¿Quién es más creíble, Villarejo o los empresarios que lo contrataron?

Vamos a entrar en una semana crucial para la reputación de las empresas y los líderes del Ibex 35 implicados en el caso Villarejo, con la Fiscalía Anticorrupción pidiendo imputaciones por doquier y el juez García Castellón tirando del tristemente famoso artículo 31 bis del Código Penal, que contempla la responsabilidad de las personas jurídicas en ese tipo de procesos. Da la impresión de que cuánto más datos, ‘forensic’, informes de auditoría o de compliance se entreguen al juez y a los fiscales desde los equipos jurídicos y directivos de grandes compañías, como BBVA, Iberdrola, Repsol o Caixa, más claros parecen tener el juez y los fiscales anticorrupción los supuestos indicios de criminalidad que se detectan en los millones de archivos obtenidos del domicilio de Villarejo o los dosieres de otros directivos enemigos de esas grandes firmas que no lograron en su día culminar sus ataques y pretenden cobrarse ahora su venganza fría y tardía.

Ahora sabemos que Luis del Rivero intentó hacerse con los mandos del BBVA en el año 2004, pero para cuando quiso darse cuenta y pese a contar con el apoyo explícito del Gobierno de Zapatero, el consejo del banco ya había cerrado filas para dejar en su sitio a Francisco González, que no dudo en ordenar que se contratara a alguien para investigar y evitar más sustos. Siete años más tarde, el mismo Del Rivero intentó hacerse con el control de Repsol en connivencia con la mexicana Pemex, pero la defensa y contraataque que diseñaron en la firma española desbarató sus planes. Aquellos socios mexicanos están hoy en busca y captura en su país, pero la contratación posterior que la empresa hizo de los servicios de Villarejo le ha costado muy caro diez años después, con su presidente y algunos directivos imputados en una macrocausa que parece el cuento de nunca acabar. De otro lado, al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán le persigue un informe presentado ante notario por un antiguo directivo, de la mano de un exjefe de seguridad que se sintió maltratado en su salida, que por lejos que le quede en la toma de decisiones, puede ser la base para que también se le cuelgue el cartel de investigado.

El afán de buscar la verdad y los principios de independencia e imparcialidad rigen de forma cuasi sagrada el trabajo de cualquier juez o fiscal, en una investigación judicial que analiza hechos, escudriña pruebas y saca sus conclusiones siempre con la presunción de inocencia de todo el mundo por delante, de todos por igual, aunque algunos hayan estado en prisión preventiva y otros sean respetados y poderosos empresarios. El derecho de defensa debe estar garantizado siempre, porque iguales somos todos ante la ley. Pero bajo esa premisa y ante la avalancha de imputaciones que afectan al Ibex 35 y a empresas de las que dependen decenas de miles de sueldos en este país, es lógico que surja la duda en la opinión pública sobre a quién deben creer más los jueces y fiscales, a empresarios como Fainé, Brufau, González o Galán, o a Villarejo y a quienes en su día no pudieron llegar a conquistar su cima porque les declararon ‘hostiles’.

Si nos vamos a la teoría jurídica, la respuesta es clara: deben creer a todos y a ninguno por igual. Pero en la práctica, los hechos y las pruebas son los que marcan la pauta de una investigación, bajo la garantía legal del artículo dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula sus reglas generales desde 1882: “Todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo”. Es decir, si del análisis de esas pruebas, ya sea la transcripción de unas escuchas ininteligibles de Villarejo donde se menciona a terceros de forma interesada o los datos de un forensic supuestamente independiente, se deriva que no ha habido una “apreciación de las circunstancias” ecuánime, se puede generar un fiasco a la hora de enjuiciar los hechos ante un tribunal, en caso de llegar al juicio oral. Y eso vale tanto para una petición fiscal como para un informe policial.

En casos como el que nos ocupa, con 30 piezas separadas abiertas por el momento, el tonelaje de pruebas, informes y documentos analizados es de dimensiones bíblicas, pero eso no justifica que se imputen supuestos delitos a personas y empresas para, al menos, no quedarse cortos en la investigación de los hechos, sin dejar claro en cada informe lo que perjudica y lo que beneficia al reo. Aunque es cierto que si seguimos las pautas de la Circular 1/2016 que la Fiscalía envió a sus huestes para que no se fiaran nunca del compliance de las grandes empresas, basta con sospechar que la cúpula directiva de una compañía pudo amparar o no supo controlar la realización de posibles actos delictivos de sus empleados para ponerles a todos bajo el paraguas de ‘investigados’ y hacerles pasar a dar explicaciones delante del juez.

Desde el lado judicial, se trata de que los programas de compliance que se alegan para eximir la responsabilidad jurídica de las empresas no sean “salvoconductos” para permitir posibles actos delictivos de las empresas, sobre todo si pertenecen al todopoderoso Ibex. Ni que los presidentes se libren de su responsabilidad por aquello de que no tienen quien les controle, porque sus decisiones están muy lejos de las que fundamentan los hechos investigados. Pero si sospechamos de todos, personas y empresas, y les imputamos por si acaso ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Merecen ese paseíllo ante los tribunales los grandes empresarios de este país, con la consiguiente pérdida de prestigio personal y reputación empresarial que conlleva? Lo siento, eso no lo tengo claro, me faltan pruebas. Pero si alguien supiera a quien hay que creer más en este país, seguro que resolver de una vez por todas y cerrar una buena parte del caso Villarejo sería más fácil de lo que parece.