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¿Cuántas empresas caerán porque no se ha adaptado la Ley Concursal a tiempo?

Juan Carlos CAmpo
¿Cuántas empresas caerán porque no se ha adaptado la Ley Concursal a tiempo?
EFE

La moratoria en la obligación de declararse en concurso de acreedores y admitir su derrota por la pandemia, puede ser un alivio a corto plazo para muchas pymes de este país metidas en una crisis que no merecen, pero al mismo tiempo puede convertirse en una prolongación ilógica de situaciones de insolvencia que no tienen ya más remedio, con el riesgo de terminar de ahogar a las partes del negocio que aún se pueden salvar. Es cierto que a nadie se le prohíbe declararse en concurso, pero también lo es que no es una práctica muy extendida en la cultura empresarial española, que lo ve más como una vergüenza que como una tabla de salvación, de forma que situaciones como la que se está viviendo en la actualidad son muy peligrosas a medio plazo y pueden convertirse en una verdadera avalancha de quiebras en la primavera que viene.

En España se vienen declarando cada año unos 4.000 concursos de acreedores, de los que una buena parte acaban en liquidación del negocio y otros sirven para recomponer las deudas o ‘salvar los muebles’ con la venta de alguna de las unidades productivas, que haga más llevadera la situación. En países como Francia o Alemania, esa cifra se multiplica por diez, y el ratio de ‘salvados’ frente a liquidados está más equilibrado, porque se entiende mejor la esencia de la norma, buscar la viabilidad del proyecto y refinanciar, en lugar de sentirse un fracasado. En España no sabemos fracasar sin hundirnos, y eso es un hándicap importante.

Consultores, economistas, asesores estratégicos, juristas, administradores concursales, subastadores… todos advierten que la debacle de la pandemia en las pymes oculta miles de empresas quebradas que subsisten pendientes de las ayudas (directas o indirectas) que les puedan llegar para evitar que el fin llegue tan pronto. Lo que vulgarmente se llama pan para hoy y hambre para mañana, y que supone un riesgo grande de destinar gran parte del dinero publico que el Gobierno va a dedicar a salvar empresas a proyectos muertos de antemano, las llamadas 'zombis'. Lo han advertido ya desde el Banco de España hasta la CNMC, junto a otras instituciones que siguen el día a día de la realidad empresarial, pero la prórroga de la moratoria mantiene oculto un número de insolventes que no es agradable conocer ni admitir por nadie, y mucho menos por un Gobierno pendiente de hacer valer sus promesas de reforma en Bruselas y con la economía en permanente cambio de previsiones.

Sería un alivio ver como los expertos en mercantil de Economía y de Justicia están dándole con fuerza a la máquina para adaptar en España la directiva europea sobre derecho concursal, que viene con medidas novedosas y válidas para resolver con rapidez, rigor y transparencia muchas situaciones empresariales críticas cuanto antes, en lugar de conformarse con un texto refundido de Ley Concursal que pone en duda incluso la capacidad legal de aplicar quitas a los créditos de derecho público, como se está haciendo. Adelantarse con la reforma de esa ley y aplicar un levantamiento progresivo o moderado de la moratoria concursal, es fundamental para no tener que tragar con una sangría de liquidaciones dentro de nueve meses por no haber sabido hacer las cosas bien ahora. Si confiamos en las vacunaciones y en que la actividad volverá poco a poco en verano, salvemos a las empresas también poco a poco para no perderlas para siempre. A no ser que quienes tienen que tomar esa decisión teman de forma terrible a la cuarta ola del virus y sepan de antemano que, en economía, no hay nada que salvar hasta el año que viene. 

Desde el departamento de Calviño aseguran que están en ello “para este año”, es decir, que nadie espere que la nueva normativa esté en marcha antes de 2022, mientras que en Justicia nadie sabe ni contesta, cuando es una trasposición comunitaria que debería estar realizada en el próximo mes de julio, como tarde. Es lógico que entre los profesionales que se dedican a la transformación y reestructuración empresarial, cuyo trabajo es básico para acelerar la salida de la crisis en la que nos ha metido la pandemia, cunda la sensación de desamparo y desánimo, mientras intentan realizar su trabajo con unas normas y unos tiempos judiciales que no juegan muy a favor de salvar empresas, más bien al contrario. A partir del levantamiento de la moratoria habrá que empezar a echar cuentas y comprobar cuantas liquidaciones 'express' se producen en empresas que no van a poder devolver ayudas ni impuestos ni deudas ni nada, porque hace meses que no podían hacerlo. Ahí estará el coste de no haber tomado decisiones a tiempo. 

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