Lunes, 12.11.2018 - 19:44 h

Presentes y ausentes en el escándalo de las hipotecas del Supremo

Más de media España está pensando que los jueces del Tribunal Supremo les van a fallar ahora y van a echar para atrás la generalización del pago del impuesto por Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas, después de haberse hecho la ilusión de que habían ganado a los bancos y que iban a tener una paga extra adicional en Navidad. Y ni una cosa ni la otra. El Supremo, tras un affaire impresentable, debe marcar bien los límites y la justificación de una sentencia de tanta repercusión social hecha demasiado a ‘vuelapluma’, y los usuarios deben ser conscientes de que no todo vale detrás de una sentencia, por más publicidad que oigan de bufetes populistas y asociaciones de consumidores, que hacen su agosto con estos temas, pero que pueden provocar que el remedio sea peor que la enfermedad.

A nadie se le escapa que desde la banca hubo una gran movilización para mitigar las consecuencias de una decisión judicial que en apenas dos horas les había hecho perder miles de millones en bolsa, además de colocarles ante la opinión pública como culpables de algo que no había cometido, culpables por cumplir con lo que dice un reglamento. Con AJD o sin él, la gran mayoría de los españoles tenemos hipotecas y propiedades, normalmente, gracias al dinero de los bancos, y si caen ellos, caemos todos, algo que se olvida demasiado pronto a la hora de valorar el papel (justo o injusto) que juegan dentro del sistema. Y por más presión que hayan metido, es muy difícil, por no decir imposible, que el 'lobby' bancario español pueda frenar una sentencia así en apenas 24 horas.

Curiosamente, esta vez no son los bancos los culpables de todo, ha sido el mal funcionamiento de una institución como el Tribunal Supremo, cuyo responsable máximo debería dar algún tipo de explicación de por qué una sección de una de sus salas se ha lanzado a tumba abierta con una sentencia cuyo desarrollo, plazos, repercusión social y complejidad jurídica eran de sobra conocidos dentro del organismo, cuando menos. Los jueces podrán tomar ahora la decisión jurídica que estimen oportuno sobre el pago del tribuno y, sea la que sea, seguro que es la más justa y todo el mundo la va a acatar. Pero eso no obsta para que alguien haya hecho algo muy mal desde dentro, tanto que ha frustrado las expectativas abiertas a cientos de miles de personas, y deberían depurarse las responsabilidades oportunas, porque que lo mismo que todos somos iguales ante la ley (como les gusta decir y aplicar a los jueces), nadie esta libre de pagar cuando se equivoca o comete algún tipo de negligencia o mala praxis profesional, y mucho menos los jueces, como servidores públicos que son.

Dentro de lo malo, el presidente de la Sala Tercera ha hecho lo que tenía que hacer, parar el aluvión social hasta estar seguro de que la decisión judicial es la correcta, para evitar males mayores. Su error ha sido no enterarse antes de lo que hacen en su negociado y elevar el caso al Pleno a tiempo, y si hay que cambiar de forma tan radical la legislación, que se haga con todas las de la ley. Pero el daño en la reputación del Tribunal Supremo está hecho y ahora hay que ponerse a analizar técnicamente la cuestión, a sabiendas de que salga que paguen el impuesto los bancos, o salga que lo paguen los clientes, siempre va a haber grandes damnificados.

Este margen hasta que se convoque el Pleno de urgencia de la Sala Tercera de lo Contencioso -y 31 jueces revisen lo que 6 han planteado y es sentencia firme para el caso concreto analizado-, servirá a los bancos para pensar la estrategia que van a aplicar en sus cuentas para no dejarse en la gatera entre 4.000 y 9.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas. Serán más comisión de apertura en las hipotecas, o será un tipo de interés más alto, pero es evidente que las entidades no van a cargar ahora con un coste histórico sobrevenido, en plena subida del impuesto de sociedades y con la tasa sobre las transacciones financieras hurgando en la herida.

Junto al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, el otro gran ausente en está polémica está siendo el Gobierno, que en su alardeado respeto a las decisiones judiciales no ha querido en ningún momento salir a la luz, a pesar del tremendo revuelo que se ha montado entre los técnicos de los ministerios de Hacienda y Justicia. El tiempo que la Sala Tercera tarde en convocar a su Pleno también puede ser útil también para que el Ejecutivo se adelante a los acontecimientos y tenga lista cuanto antes la revisión del Reglamento anulado, de forma que se pueda aprobar la versión definitiva y aclarar las cosas a las empresas y los contribuyentes los antes posible. En caso de que se mantenga el postulado de la sentencia y sean los bancos quienes tengan que pagar el AJD, bien acotado en forma y tiempo, tanto el Ejecutivo central como los autonómicos tienen la ocasión de ponerse la medalla de ser los facilitadores de todo el maremagnum que se puede montar cuando cada cual tenga que reclamar el dinero a su comunidad autónoma, y ésta sea la que se lo reclame al banco. Pueden incluso aliarse con al banca para facilitar las cosas a los ciudadanos… aunque sea lo nunca visto.

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