Ni Patrimonio ni impuesto a los ricos... ¡Basta ya de demagogia política barata!

Mi primer encontronazo con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio fue hace ya 38 años (1984), al llegar a la Universidad Complutense a estudiar periodismo con toda la ilusión del mundo a la vez que trabajaba en la carnicería familiar. Tuve la osadía de pedir una beca y me la denegaron por el mero hecho de que mi padre tributaba por el Patrimonio, y a todo el que pagaba ese tributo no se le daban becas, por buen estudiante y/o trabajador que fuera. Nunca lo comprendí. Me decían que mi padre era ‘rico’ porque tenía un piso sin pagar y sin calefacción en Guadalajara, una casa vieja en el pueblo, un Renault 5 y la sexta parte de una carnicería en números rojos donde los más mayores de la familia teníamos que echar una mano desde los 14 años para salir adelante. Curiosamente, al año siguiente y con las mismas condiciones, sí que me dieron la beca anual de 75.000 pesetas (402 euros de ahora), lo cual dice muy poco tanto del funcionamiento de las becas de entonces, como del Impuesto del Patrimonio y su capacidad de control y redistribución de la riqueza de los contribuyentes, que era para lo que se había creado.

El siguiente encontronazo con ese ‘maldito’ tributo lo tuve en 2007, ya como periodista económico con trabajo, Seguridad Social, sueldo y vacaciones pagadas (cosa que en una empresa familiar pequeña era muy complicado de lograr), cuando tuve la ocasión de dar la exclusiva de su supresión en el diario económico en el que trabajaba, de la mano de los asesores económicos del presidente Zapatero que plantearon su bonificación estatal al 100% en la cuota -sin necesidad de eliminar del sistema la figura impositiva como tal- en plena precampaña electoral a finales de 2007. Zapatero repitió victoria en abril de 2008 y cumplió su promesa en diciembre de ese año. En aquel momento no se pensaba ni de lejos que lo volvieran a resucitar, dado que era un tributo obsoleto, repudiado en la mayor parte de los países de nuestro entorno, de escasa capacidad recaudatoria y más confiscatorio que progresivo.

El resto de encontronazos con el Impuesto del Patrimonio me los he dado con los grandes manuales de Derecho Financiero y Tributario que he usado en la UNED para aprobar la licenciatura en Derecho, en todos los que se vierten grandes dudas sobre la validez actual de ese tributo, una vez que han pasado 45 años desde que se creó, de forma coyuntural y con una finalidad de control u obtención de datos de las grandes fortunas españolas, que está hoy absolutamente superada. En plena transición a la democracia tal vez era bueno saber dónde estaban los ricos que el oscurantismo del anterior régimen había difuminado, pero en la actualidad es absurdo pensar que todo el mundo es rico porque sí, y gravar dos veces con un tributo patrimonios de gente que lleva cuatro décadas trabajando y pagando impuestos por todo lo que tiene, sea rico, pobre o mediopensionista. Aquellos tiempos pasaron y el tributo también, y volver a darle fuerza ahora no es más que negar el progreso y quitarle validez a los logros que tanto sufrimiento han costado a millones de españoles que, como mi padre, empezaron con una carnicería de pueblo o un pequeño comercio y ahora disfrutan de lo que es suyo porque se lo han ganado.

Es una falta de respeto muy grande por parte de los políticos de uno y otro bando de este país que, en plena batalla electoral populista de izquierdas y de derechas, se lancen a hacer demagogia sobre los impuestos personales que gravan la riqueza sin saber de lo que hablan en el 99% de los casos. De lado de la izquierda socialista y 'podemita', una mera inmersión en la teoría de la Hacienda Pública les dejaría claro que es imposible hablar de un nuevo tributo a las grandes fortunas mientras se mantenga en vigor el Impuesto sobre el Patrimonio. Igual que sería muy complicado definir qué es una gran fortuna o un patrimonio millonario (o diferenciar a un rico de los de antes con un inversor de los de ahora) en una sociedad donde el dinero es global y las rentas del capital -contra las que se creó el Impuesto del Patrimonio en 1977- ya no son las de hace cuatro décadas y sufren sus retenciones y sus pagos por plusvalías como marca la legislación, para seguir financiando actividad, empleo y, por supuesto, logrando beneficios. Si no fuera así, mal nos iría a todos.

Tampoco es lógico que las CCAA de la derecha vociferante concierten una guerra fiscal en base a Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, cuando saben que lo que marca la lógica y la teoría hacendística, y ha estipulado la Europa de la que nos llegan muchos fondos pagados con el dinero de todos, es la armonización de unos tributos cuyas bonificaciones regionales, no por legales, dejan de ser injustas y discriminatorias. Es cierto que la “autonomía financiera”, que no fiscal, que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas, ratificada curiosamente en la sentencia del TC contra el Estatut catalán en 2010, permite mover a placer el mínimo exento, la tarifa y las bonificaciones del tributo. Ya lo hizo Zapatero en 2008. Pero también lo es que eso es aceptable con matices en contribuyentes netos a la solidaridad nacional, como Madrid, frente a otras autonomías que van a perdonar tributos a sus grandes contribuyentes con una mano, y están pidiendo un aumento de las transferencias corrientes del Estado con la otra, porque el dinero no les llega para la Sanidad, la Educación y el resto de servicios sociales complejos a los que hay que atender cada día.

Después de tener un ‘libro blanco’ sabio con una reforma fiscal aceptable, que analiza de lado a lado todas las opciones progresistas que se pueden hacer en el sistema español para adecuarlo a los nuevos tiempos, parece mentira el populismo y la demagogia fiscal y tributaria con la que ha entrado un Ejecutivo al 'trapo' del PP. Es como si quisiera atender a los problemas de ‘la gente’, sin tener en cuenta a la gente. Nadie merece explicaciones a medias o perogrulladas como que "los que más ganan deben pagar más que los que menos tienen", para lanzar un impuesto a los ricos que hoy sería, simplemente, ilegal en España. Basta ya de palabrería barata y aclaremos a los españoles qué se va a hacer, cómo, cuándo, cuánto cuesta o hasta qué rentas llega en un sistema progresivo donde todos ganamos y todos pagamos desde cero. Todo lo demás sobra y, al fin y al cabo, más allá de las bonificaciones recurrentes, el Estado es el único que puede poner o quitar tributos. No se juega con el dinero de la gente, ni ricos, ni pobres. Tal vez así sepamos de una vez quién es la clase media trabajadora de la que tanto habla el presidente, que ni él ni nadie en su partido han definido nunca. Igual resulta que una gran mayoría de ellos son susceptibles de pagar el Impuesto por el Patrimonio y lo evitan votando a Ayuso…