Para hacer justicia también hay que ceder y saber perder

Apenas quedan tres días para que se ponga en marcha el primero de los juicios orales del caso Villarejo, que agrupa tres de las treinta piezas de la macrocausa -Iron, Land y Pintor- y que va a ser el pistoletazo de salida de un culebrón que lleva más de un lustro sobre la mesa y hay que aliviar por puras razones de higiene mental de toda la sociedad. Este primer paso puede ser un avance tras el último capítulo que ha venido a ensuciar de alguna manera toda la instrucción y que no ha dejado a nadie tranquilo en el entorno de la Audiencia Nacional: el furibundo informe de la Fiscalía Anticorrupción contra el juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, en el que se criticaba con términos durísimos la rapidez con la que se había desimputado a algunas empresas del Ibex y sus responsables, muestra un enfrentamiento que, a priori, genera desasosiego y desconfianza, en un proceso donde queda mucho aún por hacer.

El tremendo contraste entre la mesura que el juez ha demostrado en toda la investigación, haciendo caso en todo momento a los requerimientos de la Fiscalía -con la fuerza que ofrecía la actuación policial de Asuntos Internos- y la calificación que ahora se hace de su decisión por parte de esos mismos fiscales como una de las mayores debacles jurídicas de todos los tiempos, es algo difícil de entender. A García Castellón se le ha criticado con dureza en estos años por ir “demasiado de la mano de los fiscales Anticorrupción y sus policías”, y en el momento en el que ha tomado una decisión que no les ha gustado nada, el ataque al juez se parece más a una actitud de mal perder que a otra cosa. Todo ello tras comprobar fehacientemente que no se podía sustentar la responsabilidad penal del artículo 31 bis del Código en las actuaciones de las empresas y los directivos del Ibex acusados por la Fiscalía, en base a un auto que ha marcado un antes y un después en el desarrollo jurídico del ‘compliance’ empresarial y que está en el frontis de todos los asesores jurídicos empresariales.

De entrada, hay dos reflexiones inmediatas que surgen de esta nueva deriva del caso Villarejo: la primera, que por más empeño y defensa legítima que haga la Fiscalía Anticorrupción de su trabajo desde el inicio de la causa, todos estos años de instrucción y las actuaciones realizadas ante el juez no siempre permiten que los primeros indicios de criminalidad se mantengan tal cual hasta el final; de algo habrá servido tanto tiempo y tanto trabajo para esclarecer las cosas. Y en segundo lugar, da que pensar una reacción tan fuerte sobre cómo será la relación de los fiscales (Anticorrupción en este caso) con los jueces de garantías, cuando dentro de una década cambie el modelo y la Fiscalía tome las riendas de las investigaciones y marque las actuaciones de la instrucción.

A corto plazo, el juicio que ahora se inicia y que tiene que dilucidar el espionaje en un bufete de abogados, la contratación del comisario por los herederos de una urbanización de lujo en Madrid o un encargo concreto de dos empresarios, no es fácil que ofrezca grandes argumentos que trasladar a otras piezas de la causa, sobre todo a las que implican a grandes empresas. La justificación del cohecho activo como base de todos estos casos no es la misma en unas situaciones que en otras. En principio, debiera resultar más fácil demostrar que se contrataban los servicios de Cenyt a sabiendas de que Villarejo y su información privilegiada estaba dentro y en activo por parte de pequeñas entidades o trabajos muy concretos, que en grandes organizaciones con complicadas jerarquías directivas, por más que el daño reputacional que se hace con las acusaciones sea muy alto en todos los casos.

Es indiscutible que los principios de independencia e imparcialidad que deber guiar la actuación de todos los fiscales del Estado son sagrados y como tales deben respetarse tanto desde dentro, por parte de los grandes profesionales de la Fiscalía que tiene este país, como desde fuera, frente a los ataques que reciben de organizaciones más poderosas desde el ámbito privado y, a veces, incluso desde el público. Como también es fundamental que los empresarios que tiran del progreso de un país cuenten con la suficiente estabilidad jurídica y garantía de presunción de inocencia como para que su credibilidad no sea puesta en duda a la primera de cambio por acusaciones malintencionadas.

En ese ‘toma y daca’, saber perder (o al menos ceder) en algunas batallas de forma razonada y justificada, en buena lid, es tan importante o más que ganar, sobre todo cuando en muchas cuestiones jurídicas que afectan a tantas personas y sus derechos a veces se juega al límite de la legalidad. Lo de “primero embargamos y luego preguntamos” que parecen permitirse algunas instituciones, nunca ha sido parte de esa imparcialidad de las actuaciones de los fiscales y los jueces, cuya labor social en pro de la justicia y la convivencia está muy por encima y nunca debiera ponerse en duda por berrinches mal encajados.