Mucho que aprender del Concierto Económico vasco

El conflicto catalán ha venido a paralizar una de las reformas más urgentes y necesarias para la convivencia en España, un nuevo modelo de financiación donde se ahonde en un sistema más redistributivo y que evite agravios comparativos entre el dinero que da y que recibe cada comunidad autónoma para garantizar los servicios básicos de sus ciudadanos. La crisis catalana y la demanda de los independentistas de una especie de sistema de Concierto Económico para Cataluña similar al que tiene el País Vasco, ha servido para sacar a la luz un debate muy interesante, que no nos debe llevar a engaños: aplicar el Concierto y el sistema de Cupo en la caso catalán, incluso en todas las comunidades autónomas españolas, tal y como está concebido en el País Vasco, es absolutamente imposible, y sería totalmente insolidario y caótico.

Eso no quiere decir que el Concierto Económico vasco (o el Convenio navarro) sea un mal sistema, o carezca de legitimidad. Al contrario, cualquiera que se moleste en escudriñar un poquito su funcionamiento verá que ambos son modelos financieros muy bien pensados, incluso brillantes, que sirven perfectamente al doble objetivo para el que fueron creados: establecer una relación financiera bilateral con el Estado, avalada por la Constitución Española en 1978, y servir para un reparto efectivo y beneficioso para los ciudadanos vascos y navarros del dinero que pagan con sus impuestos. ¿Donde está el problema? Tal vez en que en nuestro país nadie se alegra del bien ajeno y aprende para mejorar, sino que prefiere lanzarse a la caza de cualquier atisbo de discriminación, con poco que ganar y mucho que perder.

Resulta, cuando menos, grotesco ver ahora, en 2017, las exigencias catalanas de un Concierto y un Cupo como el vasco para arreglar sus denostadas finanzas públicas y consolidar su independencia económica, cuando sus propios gobernantes lo rechazaron, por pura codicia, cuando lo pudieron hacer, como los vascos. Uno de los creadores del actual Cupo vasco y defensores del Concierto, Pedro Luis Uriarte, cuenta en un reciente libro sobre el Concierto, como en 1980, el primer gabinete de Jordi Pujol rechazó el ofrecimiento que el Gobierno de UCD le hizo para tener un Concierto como el vasco. Para ese primer ‘govern’, era un tremendo engorro montar una hacienda propia para recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar los tributos (todos); era también muy arriesgado (como establece el Concierto vasco), tener que afrontar situaciones de déficit con su propio dinero (sin las ayudas del Estado) en caso de exceso de gasto y déficit. Si los vascos gastan más de lo que recaudan, lo pagan ellos, no lo olvidemos, y no tienen ninguna transferencia estatal. Y en último lugar, Pujol y sus colaboradores de entonces estaban convencidos de que obtendrían más recursos con un sistema dependiente del Estado, pero que les permitiera plantear cada año ‘qué hay de lo mío’ y jugar con las mayorías parlamentarias en el incipiente Parlamento de Madrid. Así lo relata el propio Pedro Luis Uriarte, porque estaba presente en la reunión en la que se produjo ese rechazo al Concierto.

Desde entonces, vascos y navarros, ‘poliki, poliki’... han logrado en sus territorios un sistema de recaudación descentralizado en diputaciones forales y muy cercano a empresas y ciudadanos, que tal vez les haya dado un mayor bienestar y una capacidad de inversión y de fomento de la innovación a todos los niveles que otras comunidades desean. También es cierto que algunos de los impuestos más importantes (como el IRPF) son entre un 10% y un 20% mas altos que en el sistema fiscal común. Pero a primeros de los 90, cuando a los contribuyentes del modelo común con derecho a devolución se les hacía el pago en no menos de tres meses, en el País Vasco ya se hacía en poco más de una semana.

Se puede evaluar ahora, tras casi cuatro décadas de democracia, la conveniencia de revisar el Concierto vasco, o de comprobar que la presión fiscal que se produce en los territorios forales es “similar” o “equivalente” a la del resto del Estado. Incluso voces muy autorizadas tanto desde el País Vasco como desde el resto del Estado han advertido de la posible “insolidaridad” del cálculo del Cupo, cuya aportación del 6,24% por los servicios prestados por la Administración central (que el propio Pedro Luis Uriarte calculara hace casi cuarenta años, como consejero de Economía del primer Gobierno Vasco tras la Constitución, mientras escuchaba en la radio un partido del Athletic) puede no ser ahora el porcentaje correcto. Todo es sentarse a revisar números, parámetros, criterios y hasta votos, para llegar a un acuerdo. El actual consejero de Economía vasco, Pedro Azpiazu, ya ha demostrado ser un gran negociador en ese terreno.

Pero lo que está fuera de toda lógica es plantear ahora por parte de las fuerzas independentistas catalanas establecer un Concierto Económico como el vasco en su comunidad. Sobre todo porque ese modelo “negociador” por el que optó Pujol y su primer gobierno, con el que siempre les ha ido bien, les ha convertido en los mayores morosos del Estado español. A finales de este año, Cataluña tendrá una deuda de más de 75.000 millones de euros, casi el 35% de su PIB, de la riqueza que son capaces de generar en un año. Y algo más de 50.000 millones de ese montante se lo deben directamente al Estado, del que ahora se quieren independizar, para negar la mayor y no pagar lo que se han gastado de más. Es más, la mayor parte de ese dinero se ha generado en los últimos nueve años, precisamente después de la sentencia del Estatut y desde que se empezara a disparar el germen del nacionalismo radical que hoy mismo sufrimos todos.

Un modelo de Concierto no está pensado para gastar más de lo que se tiene, ni para hacer ejercicios de política ficción sobre bases que no son reales, y acusar a todos de que el Estado nos roba. Puede ser que Cataluña, por ser más rica, aporte más que otras comunidades al modelo común. Cierto. Pero también ha multiplicado por tres lo que gasta del Estado en menos de una década. Lo ideal es que el susto catalán se pase cuanto antes y todos los expertos fiscales del país implicados, con vascos y catalanes por delante si es necesario, se pongan a pensar en un nuevo modelo de financiación que consolide lo que funciona bien y evite más discriminaciones absurdas en algo tan importante como el dinero de todos.