¿Quién maneja los hilos sobre el fiscal de Villarejo... y Pablo Iglesias?

La abstención de un fiscal o un magistrado para entender de un tema en cuestión, por cualquiera de las razones que la ley establece para ello (y sólo por ellas) no es una opción, sino una obligación que pesa sobre su función y que está avalada por la necesidad de garantizar la transparencia absoluta en una instrucción o un procedimiento, aparte de liberarles de lo incómodo que tiene que ser investigar o juzgar, con la gravedad personal que supone la vía penal, sobre asuntos de gente cercana en los que no pueden garantizar una de las máximas de su trabajo: la imparcialidad.

Pero como todo en la vida, una cosa es lo que marcan los libros de Derecho y otra muy distinta la práctica habitual de su ejercicio, sobre todo cuando estamos inmersos en un fangal como el que supone el caso Villarejo, donde concurren la avaricia bíblica de un comisario conseguidor de favores en su esfera privada, hasta algunas de las más prestigiosas empresas y ejecutivos del Ibex 35, rodeados por las prácticas alegales de una policía patriótica avalada desde el Ejecutivo que nunca debió de existir, pero cuyos tejemanejes han convertido a las llamadas ‘cloacas del Estado’ en una oportunidad política para que algunos partidos tiren de su discurso mártir y lleguen incluso a gobernar en coalición. Curiosamente, todo ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en 25 piezas y líneas de investigación separadas y entrelazadas, un lío que ha hecho que algunos de los abogados más avezados de este país casi no sepan ya a quién se acusa y, mucho menos, de qué.

Definir en ese maremagnum las líneas rojas que el fiscal anticorrupción no puede sobrepasar no es una tarea fácil, sobre todo sí él mismo o los letrados personados en la causa más allegados rozan en todo momento la “amistad íntima o enemistad manifiesta” y, sobre todo, lo cuentan todo en redes sociales, presumen de sus manejos para conseguir favores y, lo que es peor, nadie sale a desmentirles categóricamente desde el Ministerio Fiscal. Las supuestas relaciones íntimas del fiscal del caso con la abogada de Podemos se conocieron a primeros de año, se abrió una inspección y se cerró sin más; ahora, entre Dolores Delgado y Alejandro Luzón han decidido abrir otra, a la vista de los nuevos datos, pero sin desmentir ni aclarar nadie nada. La conclusión que impera en la mayor parte de los juristas y la opinión pública ante tanta falta de transparencia es lógica: si el fiscal tuvo una relación íntima con la letrada de Podemos, debe apartarse del procedimiento ya y de motu propio; y si no fue así, que alguien demuestre de forma creíble que todo ha sido un montaje.

El Ministerio Fiscal es el gran valedor de los derechos de los ciudadanos, su última línea de defensa, y sobre su actuación en una macrocausa como la de Villarejo no puede permitirse ni una gota de sospecha, por más preparado que esté y profesional que sea Ignacio Stampa. No es nuestro cometido dudar de su competencia, pero si de verdad existió esa relación con una de las acusaciones en plena instrucción del caso, no hay que esperar siquiera a que se demuestre si se reveló información confidencial o si llegaron a acuerdos tácitos para que se abstenga. Algo que, por otra parte, suele ser práctica habitual de este tipo de fiscalías especiales, como la de Anticorrupción, que andan siempre en la cuerda floja de la legalidad procesal dada la complejidad y amplitud de los asuntos que tratan, o los intereses que se mueven.

El problema añadido de quienes tienen en sus manos resolver ahora el ‘affaire’ del fiscal es la cuestión de la vara de medir, que debe ser la misma para todos, la que tiene en sus manos el juez García-Castellón y que, con toda seguridad, aplicará ahora al caso de la asesora de Podemos y su teléfono escacharrado, que le está salpicando a la cara al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Cuando estaba en la oposición aprovechó la ocasión que le otorgaba la información obtenida en el registro del domicilio de Villarejo sobre el supuesto robo del móvil de su exasesora, Dina Bousselham, para enfangar el caso con las cloacas del PP y presentarse como perjudicado, más en busca de votos que de justicia: ahora la tortilla se le ha dado la vuelta y nadie sabe con certeza quién robo el teléfono o destrozó la tarjeta de memoria que, curiosamente, estaba en su poder.

Los juristas más preparados y cercanos a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ven varios delitos en la actuación de aquel Pablo Iglesias en la oposición -que ahora está sentado a la derecha del presidente- y sólo tienen una cuestión como cierta: Manuel García-Castellón, con o sin contar con el fiscal estrella acuciado por su relación con la abogada del vicepresidente, no va a perdonar nada, llegará hasta el final caiga quien caiga, y el líder de Podemos tiene todas las papeletas para llevarse el revés judicial de vuelta. 

La clave va a estar en los próximos días, en los datos que se vayan filtrando y publicando sobre los mensajes de unos y otros, tanto sobre el fiscal como sobre el caso de Dina y el partido morado, todos ellos de escasa validez jurídica pero alto impacto mediático. Pero con un detalle importante: el juez estará muy atento, porque de la misma manera que se pueden llevar por delante a su defensor público, pueden colocar a Iglesias ante el Supremo. Como siempre, el poder lo tiene el que maneja los hilos… y no creo que esta vez sea Villarejo desde la cárcel.