Perdidos entre el paraíso fiscal madrileño y el 'infierno' político catalán

Entrar al trapo de la demagogia barata del independentista Gabriel Rufian o de la populista Isabel Díaz Ayuso puede ser una de las pérdidas de tiempo más absurdas del momento político que vivimos, si tenemos en cuenta que bajo todas esas soflamas no se esconde un problema de supuesta “armonización fiscal”, sino otro mucho más grave del que depende en gran medida la convivencia de todas las comunidades autónomas en el conjunto de España, que es su modelo de financiación autonómica y la redefinición de su estructura territorial. Claro que pedirles a ambos políticos que hinquen los codos, estudien y entren en una materia tan dura como esa, tal vez sea demasiado.

Mientras unos se dedican al circo mediático, lo que tenemos delante todos los españoles son tres años de Gobierno de Sánchez e Iglesias, sin una alternativa real de oposición desde la derecha moderada y con una mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos con demasiadas inseguridades como para ser verdad. ERC y Bildu, de la mano de Podemos, los ejes de la victoria en esta partida, han demostrado en demasiadas ocasiones que, igual que vienen, se van. Y no por ser consecuentes con sus postulados, sino por puro interés particular y único de lograr la independencia de sus territorios, aunque para ello haya que cambiar cromos que nada tienen que ver entre ellos. Han apoyado los Presupuestos de todos los españoles, pero su fin y su razón de ser está muy lejos de ser algo común a todos los españoles.

En el año que estuvo como ministra de Política Territorial y Función Pública del primero Gobierno sanchista, la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aseguraba que todo estaba preparado para redefinir los niveles mínimos comunes de bienestar que el Estado debería garantizar a todos los españoles con el dinero de los impuestos, y hasta donde podrían las comunidades autónomas manejar esa tributación en la parte que les corresponda, para orientar sus políticas a las características y la realidad concreta de cada territorio. Todo ello en términos de igualdad y bajo el principio básico de la solidaridad entre autonomías. Sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, apoyo a las familias, impulso a las empresas, política de vivienda… todo está pendiente de una revisión del modelo, que será la clave para definir una estructura de Estado, más o menos federal o autonómico.

El escollo de los Presupuestos se ha salvado y lo lógico sería que la tensión política se calmara lo suficiente como para hacer reformas sensatas de la financiación, pero la presión independentista, con las elecciones catalanas enfrente, y la exigencia de bilateralidad que se impone desde Cataluña y País Vasco, no son buenos augurios para avanzar en ese campo ahora. Hay expertos que aseguran que la fiscalidad como herramienta política esta sobrevalorada, porque lo que de verdad sustenta el desarrollo económico de un territorio es la estabilidad política y la seguridad jurídica. Ni siquiera las famosas ‘vacaciones fiscales’ vascas sirvieron para atraer a miles de empresas al modelo vasco. Habría que pensarse ahora si el “paraíso fiscal” madrileño sirve para atraer a grandes fortunas a la capital en detrimento de Cataluña, o es el infierno político catalán el que las ahuyenta.

De la misma manera, se reprocha al País Vasco su modelo de Concierto Económico y se mira con envidia su fuerte desarrollo industrial y tecnológico, pero se olvida que llevan cuatro décadas dependiendo de sus propios ingresos y gastos, con una presión fiscal más alta que la media española tanto para las empresas como para los particulares. Habría que recordar a algunos políticos autonómicos poco leídos, que la competencia fiscal entre comunidades autónomas está incluso avalada por la Constitución, o que el Estado es el único que quita o pone impuestos y otorga margen a los territorios para que los bonifiquen o los agraven, dependiendo de su realidad económica y social, sin provocar desigualdades ni dejar por ello de aportar al modelo común.

Una vez que se han podido cerrar las cuentas que nos dejó Cristóbal Montoro hace tres años, las fichas para avanzar están en el casillero de salida, pendientes de que la clase política sepa administrar la lluvia de millones de Bruselas de la que depende la salida del hoyo del coronavirus. Los empresarios están dispuestos a poner lo que se les pida para aprovechar el momento y generar un empleo que mueva el consumo y la economía. No hay grandes tensiones sindicales que amenacen el momento. Las únicas bombas de relojería las tenemos en el lado político: por un lado, en las ganas de molestar que tengan los socios de Gobierno ‘podemitas’ de Sánchez, ávidos de acaparar más poder a medida que lo van disfrutando; por otro lado, la realidad catalana, con unas elecciones dentro de algo mas de dos meses, de las que lo único claro es que ERC va a mandar mucho, a expensas de lo que caiga Ciudadanos y con la incógnita de la irrupción de Vox frente al PP. Sería tremendo que Vox fuera la fuerza constitucionalista más votada en Cataluña. 

Para salir de ese bucle a medio plazo y dado que los Presupuestos aportan tranquilidad y marcan el horizonte de la legislatura en la primavera de 2023, lo lógico sería que tanto el Gobierno como la derecha moderada de la oposición levantasen la vista y empezasen a relajar la bronca y llegar a algunos acuerdos que nos hagan pensar a los españoles ‘normales’ que no está perdido todo. Renovar el CGPJ puede ser un buen comienzo.