Rajoy, el registrador 37 del escalafón, y la pelea por los datos del blanqueo

El Colegio de Registradores ha puesto en marcha un nuevo registro con datos sobre la titularidad real de las sociedades, con el objetivo de que sirvan para la lucha contra el blanqueo  de capitales y la financiación del terrorismo y el narcotráfico, un esfuerzo loable, si no fuera porque choca frontalmente con la base de datos similar que desde el año 2012 tienen en marcha desde el Consejo General del Notariado, y que ha sido avalada tanto por las instituciones españolas implicadas en esa lucha como a nivel internacional.

Apenas tres meses antes de dejar su cargo, el ahora también registrador Mariano Rajoy, avalaba una orden lanzada desde el Ministerio de Justicia, entonces en manos de Rafael Catalá, en la que abría a ‘sus colegas’ la opción de ser ellos quienes pusieran en marcha el registro único con este tipo de datos, tal y como exige una directiva comunitaria aun pendiente de trasponer a la legislación española. Pero lejos de solventar una carencia, lo que se ha generado es un problema que enfrenta a dos colectivos profesionales que se pueden considerar básicos para el tráfico económico y jurídico del país. Un conflicto en el que el expresidente del Gobierno entra ahora de lleno como miembro del Colegio de Registradores, aunque cuando avaló la orden ministerial no imaginaba una situación así.

Rajoy ha irrumpido por todo lo alto en su ‘rentrée’ en la profesión de registrador, con una plaza en el Registro Mercantil número cinco de Madrid, uno de los más jugosos en cuanto a ingresos económicos de todo el territorio nacional. La capital concentra una gran parte de la actividad económica y empresarial del país, y contar con un distrito adjudicado sin competencia, para certificar, comprobar y registrar todo tipo de asientos y actos jurídicos que se vayan generado, por más que sea a precios públicos y tasados, eleva la facturación. Se estima que el presidente, al igual que los más de viente compañeros registradores de lo mercantil con que trabaja en Madrid, puede llegar a ingresar cerca de un millón de euros al año, después de pagar los gastos y a su equipo de técnicos y asesores. Aunque se trate de satisfacer un servicio público y se haga en cuasi monopolio, desde el Colegio advierten que es imposible saber cuánto gana un registrador, porque cada caso es distinto, y “sus ingresos son su cuenta corriente personal, y eso no se puede saber así como así”, señalan ante una pregunta directa al respecto.

Es normal que con esas expectativas dentro de su primer oficio, Rajoy rechazase la pensión vitalicia o el premio de un puesto en el Consejo de Estado. Y todo gracias a la antigüedad acumulada con 28 años de excedencia, que le ha permitido estar en el puesto 37 del escalafón de los más de 2.000 registradores que hay en España y poder elegir el destino más conveniente. Fuentes de su entorno más cercano aseguran que, tras la debacle de perder el Gobierno en una moción de censura y todo lo que el partido ha sufrido después, el expresidente está ahora, ante todo, feliz con su nueva vida.

El nuevo registro de titularidad real puesto en marcha por los registradores se centra en los depósitos de cuentas que cada año deben hacer los más de tres millones de empresas españolas, pero a mes de junio de este año, apenas 950.000 de ellos tenían una ficha abierta para hacerlo, con el agravante de que será muy difícil obligar a los administrados a dar o revisar sus datos cada año, dado que no hay medidas coercitivas que les obliguen, más allá del consabido delito de falsedad documental o las limitaciones a la hora de contratar con la Administración. Del lado de los notarios, desde hace seis años acumulan más de 2,2 millones de referencias y datos, que actualizan cada día con su labor fedataria de forma automática, y que por el momento sigue siendo la fórmula utilizada y reconocida en España. Los notarios también cubren un servicio público, pero su actividad está más expuesta a la competencia que en el coto cerrado de los registradores.

La patata caliente está ahora en manos de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, que debe establecer cuál es el sistema que se va a utilizar en España para tener actualizados los datos en la lucha contra el blanqueo, y coordinados a nivel europeo para lo que haga falta. De paso, se puede resolver así el conflicto jurídico que entre ambos colectivos se ha generado y que provoca de nuevo una imagen de nuestro país nada aconsejable. Tras el affaire del Supremo (y lo que le queda), sería muy lamentable que dos de las profesiones de mayor reconocimiento social y mejor pagadas de este país se enzarzaran en demandas judiciales y descalificaciones mutuas y dejaran ver que, al final, la pelea por controlar un registro o una base de datos, es solo por una cuestión de sacar la mayor parte del pastel, más que de dar a la sociedad el mejor servicio público posible.