso la conquistadora, como les ocurrió en mayo en Madrid; pero por otro lado, se pueden hacer 'un Zapatero' y suspender la exacción del tributo con una bonificación para todo el mundo, sin perder el carácter censal y de referencia sobre el valor de los grandes patrimonios que ya tiene, sobre todo a la vista de que la recaudación va como un tiro y la economía se lo puede permitir. Puede entenderse como una retirada o una rendición  a corto plazo, pero también puede ser la opción más astuta, la que menos bajas en forma de votos provoque, la más científica desde el punto de vista jurídico y la menos dañina para todos los españoles. Una retirada a tiempo es una victoria, si se vende bien.