¿Galgos o podencos? Salvemos al 'baby boom' de las garras de Escrivá

La reforma pendiente de las pensiones ha caído en la eterna disquisición de si los que nos persiguen son ‘galgos o podencos’, con el riesgo implícito de que lo irremediable llegue por la fuerza antes de tiempo y nos coman, igual que a los dos conejos de la fábula de Iriarte. Todo apunta a que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prepara una reforma ‘unilateral’, a la vista de que el diálogo con la patronal y los sindicatos se ha roto sin remedio. Dicen las malas lenguas que Garamendi no lo quiere ver ni a diez metros de distancia por su intención de elevar las cotizaciones empresariales, aunque sea repartido en más de una década, de la misma manera que los sindicatos no pasan por la recuperación de algo que se parezca al factor de sostenibilidad con el que se querían recortar en la anterior propuesta de reforma.

El problema ahora es que el tiempo se acaba. Cuando termine la legislatura, en 2023, empieza a jubilarse la generación del ‘baby boon’, los 14 millones de personas que nacieron entre 1958 y 1975, dos millones y medio más que en los veinte años anteriores y cuatro millones y medio por encima de los veinte posteriores. Gente con una larga trayectoria laboral -muchos con más de 40 años cotizados cuando terminen su vida profesional-, que dentro de un año y medio deben empezar a recoger el fruto de tanto esfuerzo con un sistema de reparto que no les penalice más de lo debido, por una pura cuestión de justicia social. Lo grotesco es que además del franquismo, la transición a la democracia y más de cuatro crisis duras en las que el paro era un muro insalvable, les va a tocar ahora ser los primeros a los que se les reduce la pensión y eleva la edad de jubilación de manera irremediable. Después de todo ese periplo vital, si los ‘babyboomers’ tienen que asumirlo así porque es bueno para todos, seguro que demuestran la suficiente amplitud de miras y generosidad como para hacerlo, pero lo que no puede ocurrir es que eso pase porque un ministro no se habla con los agentes sociales.

Sin entrar en la disquisición científica de si es mejor optar por un cambio radical del actual modelo de reparto, la mayor parte de los expertos coinciden en que se puede salvar la situación a medio plazo con modificaciones puntuales, retocando las fuentes de ingreso, el abuso de las jubilaciones anticipadas o los costes y prestaciones que la Seguridad Social afronta pero que deberían estar auxiliadas por los Presupuesto del Estado. Es decir, que dinero hay y el sistema es generoso, pero se debe repartir mejor, al menos hasta que se encuentre un sistema de cuentas nocionales, mochilas austriacas u otras opciones que se consideren más justas y equitativas. 

Eso nos sitúa en un escenario donde lo que más apremia es el tiempo, dado que a partir de apenas año y medio llega el ‘mogollón’ de las jubilaciones, que se prolongará durante diecisiete ejercicios, en los que la vieja proporción de dos trabajadores en activo para sufragar la pensión de cada jubilado se va a quedar en apenas uno y medio. O lo que es lo mismo, que los actuales 10.000 millones al mes que se pagan en pensiones (un punto de PIB al año), con la esperanza de vida al alza, pueden duplicarse en menos tiempo de lo esperado y asfixiar al sistema, mientras decidimos si lo que vienen son galgos o podencos. 

Lo más grave de todo esto es que en el Pacto de Toledo se incluyeron una batería de propuestas lo suficientemente imaginativas como para ser tenidas en cuenta a la hora de enviar una propuesta la UE, más allá de la cuenta fácil de que a más años de cálculo y más edad en activo, menos pensión y más dinero para repartir. Eso es solo sumar y dividir. Por ejemplo, si hay que ampliar a 35 años la base de cálculo, con la consiguiente rebaja media de las prestaciones, un buen detalle con la generación más castigada de la democracia que ahora empieza a jubilarse tras largos años de cotización, sería dejarles elegir cuáles deben ser los 35 años para hacer el cálculo y asegurarse la mejor prestación posible. Es más, sería una gran liberación para aguantar los últimos años prolongados de trabajo hasta los 67 o más, sin la preocupación de perder al final el nivel de lo cotizado, y dejar paso a los jóvenes a empleos mejor pagados.

No se trata de pedir nada que el Gobierno no ofrezca: diálogo, transparencia, creatividad, eficacia, talento, trabajo en equipo y respeto… para salvar a los ‘babyboomers’ de las garras de Escrivá.