Renovar el CGPJ entre políticos... ¿Para sacar al Supremo de las catacumbas?

Hay dos cosas que sorprenden cuando abordas algún libro de texto en los estudios de Derecho a la hora de analizar el sistema judicial y la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera, del lado positivo, es el carácter innovador que tuvo la Constitución en 1978 al incluir esta figura como órgano de control de los jueces y magistrados, que ha hecho incluso que se alabe el modelo y se exporte al exterior, sobre todo a Latinoamérica. Y la segunda, del lado más oscuro, es que hasta en estos libros académicos se reconocen los tremendos problemas de legitimación e independencia que siempre ha tenido ese organismo a la hora de enfrentarse a la elección de sus 20 miembros, más el presidente.

Es más, no es tranquilizador reconocer que ya en el año 1980 fue prácticamente imposible cumplir con garantías con la opción que daba su primera Ley Orgánica, para que fueran los propios jueces y magistrados quienes, entre ellos, eligieran a doce de los miembros del CGPJ. Ese mal funcionamiento fue lo que abocó la nueva norma de 1985, que introdujo el sistema de elección de sus miembros en una senda de politización total, toda vez que daba al Congreso y al Senado la potestad de elegir mitad a mitad a los miembros del órgano judicial. Tanto se ha acrecentado esa percepción de que se trata de un consejo politizado (después de varias reformas más), que han surgido con fuerza en la carrera judicial voces que echan de menos el modelo de 1980, aquel en el que entre ellos no se lograron poner de acuerdo.

Una vez asumido que el sistema es el que es, y depende más de una negociación entre partidos políticos que de una elección entre jueces, nos encontramos ahora en la antesala de un nuevo proceso de renovación del CGPJ, en plena crisis reputacional del colectivo judicial y del Tribunal Supremo (cuyo presidente lo es también del Consejo) tras el varapalo político que le ha dado el Gobierno a la sentencia de las hipotecas. Y la tranquilidad que se nos da a los ciudadanos es que para garantizar la mayoría de tres quintos que debe tener a elección de los 20 miembros del nuevo Consejo, a partes iguales en cada cámara parlamentaria, lo más eficaz es que se pacte todo entre PP y PSOE, que son las dos únicas fuerzas parlamentarias capaces de garantizar esas mayorías.

Es decir, que entre el exministro Rafael Catalá, pendiente de pasarse oficialmente al sector privado del derecho de los negocios (sin dejar su escaño), y la ministra Dolores Delgado, reponiéndose todavía de las escuchas de Villarejo y con miedo a la ‘traca final’ que le puede caer, van a decidir los nombres del órgano que tiene que controlar a los jueces y sus decisiones, para que no vayan en contra de los intereses de toda la sociedad, si es posible. 

La gran novedad que la ministra ha pretendido introducir en el proceso de selección ha sido dotar de transparencia en todos los pasos que se den sobre el proceso, con un listado de 50 jueces que cumplen los requisitos previos que hay sobre la mesa, del que se deben elegir doce (seis y seis), que se suman a los ocho juristas (no solo jueces) de reconocido prestigio con más de 15 años de trayectoria, también repartidos a partes iguales entre Congreso y Senado (y entre el PSOE y el PP). El problema es que la transparencia prometida se ha convertido en sendas filtraciones de que los socialistas quieren meter en el pleno del CGPJ al juez que sentenció el caso Gurtel (gracias a lo que hoy gobiernan), mientras que desde las filas del PP la idea es que esté el juez conservador que ha sido encargado de armar todo el frente judicial contra el independentismo catalán.

Para poner colofón a este equilibrio inestable, la reciente sentencia de las hipotecas del Tribunal Supremo ha lanzado una ola de populismo jurídico que arrastra la reputación de los jueces a las catacumbas y, lo que es peor, pone en peligro la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El acatamiento de las sentencias judiciales es uno de los pilares que sustenta la convivencia de cualquier país en el que funcione el estado de derecho, pero enfrentar el poder judicial con el ejecutivo cuando las cosas no nos parecen políticamente correctas (o por un puñado de votos), no es nada sano. Y en este caso no se puede criticar solo al oportunismo político y librar al Supremo de la culpa de su propio derrumbe reputacional. 

La ministra de Defensa y eterna candidata a la cartera de Justicia (e Interior si hace falta), Margarita Robles, decía este fin de semana que la renovación del CGPJ debería servir para recuperar la reputación perdida del Supremo. Ella es política y magistrada, además especializada en lo contencioso-administrativo. Hay poca gente más cualificada para dar ese consejo a su colega en Justicia, Dolores Delgado. Claro que otra cosa es saber cómo se puede hacer algo así en este momento.