Metaneros frente a una crisis que nadie quiere ver 

En todas las fusiones de empresas energéticas y gasistas que se han planteado en los últimos veinte años en España -las que han salido bien y las que fueron solo intentonas-, una de las claves entonces desconocidas que se manejaban sobre la mesa era la posible flota de barcos metaneros que alguna de las partes ostentaba, porque ya se preveía entonces que podía ser un elemento estratégico de poder a la hora de transportar grandes cantidades de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, y el gas. Ahora incluso se podría contar cómo el traspaso de una flota de metaneros fue una de las causas que dio al traste con alguna de aquellas grandes fusiones. Y eso que nadie iba a imaginar entonces que, más de veinte años después, quien tengan un metanero tiene un tesoro, dentro del nuevo papel que quiere jugar España como intermediario en el tráfico de gas hacia Europa.

Sorprende la rapidez con la que el Ejecutivo le ha cogido el guante a los alemanes para incrementar las exportaciones de gas en un 30% en apenas unos meses, siempre que los franceses quieran dejar pasar el combustible fósil por su territorio con la capacidad que le pretende implementar España. Pero sorprende más aún que sepamos ahora de esa posibilidad, cuando se ha cumplido un año de la subida generalizada de los precios del gas provocada por Putin y casi seis meses desde que invadió Ucrania. Si lo que se buscaba desde entonces eran soluciones rápidas y una Europa más unida, esta opción no está siendo precisamente ni una cosa ni la otra.

Aunque están las espadas en alto entre Bruselas y la Península Ibérica para cambiar capacidad de suministro (por barco o por tubo) por menos recorte de gas ante el órdago de Putin, la llegada de ese impacto a la gran industria española, que muchos expertos del sector ven inevitable más allá de lo anecdótico de los termómetros y los escaparates, sería un fracaso mayúsculo de la gestión de Sánchez y Ribera, en la antesala de un eclipse económico de otoño que tiene despistados a todos los que se ganan la vida haciendo previsiones económicas. Cuando se recorran las cortinillas del turismo y quede en carne viva el desastre generalizado que, en el consumo, la inversión y el empleo están haciendo la subida del coste de la energía y de los tipos de interés, un mal mayor adicional vía recortes de energía en la gran industria puede ser la puntilla que acabe con todo.

No es de extrañar que entre las filas socialistas se haya instalado el convencimiento de que ya no va a haber más cambios de ministerios antes de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo. Seguramente porque no hay forma de prever nada, ni siquiera con las mejores encuestas.  La situación económica puede cambiar de la noche a la mañana de la mano de un motor energético que va a la deriva y no sabe todavía cuál va a ser su papel a medio plazo, con lo que para quitar o mover fichas en el ajedrez electoral habrá que esperar, sobre todo, a los resultados en los ayuntamientos, que es donde el Ejecutivo central se la juega en mayo. Las autonomías van cada una por su lado, salvo las incógnitas y crisis políticas de turno que pueden surgir si se quiere remover de la silla a candidatos como García Page u otros barones en duda.

Frente a ello y con una tranquilidad pasmosa, desde Moncloa se han dado órdenes ya antes de vacaciones de poner en marcha los trabajos de la presidencia europea de la segunda mitad del año que viene, que van a coincidir de lleno con la campaña electoral, con el 10 de diciembre como fecha tope para ir a las urnas. Es evidente que en el entorno de Sánchez no ven con tanta preocupación (o no lo quieren ver) la bomba de relojería en que se puede convertir la última parte del año y, mucho menos, creen que ese posible desastre en la economía (estancada y con la inflación por las nubes, es decir, paralizada y empobrecida) puede llevarse a todo un Ejecutivo por delante, incluido su reparto de fondos europeos.